PolíticaINVESTIGACIÓN AL EX TESORERO DEL PP CON FONDOS RESERVADOS

El ‘número dos’ de la Policía apartó por escrito a Villarejo de la ‘Operación Kitchen’

Eugenio Pino relegó al polémico policía, hoy en prisión preventiva, y confió las pesquisas a la Unidad de Asuntos Internos y al comisario García Castaño 'El gordo' / El chófer de Bárcenas y confidente de la Policía se dirigía a Villarejo como "mi coronel"

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El ‘número dos’ de la Policía apartó por escrito a Villarejo de la ‘Operación Kitchen’
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, saliendo de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, saliendo de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). EP

Resumen:

Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, ordenó por escrito que José Manuel Villarejo cesara en la investigación con la que se pretendía conocer quiénes eran los testaferros de Luis Bárcenas y dónde ocultaba éste el dinero de las mordidas pagadas por empresas a cambio de que contratos públicos.

Los pormenores de la ‘Operación Kitchen’ se investigan en la pieza separada de la macrocausa que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en la que Villarejo figura como principal imputado (caso Tándem) y en la que Pino declarará previsiblemente como investigado tras la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción.

Pino apartó al polémico policía, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, y confió las pesquisas a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y al comisario Enrique García Castaño ‘El gord0’.

El chófer de Luis Bárcenas, confidente de la Policía e imputado en la pieza separada que investiga la Audiencia Nacional, se refería a Villarejo como “mi general”.

Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, ordenó por escrito que José Manuel Villarejo cesara en la investigación con la que se pretendía conocer -utilizando para ello fondos reservados- quiénes eran los testaferros de Luis Bárcenas y dónde ocultaba éste el dinero de las mordidas pagadas por empresas a cambio de que administraciones gobernadas por el PP les adjudicaran contratos públicos.

Los pormenores de la Operación Kitchen se investigan en la pieza separada de la macrocausa que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en la que Villarejo figura como principal imputado (caso Tándem) y en la que Pino declarará previsiblemente como investigado tras la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción. También el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa sobre la ‘caja B’ del PP, el juez José de la Mata, ha reclamado informes a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la documentación generada por dicho dispositivo policial, ocultado durante tres años a la Justicia.

El Independiente ha podido confirmar en varias fuentes policiales que Pino apartó del caso al polémico policía y confió la investigación a la Unidad de Asuntos Internos, dirigida entonces por Marcelino Martín-Blas. Las fuentes sitúan esa decisión a finales de 2014, un año después de que se hubiera puesto en marcha el dispositivo que el propio Villarejo bautizó como Kitchen y cuando ambos comisarios libraban ya un abierto enfrentamiento.

En conversación telefónica con este diario, Martín-Blas ha asegurado que el entonces número dos de la Policía “jamás” le encargó ninguna investigación “relacionada o referente con esa ‘Operación Kitchen’ o con Luis Bárcenas”. “Ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015”, ha mantenido.

Ese desencuentro se avivó con motivo de la instrucción del caso del Pequeño Nicolás, después de que el juez Arturo Zamarriego colocara a Martín-Blas al frente de la comisión judicial que investigó al joven impostor -detenido el 14 de octubre de 2014- tras ser destituido como máximo responsable de Asuntos Internos en marzo de 2015. Villarejo acaba de ser procesado, como posible autor de un delito de revelación de secretos, en la pieza en la que se investiga la grabación y difusión de la reunión que policías y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantuvieron el 20 de octubre de 2014 sobre las andanzas de Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

El chófer de Bárcenas, captado como confidente por la Policía Nacional, se dirigía a Villarejo como “mi coronel”

El número dos del Cuerpo Nacional en la etapa de Ignacio Cosidó tomó una segunda medida en el marco de la Operación Kitchen: reclamó la ayuda de Enrique García Castaño El gordo, el mando policial que entonces se encontraba al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). García Castaño, miembro del Consejo Asesor de la Policía Nacional en la actualidad después de que el ministro Juan Ignacio Zoido desmantelara la UCAO, está imputado en una pieza del caso Tándem.

Las fuentes aseguran que esa decisión deterioró la relación que El gordo mantenía con Villarejo, enfriada meses tras la filtración de la grabación sobre el encuentro secreto que ambos mantuvieron con Ignacio González en la mañana del 29 de noviembre de 2011 en la cafetería madrileña La Mallorquina en el marco de las pesquisas sobre el ático que el ex presidente de la Comunidad de Madrid tiene en Estepona (Málaga). Esa cinta se difundió en marzo de 2015, semanas antes de las elecciones a la Asamblea de Madrid (24 de mayo) en las que ya concurrió como cabeza de lista por el PP Cristina Cifuentes.

Durante meses, antes de ser apartado, Villarejo recibió las confidencias del chófer de Luis Bárcenas. Sergio Ríos, antiguo militar y quien se dirigía al agente encubierto hoy en la cárcel como “mi coronel”, fue captado como confidente mientras el ex tesorero del PP estaba en prisión preventiva (desde finales de junio de 2013 a principios de 2015) con la esperanza de que como testigo de conversaciones de Rosalía Iglesias y sus hijos pudiera suministrar pistas de interés que permitieran a los investigadores conocer dónde guardaba aquél el dinero de las mordidas y qué testaferros utilizó para ocultar su patrimonio.

Pagos con fondos reservados

Fue un trabajo remunerado, ya que el conductor percibió por esa colaboración unos 48.000 euros con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior. Así lo ha reconocido el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en un informe enviado al juez De la Mata: “De los indicios recopilados hasta el momento, se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la sazón (años 2013 a 2015 aproximadamente) a la Dirección Adjunta Operativa del CNP [Cuerpo Nacional de Policía] así como a la Comisaría General de Información, existiendo la constancia de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada”.

La instrucción judicial que dirige el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional deberá determinar ahora qué información suministró Sergio Ríos, qué documentación supuestamente comprometedora para la antigua cúpula del Partido Popular que albergaba Luis Bárcenas robó o fotocopió y cuánto cobró del erario.

“Toda la información que le llegaba a Eugenio Pino se la pasaba a ‘El fiti’ [apodo con el que se conoce en el cuerpo al comisario principal Manuel Vázquez, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)] y éste decidía si la pista le parecía buena o la descartaba. Así siguió el tema hasta que Bárcenas salió de la cárcel”, explica un agente conocedor de la Operación Kitchen.

La pista del testaferro de Bárcenas

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que la única pista realmente relevante ofrecida a los investigadores por el chófer del ex tesorero del PP fue la que permitió identificar a Javier Sánchez-Lázaro como supuesto testaferro de Bárcenas.

Sergio Ríos compareció en calidad de investigado por delitos de prevaricación, malversación y robo o hurto el pasado 12 ante el juez que instruye el caso Tándem, si bien optó por acogerse a su derecho a no declarar. Quien no ha sido citado hasta ahora es el comisario principal Enrique García Castaño, quien semanas atrás pidió al instructor que se dirigiera al Consejo de Ministros para que le dispensara de la obligación que tiene de guardar silencio al tratarse de secretos oficiales a fin de informar sobre el desarrollo y los frutos del dispositivo policial desplegado entre 2013 y 2015 y ahora bajo sospecha.