Lo que Máxim Huerta ha denominado “la jauría”, es decir, la presión política y periodística, se ha cobrado la cabeza del ministro más mediático del flamante Gobierno de Pedro Sánchez en apenas once horas. Sólo seis días después de su toma de posesión, el titular de Cultura, quizás el nombramiento más decepcionante para su sector de los 17 realizados por el presidente, anunciaba su marcha con tono desafiante y proclamando su inocencia en relación al fraude fiscal que cometió hace diez años.

Los compañeros del Consejo de Ministros y los dirigentes del PSOE respiraban aliviados tras el cambio de criterio del presidente. Poco después de que a las 8,30 de la mañana El Confidencial desvelara que Huerta había defraudado a Hacienda 218.322 euros con una sociedad que había montado en 2006, el propio ministro daba por segura su continuidad.

“Mis obligaciones tributarias están al corriente y no tengo ninguna duda moral ni conflicto. Pagué lo correspondiente y asunto cerrado”, alegaba en una entrevista a Onda Cero. “He hablado con Sánchez y me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes. No hubo mala fe y no oculté nada”, añadía.

El ministro no había dado la importancia que requería estos antecedentes cuando Sánchez le preguntó si había algo en su pasado que pudiera cuestionar su nombramiento. “Nada pendiente”, respondió. Huerta consideraba que era un asunto privado y zanjado. No obstante, esa ocultación ya generó las primeras desconfianzas del presidente, que a pesar de todo mantuvo el apoyo al periodista y escritor. “Maxim Huerta es el ministro de Cultura. Está al corriente de sus obligaciones fiscales”, reiteraba la Moncloa al filo de las 14 horas a preguntas de los periodistas.

Los asuntos “pendientes” fueron los que dejaron sin cartera a candidatas de la confianza de Sánchez como Cristina Narbona, presidenta del PSOE y experta en medio ambiente, o la también ex ministra Beatriz Corredor, por la posibilidad de que sus gestiones pasadas se vieran afectadas por la investigación judicial sobre una presunta financiación ilegal de partido en la Comunidad Valenciana. Si Sánchez hubiese conocido el problema de Huerta con Hacienda, el periodista no habría llegado a ministro.

A pesar del contratiempo, el Gobierno de Sánchez ha sabido atajar la crisis con celeridad. En un país donde los políticos se resisten a dimitir, el Ejecutivo socialista también ha sentado precedente. En este caso, además, no se trata de la asunción de responsabilidades políticas, sino de la defensa de la coherencia del proyecto regenerador de la vida pública que había prometido el presidente. La divulgación del vídeo de Pedro Sánchez de 2015 asegurando que no mantendría en su equipo a un caso similar al de Juan Carlos Monedero dictó sentencia y el ministro cayó.

Lejos de perjudicarle, en el entorno del presidente cree que la crisis lo puede relanzar. El ministro más mediático y conocido por el pueblo, el presentador de la “cadena amiga”, un rostro familiar en todos los hogares, no sólo llegaba al Gobierno, sino que lo dejaba por coherencia y con un mensaje calculadamente victimista.

“No importa que yo no haya cometido fraude fiscal ni que haya pagado una multa porque perdí una demanda que yo mismo presenté. Lo que importa es el bombardeo. Lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Y no voy a permitirlo. No voy  a permitirlo porque corren nuevos tiempos, tiempos en los que hasta los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha salpique a los que quieren un nuevo rumbo, política limpia”, ha asegurado en su despedida.