La Generalitat debe a los Mossos d’Esquadra 3,8 millones de euros por las horas extras realizadas durante el pasado mes de octubre, en pleno estallido del proceso soberanista. Una deuda que, sumada a las horas pendientes anteriores y a las pagas extras anuladas asciende a 7 millones de euros, y que el nuevo conseller de Interior, Miquel Buch, no sabe cuándo podrá saldar.

Tras la operación policial ordenada por el Juzgado 13 de Barcelona el pasado 20 de septiembre, con registros en diversas sedes de la Generalitat que provocaron la manifestación y los incidentes posteriores ante el Departamento de Economía, la dirección de la policía autonómica puso en marcha al Operación Ágora de protección a edificios públicos y partidos políticos. Un operativo que empezó el 22 de septiembre y se alargó hasta el 9 de octubre del pasado año.

Según el sindicato mayoritario en los Mossos, SAP-FEPOL, esta operación supuso jornadas maratonianas de, como mínimo, 12 horas, que la Conselleria, entonces en manos de Joaquim Forn, se comprometió a hacer efectivas en breve. Todo ello para hacer frente a la vigilancia y protección de líderes políticos, la presencia disuasiva de patrullas policiales en el entorno de las sedes de partidos, la vigilancia de edificios oficiales y el control de mítines políticos.

Los Mossos no tenían fondo de contingencia para el 1-O

Paradójicamente, el gobierno de Carles Puigdemont nunca hizo una previsión sobre los posibles costes extraordinarios en materia de seguridad que podía tener la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal, reconocen estas fuentes. “No había fondo de contingencia” para el 1-O.

De hecho, los sindicatos policiales ya habían solicitado la creación de un fondo de contingencia tras los atentados de Barcelona y Cambrils, el pasado agosto, que Interior se comprometió a “estudiar” pero nunca se hizo efectivo.

Tras el 1-O, la declaración unilateral de independencia y la posterior aplicación del artículo 155 llegaron antes de que Interior hubiera “calculado” el coste de esas horas extras para hacerlo efectivo. El Govern se comprometió ha pagar esas horas extras este mes de junio, pero la semana pasada, en una comisión de trabajo con los sindicatos la Conselleria reconoció que el presupuesto inicial de 3,8 millones de euros se había visto superado por el calculo real de horas, que asciende a 4, 4 millones, por lo que no podrán abonar ahora esta deuda ni saben cuándo harán efectivos los pagos.

Sin fecha para cobrar las horas pendientes, desde el sindicato denuncian que es una deuda adquirida “hace ocho meses por un trabajo que nuestros efectivos ya han realizado” y señalan que, sumada a otros compromisos incumplidos, la Generalitat debe a su policía un total de 7,2 millones de euros, sin contar las dos pagas extras 2013 y 2014 que los funcionarios catalanes todavía no han cobrado.

La administración autonómica tampoco ha empezado a pagar el complemento de compensación autonómica de 8€ brutos por trabajar 12 horas o más en fin de semana, acordado con los mossos en julio de 2017, que según Interior estaba pendiente de una actualización informática ahora completada. La deuda por este concepto asciende ya a 2,5 millones de euros y crece en 250.000 € cada mes.

Y tampoco se han hecho efectivos los 300.000 € pendientes del dispositivo correspondiente a las pasadas elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Malestar en los Mossos

Más allá de las deudas económicas, el malestar con el nuevo equipo de Interior encabezado por Miquel Buch se ha extendido entre buena parte del cuerpo de policía autonómico por la gestión del post-155. Especialmente por el trato dado al comisario Ferran López, que asumió la dirección del cuerpo tras el cese del Govern y del Mayor Trapero. El cese de López, vestido de renuncia, sin ningún agradecimiento y señalándolo oficiosamente como colaborador con el Gobierno, ha dolido entre los agentes, que se preguntan por qué no han sido cesados igualmente todos los directores generales que siguieron en sus cargos, sin tanta presión política, y han sido “restituidos” con la llegada del nuevo Govern.

Pendientes de quién asumirá el mando operativo de los Mossos, en medios policiales y políticos se ha especulado con el nombre de Joan Carles Molinero, que integraba junto a Trapero y López la cúpula policial del gobierno de Carles Puigdemont. Un hombre de perfil más político que López, bien visto por el PDeCat y ERC, que sin embargo siembra dudas entre algunos ámbitos policiales, por temor a que siga por la senda emprendida en su día por Trapero.