El PSOE andaluz mantiene su pulso soterrado a Pedro Sánchez y no desaprovecha ocasión para hacérselo saber. El pasado martes, cuatro diputados socialistas afines a Susana Díaz rompieron la disciplina de voto, como ocurrió hace un año con los 15 parlamentarios ‘sanchistas’ que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy.

Se trata de los andaluces Gregorio Cámara, Antonio Pradas y José Juan Díaz Trillo, que atribuyeron a “un error” su desobediencia, ya que la reunión del grupo socialista de la mañana había acordado votar a favor o abstención. La cuarta díscola, la ex portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez, explicó sollozando que su indisciplina fue deliberada porque no podía debilitar “el polo de los demócratas” en “un momento tan grave”.

Fuentes cercanas a los diputados díscolos mantienen que se trató de un error, pero también de una “pequeña advertencia” del PSOE andaluz a Pedro Sánchez por el cambio de sentido del voto que decretó a última hora. “El voto lo decide el grupo parlamentario”, insistieron los parlamentarios, que estuvieron a punto de secundar una rebelión mayor liderada desde Sevilla y que fue sofocada por el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

De hecho, los cuatro díscolos mantuvieron poco antes de la votación una reunión con diputados críticos con Sánchez en el patio del Congreso. Entre ellos estaba Antonio Hernando, José María Barreda, José Miguel Camacho, Pablo Bellido, Ciprià Ciscar, Artemi Rallo, Ignacio Urquizo, Óscar Galeano y Ricardo Cortés.

Para hacer explícita su discrepancia con la decisión de Sánchez, el PSOE-A tiene previsto votar a favor de la misma moción de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. Su argumento es que debe contentar al partido de Albert Rivera, que aprobó la investidura de Susana Díaz, le aprueba los Presupuestos y le sustenta en la Cámara andaluza.

Por su parte, Ferraz no piensa tomar ninguna medida al respecto, como tampoco lo ha hecho con el PSOE de Baleares, a pesar de que su secretaria general y presidenta autonómica, Francina Armengol, se ha salido del guión oficial para acusar al Gobierno de cruzar “líneas rojas” con las medidas emprendidas para evitar el referéndum catalán.

“Con la detención de servidores públicos se ha cruzado una línea roja que conduce a una mayor ruptura social en Cataluña que debería haberse evitado”, ha asegurado Armengol, que criticó “la incapacidad del Gobierno de España de plantear un proyecto político en Cataluña, lo que había que hacer es trabajar para hacer eso posible y evitar la crispación y la ruptura social que se está produciendo”.

Su reacción se sitúa en el polo opuesto de la de Susana Díaz, que tras las detenciones en Cataluña mostró su apoyo rotundo al Congreso. “El Estado de Derecho tiene además la obligación de restablecer la ley y hacerlo desde el respeto escrupuloso a los órganos judiciales y a los poderes del Estado. No olvidemos que el Estado somos todos”, aseguró.

El secretario general del PSOE llamó el miércoles a todos los presidentes autonómicos y secretarios generales del PSOE tras su reunión en Moncloa con Mariano Rajoy. También habló con Susana Díaz, a pesar de su negativa a sentarse con Sánchez a dialogar sobre el modelo territorial español, como harán el resto de líderes andaluces y nacionales de los grandes partidos.