Nuevas revelaciones sobre la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en el marco del caso Lezo. El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha tomado en los últimos dos días declaración al ex socio director de Cuatrecasas, Julián García Rubí, quien ha reconocido que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, le pidió personalmente a su cuñada que dicho bufete redactara un informe sobre la polémica adquisición de Inassa.

García Rubí, que ha declarado como testigo durante unas cuatro horas aproximadamente en la Audiencia, ha señalado que los informes que Cuatrecasas elaboró sobre dicha operación de compra fueron objetivos aunque es cierto que el despacho adaptaba los mismos a las peticiones de los clientes.

De la misma forma, según informan fuentes presentes en el interrogatorio a El Independiente, el socio de honor de Cuatrecasas ha apuntado a que, en este caso, fue González quien solicitó personalmente a Pilar Cavero –hermana de su mujer Lourdes Cavero- la redacción de dicho documento en la época de Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, García Rubí ha subrayado que todas las gestiones que ellos hicieron con el Canal fueron tramitadas a través de su ex gerente Ildefonso de Miguel. Además, el testigo ha admitido que los honorarios por dicho trabajo se realizaron a través de “otras sociedades”, aunque Julián García Rubí no las ha logrado identificar.

La prueba del ‘mail’

Según informan fuentes del caso, este testimonio confirma lo que refleja un correo interceptado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre los registros de Lezo puso de relieve: que González encargó a Cuatrecasas a dedo un informe en la época de Gallardón. En dicha comunicación, Pilar Cavero sostiene lo siguiente: «parece que ya por fin podemos ponernos a trabajar y dedicarnos a nuestros business (…) Como he comentado a Julián me ha llamado González, Vicepresidente Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, y a su vez presidente del Canal de Isabel II, para comentarme si Cuatrecasas, podría hacerse cargo de llevar a cabo una auditoría operativa» de todas las sociedades del Canal de Isabel II. “Quieren máxima confidencialidad en la operación, incluso los honorarios se abonarían desde otras sociedades diferentes”, se decía en dicho ‘mail’.

Por su parte, García Rubí ha otorgado veracidad al documento intervenido por la UCO.

Cuatrecasas - Inassa

Cuatrecasas – Inassa

Cuando ha sido preguntado por las sociedades mencionadas en el citado correo electrónico, el testigo ha explicado que no recordaba las mismas y que, aunque él no sabe a ciencia cierta quién pago esos honorarios, «supone» que fue la empresa pública de aguas madrileñas a través de las mismas. Además, el directivo de Cuatrecasas aportó al juzgado unas facturas relacionadas con dichos trabajos que ahora serán analizadas por la Audiencia.

Por otro lado, Julián García Rubí ha admitido otra cuestión que las defensas personadas en la pieza 1 del caso Lezo consideran clave. El testigo ha reconocido que algunos informes de Cuatrecasas, que forman parte del sumario, contienen anotaciones manuscritas en los laterales que no fueron realizadas por él. El ex socio director del mencionado bufete ha declarado al juez García Castellón que dicha letra “no era suya” y que podía ser de alguien del Canal o su despacho, abriendo la puerta así que se hubieran podido manipular los mismos.

El instructor de esta macrocausa de corrupción sospecha que tras los 73 millones de dólares que el Canal pagó por Inassa pudo haber” una sobrevaloración claramente perjudicial” para los intereses de la empresa pública de aguas porque la operación se hizo a través de una “compleja estructura societaria” que contravino “de plano” los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad. En concreto, se utilizó una “sociedad vehículo” llamada Canal Extensia, que adquirió Inassa a través de la mercantil panameña interpuesta Sociedad Aguas de América.

Los investigadores sospechan que en esta operación se cometieron “un cúmulo de irregularidades durante todo el proceso de adquisición por el ente público” que se centraron principalmente “en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato”.