La magistrada que investiga la posible comisión de un delito de sedición por las algaradas a las puertas de la Consejería de Economía y Haienda en vísperas del 1-O ha pedido a la Guardia Civil que identifique todas las llamadas que hubieran realizado los presidentes de ANC (Jordi Sànchez) y Òmnium Cultural (Jordi Cuixart); el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre.

La juez Carmen Lamela quiere rastrear el tráfico de llamadas y mensajes de texto -entrantes y salientes- que tuvieron los cuatro investigados en las fechas en las que se ultimó la preparación del referéndum ilegal de autodeterminación e inmediatamente después. Con la diligencia ordenada este viernes, la instructora podrá confirmar -entre otros extremos- si los líderes de las asociaciones soberanistas que convocaron la concentración multitudinaria a las puertas del departamento que dirige Oriol mientras la Guardia Civil practicaba registros y detenciones tenían hilo directo con el máximo responsable operativo de la Policía de la Generalitat.

En el atestado elaborado por la Guardia Civil, el teniente jefe del dispositivo revela una conversación mantenida en el lugar de los hechos con Jordi Sánchez en la que éste le comunicó que iba a llamar a Trapero «para comunicarle la situación». «Me pide que me identifique y que si quiero hablar con el sr. Trapero por teléfono, que lo tiene en el mismo”, detalla. La respuesta del oficial del Instituto Armado fue expeditiva: «Le dije que, si quería hablar con alguien, que lo haga con el sr. general jefe de la zona de Cataluña».

El líder de la ANC alardeó de tener hilo directo con Trapero mientras la multitud impedía a la Guardia Civil salir de la Consejería de Economía

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional ha tomado otra decisión respecto al mayor de los Mossos. Atendiendo a la petición de la Fiscalía, la magistrada Lamela ha comunicado oficialmente a la Consejería de Interior de la Generalitat que le ha retirado el pasaporte a Trapero, al que también le prohíbe abandonar el país y le obliga a comparecer en el juzgado cada dos semanas después de tomarle declaración como investigado el pasado lunes.

El Ejecutivo de Carles Puigdemont ha descartado suspender cautelarmente de sus funciones al máximo responsable operativo de la Policía Autonómica, como ven necesario muchos agentes para que no repercuta en la imagen del Cuerpo. «Tiene la confianza del Govern y de la mayoría de la sociedad catalana”, zanjó el pasado martes el consejero de Interior, Joaquim Forn, en declaraciones a RAC1.

En paralelo, la juez ha pedido información a diversas entidades financieras sobre los movimientos bancarios de las cuentas de la ANC y Òmnium Cultural, como le ha habían solicitado los investigadores de la Guardia Civil. En concreto, la instructora quiere conocer todos los datos relativos a cuentas bancarias, préstamos o créditos, tarjetas, cheques y transferencias relacionadas con ambas entidades, así como la identificación de los titulares y autorizados en esas operaciones bancarias.

La instructora reclama a bancos los movimientos bancarios de ANC y Òmnium, como le había pedido la Guardia Civil

La juez Lamela ordenó en la tarde del pasado lunes prisión incondicional sin fianza para Sànchez y Cuixart, a los que otorga un papel esencial no sólo en las protestas de los días 20 y 21 sino también en la hoja de ruta independentista diseñada por la Generalitat de Cataluña.

«Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos objeto del presente procedimiento, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre, alzándose además como los principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento», razonó la magistrada.

Defensa de la policía catalana

En la segunda declaración que prestó como investigado ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que este viernes publica el diario ABCTrapero aseguró que los informes de la Guardia Civil sobre la pasividad de la policía catalana era «en gran parte parciales y en gran parte falsos» y defendió el papel de la policía catalana el 1-O.

A preguntas de la Fiscalía sobre si destinar a dos mossos por colegio electoral era suficiente en caso de que se produjeran aglomeraciones, Trapero afirmó que el despliegue de agentes se hizo «tensionando al máximo los cuerpos policiales», ya que «no había capacidad de tener más».

«Con los cambios de turnos, hicimos lo máximo para tener al máximo de gente, el máximo en la historia del cuerpo», añadió Trapero, que dijo desconocer si en la jornada del 1-O había mossos que estaban de permiso o de vacaciones.

Los Mossos d’Esquadra movilizaron el 1-O a 7.850 agentes de los 16.783 que integran la plantilla del cuerpo y pidieron el apoyo a las policías locales, que aportaron cerca de 500 efectivos al dispositivo, según datos de la policía catalana.

El mayor de los Mossos d’Esquadra mantuvo además en su declaración que los vídeos sobre la actuación de la policía catalana el 1-O que incluyó la Guardia Civil en los atestados enviados a la juez Lamela «son muy parciales» y ocultan momentos en que la policía catalana actúa contra la votación.

Según Trapero, la División de Asuntos Internos del cuerpo dispone de toda la información de lo que los Mossos d’Esquadra hicieron aquel día, entre ellos situaciones en que los agentes cierran colegios electorales o identifican a responsables de las mesas de los locales de votación.

«La Guardia Civil nos hace un juicio de que incumplimos», se quejó Trapero ante la juez, tras lo que mostró su sorpresa por el hecho de que el atestado del instituto armado se llevó a cabo entre los días 5 y 6 de octubre, cuando los Mossos no dieron cuenta de su actuación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ni públicamente, hasta el día 10 de octubre.

Según un informe que la policía catalana entregó al TSJC tras el referéndum, los Mossos d’Esquadra impidieron el 1-O la votación en 446 centros de votación -de los más de 2.000 que se habían establecido-, y requisaron más de 400 urnas en 141 colegios electorales.