El presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha dirigido a los medios este martes desde Bruselas, donde se ha presentado como "presidente del gobierno legítimo de Cataluña". Ha asegurado que su viaje y el de cinco consejeros a Bélgica responde a una estrategia adoptada el viernes por la noche ante la previsión de una "ofensiva altamente agresiva" del Gobierno contra los impulsores de la declaración de independencia.
Puigdemont ha recalcado en todo momento que el "gobierno legítimo" de la Generalitat sigue trabajando en una línea de "prudencia" para evitar la confrontación y ha llamado a las entidades civiles a resistir "contra la aplicación del artículo 155" y la "desmantelación de las instituciones catalanas".
El presidente catalán cesado ha aceptado la participación del independentismo en las elecciones del próximo 21 de diciembre, en las que ha retado al Gobierno a "aceptar" los resultados que salgan de las urnas. "Vamos a afrontar las elecciones como un reto democrático. No nos dan miedo. Si el Estado ha querido hacer un plebiscito para apoyar el 155 y sus medidas, vamos a aceptarlo. Votando es como se resuelven los problemas", ha dicho Puigdemont.
Ha desmentido que esté en Bélgica para solicitar asilo político, y ha asegurado que él y parte de su equipo están en Bruselas para "evidenciar el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la justicia española". Sin embargo, ha asegurado que "no se dan las condiciones objetivas" para regresar a Cataluña, y ha afirmado que se encuentran "amenazados por grupos muy violentos". Por otra parte, ha señalado que "no queremos eludir nuestra responsabilidad jurídica, pero queremos asegurar nuestras garantías".
De la misma manera, ha culpado de su presunta falta de seguridad a la retirada de las escoltas personales a los ex miembros del Govern ordenada por los Mossos d'Esquadra. Además, ha manifestado tener informaciones de "inteligencia" sobre la supuesta existencia de estos riesgos.
"Se nos quiere comparar con terroristas", ha añadido posteriormente el ex consejero de Interior, Joaquim Forn, que ha reclamado "la ayuda de los periodistas" presentes para hacer ver "que esto es un conflicto político". Forn ha dicho esto respondiendo a si el Govern estaría dispuesto a asumir los hasta 30 años de cárcel.
El ex presidente de la Generalitat ha tenido que comparecer en el club de prensa de Bruselas después de que el gobierno belga le negase una sala. Su presencia en el país centroeuropeo ha generado una importante polémica interna en un gobierno ya de por sí fragmentado. Después de que el secretario de Estado de Migración y Asilo, Theo Francken, asegurase que Puigdemont podría pedir asilo político en Bélgica, el primer ministro Charles Michel salió rápidamente al corte para pedir al nacionalista flamenco que no echase "más leña al fuego".
Dentro del panorama político, han sido numerosas las voces que han reclamado al primer ministro que cesase en su "colaboracionismo con la política de los independentistas", según expresó la portavoz del centrista CDH. El ex dirigente socialista, y actual presidente del partido, Elio di Rupo, también pidió la comparecencia de Michel para explicar el viaje de Puigdemont y aseguró que el asunto era "gravísimo" y ponía en riesgo "la credibilidad internacional del país".
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