Política 'OPERACIÓN ERIAL'

La juez ordena prisión sin fianza para Zaplana

Eduardo Zaplana, dirigiéndose en un vehículo de la UCO a uno de los registros.

Eduardo Zaplana, dirigiéndose en un vehículo de la UCO a uno de los registros. EFE

La juez que investiga el caso Erial ha dictado este jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para Eduardo Zaplana por blanquear presuntamente fondos procedentes del cobro de comisiones ilícitas vinculadas a adjudicaciones públicas en su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002). La instructora ha tomado la decisión para conjurar el riesgo de destrucción de pruebas y de posible huida ante la gravedad de los delitos que se le imputan: cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez Guerola, ha aceptado la petición planteada por la Fiscalía Anticorrupción en la vistilla de medidas cautelares celebrada tras la comparecencia del investigado y ha mandado a la cárcel a Zaplana, cuya defensa había solicitado su puesta en libertad invocando la grave enfermedad que sufre su representado. Se le diagnosticó una leucemia a principios de 2015 y meses después tuvo que ser trasplantado de médula ósea, precisando de frecuentes transfusiones sanguíneas.

Las fuentes consultadas por este diario dan por hecho que el ex presidente valenciano ingresará en el centro penitenciario de Picassent (Valencia), construido en 1990 y dotado con 1.329 celdas. Es la única cárcel en esta provincia, donde también existe un centro de inserción social (Torres Espioca).

También han pasado a disposición judicial en la tarde de este jueves otros detenidos el pasado martes en la misma operación, como los empresarios Vicente y José Cotino Escribá. La instructora ha decretado libertad con medidas cautelares para los sobrinos del ex presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.

Después de más de dos años de investigación, los indicios reunidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan al ex dirigente del PP como líder y principal beneficiario de la trama corrupta dedicada a la obtención de fondos ilícitos a través del pago de comisiones ilegales, cifrados inicialmente en no menos de 10 millones de euros.

La juez deja en libertad a los empresarios Vicente y José Cotino, que tendrán que comparecer en el juzgado cada semana

El origen de ese dinero procedería de la concesión administrativa de la explotación de estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a una UTE en la que participa una empresa controlada por los Cotino -investigados en esta causa- y de autorización para instalar parques eólicos al calor del plan aprobado por Zaplana en la recta final de su etapa como presidente regional.

Eduardo Zaplana pasó a disposición judicial esta tarde, después de ser trasladado por la UCO a Valencia desde Madrid. En la capital presenció el miércoles el registro de su despacho como alto directivo de Telefónica en busca de pruebas que apuntalen las graves acusaciones que hacen indiciariamente la Fiscalía Anticorrupción y la juez.

El presidente valenciano entre 1995 y 2002 fue uno de los siete detenidos el martes junto a su ex jefe de gabinete, Juan Francisco García; los hermanos Vicente y José Cotino Escribá, sobrinos del ex presidente de las Cortes regionales y ex director general de la Policía Juan Cotino; el economista y ex secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Francisco Grau; el ex director del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm y posteriormente director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y la esposa de éste, Felisa López.

No declaran en sede policial

La investigación penal que dirige la juez María Isabel Rodríguez alcanza también a Juan Cotino; la mujer y secretaria de Zaplana, Rosa Barceló y Mitsuko Hernández, respectivamente, y las esposas de Juan Francisco García y Francisco Grau, entre otros.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, Juan Cotino y el resto de los investigados en esta causa se han acogido a su derecho a no declarar en sede policial a la espera de poder acceder al sumario, que se mantiene secreto.

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