Será la imagen que abra informativos, ilustre portadas y escenifique como ninguna otra el amalgama de fiesta y política que cada 6 de julio, desde los últimos años, acompaña al chupinazo más popular del mundo.  Y en estos ‘Sanfermines 2017’ volverá a suceder. Y si a los precedentes nos atenemos quizá con mayor intensidad que nunca. Pamplona llega al inicio de sus fiestas con el clima social más encendido de los últimos años y con una fractura política entre nacionalistas y no nacionalistas en situación de máximos. Dos son las preguntas que a partir de mañana quedarán resueltas cuando el grito “¡¡Pamploneses… pamplonesas…!!” anteceda al ‘poom’ del chupín: ¿Ondeará la ikurriña? ¿Convertirá la izquierda abertzale la fiesta en un escaparate de apoyo a los ocho acusados por delito de terrorismo de Alsasua?

Sin duda la ‘guerra de banderas’, que en los últimos meses, tras la derogación de la Ley de Símbolos dividió en dos a la sociedad Navarra -entre partidarios de exhibir la ikurriña como un emblema más de la “sensibilidad” navarra y quienes consideran que su empleo es una “imposición” abertzale– estará mañana muy presente. No será el único elemento de tensión. La petición de un total de 378 años de prisión por delitos de terrorismo contra los ocho imputados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua el pasado 15 de octubre será el segundo gran polvorín que elevará la temperatura en estas fiestas. Y la primera gran chispa que amenaza con avivar los ánimos la ha encendido esta mañana el propio alcalde de Pamplona, Joseba Asirón al asegurar que tras conocer la petición de la Fiscalía a él, como alcalde. espera que “nadie me pida respeto institucional, ni contención, ni acatamiento, no voy a tener pelos en la lengua”.

El alcalde de Pamplona asegura que la agresión de Alsasua fue “una pelea de borrachos” con un balance “de un tobillo roto”

El primer edil, que mañana al mediodía estará presente en la balconada del Ayuntamiento de Pamplona ante miles de personas, ha calificado esta mañana de “salvaje” la petición de cárcel por lo que ha definido como “una pelea de borrachos”: “Más allá de los hechos, que a nadie nos gustan, todos sabemos lo que es una pelea a las cinco de la mañana en un bar, en la situación en la que están unos y otros”. Y ha añadido, en declaraciones a la radio pública vasca, que se trata de una agresión “con un balance de un tobillo roto”. En su opinión, la instrucción judicial que llega a una petición de esa envergadura “por una pelea en ferias” se desacredita “por si sola”.

EH Bildu ve un “ánimo vengativo”

De igual manera, desde su coalición, EH Bildu, también hoy se ha criticado con dureza la petición de la Fiscalía por una “trifulca de bar”. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz ha asegurado que es una “aberración y una barbaridad jurídica” cuyo único soporte legal, ha apuntado, no es otro más que “el ánimo vengativo”.

Precisamente esta mañana EH Bildu, junto con los otros tres partidos que apoyan al Gobierno de Uxue Barkos, han presentado una petición de declaración institucional en la Cámara foral para condenar la petición fiscal y reclamar que el caso sea juzgado en la Audiencia Provincial de Navarra, donde la instrucción inicial no consideró que se pudiera imputar un delito de terrorismo a los ocho acusados. Esta mañana el Ejecutivo Navarro ha vuelto a considerar “desproporcionado” que se acuse de un delito de terrorismo a los jóvenes acusados, tres de los cuales continúan en prisión.

El Gobierno de Navarra reclama que la causa retorne a la Audiencia Provincial, que no la encuadró como delito de terrorismo

En sentido similar se ha manifestado el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu, quien a través de su secretario de Memoria y Derechos Humanos, Jonan Fernández, ha reclamado “proporcionalidad” en este caso “por el bien de todos”.

Esta tarde los familiares de los acusados darán una rueda de prensa en Alsasua para detallar su opinión en torno a la petición de la Fiscalía. Una posición crítica que ya han avanzado algunos padres y que darán a conocer sólo una hora antes de que el Ayuntamiento de Alsasua celebre un pleno extraordinario en el que se leerá una declaración institucional de apoyo a los jóvenes y en contra del proceso judicial que se está llevando a cabo por los sucesos ocurridos el pasado 15 de octubre de 2016 en un bar del municipio.

La Fiscalía ve el “odio imbuido’ por ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional hizo pública ayer su petición de un total de 378 años de cárcel para los ocho agresores de dos guardias civiles y sus parejas. El ministerio público tipifica los hechos como cuatro delitos de lesiones y dos de amenazas terroristas y encuadra esta agresión en la campaña que ETA, a pesar de su abandono de la lucha armada, mantiene en el País Vasco para expulsar a las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía contextualiza los hechos en el “odio” que ha sembrado ETA y que aspira a la “exclusión social” de la Guardia Civil

El fiscal relata en su escrito de acusación que la trayectoria del entorno de ETA durante décadas “ha imbuido” en un sector de la población alimentando un sentimiento “de odio” hacia la Guardia Civil. Por ello, inició una campaña hace unos 15 años, Alde Hemendik’ (Fuera de aquí) que tiene por objeto influir de “forma negativa en la calidad de vida” de los agentes de la Benemérita “así como de sus familiares y amigos” como paso “previo a su exclusión social”. El acto de rechazo más reciente, con una jornada de eventos dedicados a cuestionar la presencia de la Guardia Civil, se celebró hace tres semanas en la localidad guipuzcoana de Oñati.

Añade que actuaciones como las llevadas a cabo en Alsasua buscan “crear un clima de miedo y de rechazo entre los ciudadanos instándoles a no establecer” vínculos afectivos, de amistad o de cortesía con miembros de la Guardia Civil “para aislarlos socialmente”. El fiscal sostiene que a los ciudadanos que no siguen estos preceptos “se les convierte automáticamente en afín del cuerpo” y, por tanto, en cualquier “momento tanto su persona como sus bienes o incluso sus vinculaciones directas” pasan a convertirse en “objetivo” de este movimiento.