El domingo 11 de febrero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acudió a la capilla ardiente del guardia civil David Pérez (nacido en Sariguren, 43 años, dos hijos de 9 y 6 años, miembro de los GAR), instalada en la Comandancia de Pamplona. El guardia murió arrollado por una narcolancha en la noche del viernes en el puerto de Barbate. Los narcos derribaron la zódiac con su potente embarcación y, tras caer los agentes al agua, pasaron sobre ellos. De los seis que iban en la banca neumática, dos agentes murieron y otro tiene seccionado un brazo: las hélices de la narcolancha actuaron como cuchillas.

Grande Marlaska quiso colocar sobre el féretro del guardia una condecoración, pero su viuda se negó. No sólo una, sino cuatro veces. "Él no lo hubiera querido", se la escuchó decir entre sollozos. Su dolor, su enfado, era compartido por la mayoría de los civiles y agentes uniformados que se encontraban en el acto. Muchos aplaudieron, incluidos algunos guardias.

Una vez concluido el acto, el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, se acercó a una agente, que había aplaudido el gesto de la viuda de David Pérez, y la recriminó a gritos públicamente. La bochornosa bronca fue presenciada por algunos testigos que no daban crédito a lo que estaban viendo.

Marlaska ha propiciado un cierto clima de terror tanto en la Policía como en la Guardia Civil. Criticarle o solidarizarse con los que le critican puede suponer una represalia, un toque de atención, una sanción o algo peor.

En la encuesta del CIS del mes de enero (última que incluye valoración de ministros), el titular de Interior aparece como el farolillo rojo del Gobierno (con una media de 4,13). El dato es sorprendente. Normalmente, los ministros del Interior suelen ser bien valorados, ya que de ellos dependen dos de las instituciones con mejor imagen entre los ciudadanos: la Guardia Civil y la Policía. No obstante, Marlaska ha superado el récord de permanencia en el cargo, habiendo superado crisis tan graves como la que se produjo tras la muerte de, al menos, 37 personas en la valla de Melilla.

Parece gozar de una especial protección por parte del presidente. Cuando las asociaciones de guardias civiles y algunos partidos pidieron la dimisión del ministro tras conocerse los detalles del crimen de Barbate, los ministros salieron en tromba a apoyarle. Al preguntarle un periodista por su posible salida de Interior al propio Marlaska, éste fue rotundo: "No pienso dimitir".

La muerte de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate es, por supuesto, culpa de los narcos que les arrollaron vilmente entre los aplausos de algunos vecinos. Pero la secuencia de los hechos apunta a una responsabilidad directa del máximo responsable de Interior.

El subdelegado del Gobierno pidió a la Comandancia de Cádiz que actuara para ahuyentar a las narcolanchas de Barbate

El primer gran error de Marlaska fue el desmantelamiento del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (conocido como OCON-Sur). Esta unidad de élite, creada en 2018, logró importantes éxitos en la lucha contra los traficantes de droga que operan en la zona del Campo de Gibraltar. El apartamiento de su jefe, el coronel David Oliva, por una investigación que aún sigue abierta, llevó a que los 150 agentes que componían el OCON-Sur fueran redistribuidos en sus antiguas comandancias. El hecho, como ha confirmado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no fue comunicado a la Fiscalía por parte del Ministerio del Interior. Y eso es grave.

Los guardias civiles de las comandancias de Cádiz tienen que enfrentarse a una auténtica mafia, con capos tan poderosos como Abdellah El Haj Sadek El Membri, más conocido como 'El Messi del hachís' o el clan de Los Castañas, que utilizan medios sofisticados para traer la droga desde Marruecos a las costas españolas. Además de narcolanchas, usan drones de gran tamaño, radares e incluso submarinos indetectables, como ha contado Irene Dorta en El Independiente.

Durante mucho tiempo, sobre todo a raíz de la desaparición de OCON-Sur, los guardias han denunciado internamente e incluso públicamente la falta de medios, su inferioridad técnica y material para enfrentarse a los clanes de la droga. El trágico suceso del pasado viernes es la prueba más palpable de ello. Cinco días después, todavía cinco embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil siguen sin poder ser utilizadas por avería.

La pregunta a la que todavía no ha respondido Interior es por qué y quién decidió que los seis guardias civiles salieran en en una pequeña zódiac a enfrentarse a una narcolancha de mayor tamaño y mucho más potente.

Según diversas fuentes consultadas, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, avisado de que en el puerto de la localidad había cuatro narcolanchas a resguardo por el mal tiempo, habló con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, y le puso al corriente de la situación. Este, a su vez, habló con el jefe de la Comandancia de Cádiz (de la que depende Barbate), el coronel Luis Martín Velasco, que, según las mismas fuentes, fue el que dio la orden a los agentes para que subieran a la zódiac e intentaran disuadir a los narcos.

En una situación normal, seguramente Velasco hubiera disuadido al subdelegado del Gobierno de iniciar cualquier acción contra las narcolanchas, dado que él conocía que las embarcaciones mejor preparadas estaban averiadas. Pero decidió actuar.

Las consecuencias son las que ya se conocen. El estilo Marlaska implica que ningún mando de la Guardia Civil puede poner peros a una autoridad política. Las destituciones de dos coroneles como Sánchez Corbí y Pérez de los Cobos han resultado ejemplificadoras.

Los hechos del pasado viernes están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número uno de Barbate. Hay seis detenidos como presuntos autores de la muerte de los guardias civiles. Esperemos que la investigación aborde todos los extremos de lo que ocurrió en la noche del 9 de febrero.