Imagen de Luis Pineda formada por una fotografía (derecha) y un dibujo a carboncillo realizado por un preso.
Luis Pineda ha esgrimido un nuev argumento ante la Audiencia Nacional para tratar de conseguir su excarcelación, después de casi tres años en prisión preventiva. El líder de la desmantelada Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) asegura que "lo último" que haría sería huir de España porque ello le impediría acusar a Francisco González en el procedimiento en el que se investigan los encargos millonarios que el BBVA encargó al comisario José Manuel Villarejo.
En un escrito fechado el pasado 7 de marzo, al que ha tenido El Independiente, la defensa de Pineda pide a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -el órgano que lo juzgará en fecha aún no señalada- la "inmediata" puesta en libertad de su representado al considerar que no concurre ninguno de los motivos alegados por el juez Santiago Pedraz para mantenerlo en prisión en estas alturas. En todo caso, solicita que se sustituya la medida de reclusión en prisión por un "mecanismo telemático de control" para garantizar que no se sustrae a la acción de la Justicia.
Es la novena vez que Pineda presenta escrito reclamando la libertad provisional desde su detención el 15 de abril de 2016 en el marco de la Operación Nelson, en la que también fue arrestado y enviado días después a prisión el secretario general de Manos Limpias (Miguel Bernad). Es la primera petición que la firma su nuevo defensor: Miguel Durán, socio director de Durán&Durán Abogados y tercer letrado que tiene el presidente de Ausbanc desde que arrancó la instrucción del caso.
La defensa de Luis Pineda rechaza que exista riesgo de fuga por cuanto aquél tiene todo su patrimonio "intervenido" y el grupo empresarial Ausbanc "ya no existe", al encontrarse en fase de liquidación. "¿Cómo va a disponer el Sr. Pineda de un patrimonio de unas empresas que están en concurso si, precisamente, es el administrador concursal quien controla total y absolutamente dichas filiales extranjeras?", pregunta retóricamente.
Luis Pineda, en prisión preventiva desde abril de 2016, solicita por novena vez su puesta en libertad en vísperas del inicio del juicio
El Juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid declaró en concurso voluntario en abril de 2017 a la Asociación de Usuarios Bancarios Ausbanc España, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros Ausbanc Empresas, la Asociación de Servicios Bancarios y Consumidores de Madrid Ausbanc Madrid, El Club de la Buena Vida SL, Producciones Zapallar SL y Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL, todas controladas directa o indirectamente por Luis Pineda y hoy en fase de liquidación. También tiene bloqueadas las cuentas corrientes y productos financieros -sólo se autoriza a su esposa a disponer de 735 euros al mes- y se han trabado embargos sobre todas sus propiedades inmobiliarias.
El abogado esgrime otra razón para reforzar la tesis de que a su cliente no se le pasa por la cabeza la posibilidad de fugarse del país en el caso de que fuera puesto en libertad. "El Sr. Pineda ha sido víctima de graves delitos por prte del Sr. Villarejo y el Sr. González (...), por lo que su huida de España frustraría la persecución de tales hechos criminales presuntamente cometidos por el entramado Villarejo", expone.
Dibujo de Luis Pineda realizado por un compañero de prisión.
Luis Pineda solicitó a finales del pasado año su personación en la pieza separada en la que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional investiga los servicios que el comisario ya jubilado -en prisión preventiva desde noviembre de 2017- prestó al BBVA en la etapa en la que al frente de la entidad se encontraba Francisco González.
El recluso pedía ser parte en dicha procedimiento tras conocerse que Villarejo investigó su entramado empresarial por encargo del citado banco -acusación popular en el caso por el que se encuentra en prisión desde hace 1.068 días- y que la información obtenida se pudo haber utilizado en el informe policial que desencadenó su detención y posterior procesamiento. "He aquí otra poderosa razón que determina que lo último que pretende mi patrocinado es huir de España, porque si huyera de España estaría renunciando a perseguir unos hechos que son esenciales para la resolución del presente contencioso", agrega Durán.
La defensa también trata de combatir la otra razón en la que se ha fundamentado hasta ahora la privación de libertad junto con el riesgo de fuga: la proximidad del juicio, en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 119 años de cárcel. El juzgado que ha instruido el caso ha elevado ya los autos a la Sala, que ha designado ponente -la magistrada Teresa Palacios- pero que aún no ha fijado fecha para el inicio de la vista oral.
"Enorme carga de trabajo" de la Audiencia
El abogado considera que la supuesta inminencia "no justificaría el mantenimiento de ni un solo día de privación de libertad" y llama la atención sobre la "enorme carga de trabajo" que sufre la Audiencia Nacional, lo que retrasará el inicio de los juicios. "¿También tiene nuestro defendido que cargar con la onerosidad para su libertad que pueda representar la demora en la celebración de dicha vista oral?", plantea.
Igualmente, la defensa considera que decretar la libertad provisional bajo fianza sería "meramente retórica", debido a que su representado "carece de medios económicos absolutamente" tras la intervención y bloqueo de su patrimonio inmobiliario y de todas su cuentas corrientes por la investigación que han llevado a cabo el juez Pedraz y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
El letrado de Pineda defiende que existe "toda una batería de medidas" menos severas que la prisión preventiva y que podrían anular "cualquier vestigio de fuga", como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país o las comparecencias en el juzgado "diarias". Tampoco ve "ningún obstáculo" para que se le impusiera a Pineda algún mecanismo telemático de control, análogo al que el Reglamento Penitenciario prevé para los penados.
Más tiempo en prisión que Granados
El presidente de Ausbanc fue arrestado en el marco de la Operación Nelson como líder de una trama que habría extorsionado supuestamente a los bancos a cambio de no hablar mal de ellos en sus publicaciones. Esa redada incluyó también la detención del secretario general del colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias (Miguel Bernad). Ambos fueron enviados a prisión incondicional tres días después, si bien Bernad salió en libertad provisional en diciembre de ese mismo año tras depositar su familia una fianza de 50.000 euros.
Luis Pineda ocupa celda en el módulo 3 del centro penitenciario de Estremera (Madrid), donde coincidió durante más de un año con el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. El jefe de Ausbanc ya ha superado en tiempo privado de libertad al cabecilla de la trama Púnica, que permaneció en prisión preventiva durante dos años y medio (desde octubre de 2014 a junio de 2017). A la espera de que termine la instrucción de esta macrocausa de corrupción, Granados logró salir de la cárcel tras depositar una fianza de 400.000 euros.
Demanda por llamar "Manos Sucias" a Manos Limpias
La Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la demanda interpuesta por Manos Limpias contra un funcionario destinado en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional por llamar "Manos Sucias" al colectivo de funcionarios públicos en presencia de varios testigos, al entender que esa denominación es "claramente despectiva" y muestra una "animosidad" del citado empleado público. Éste ha sido el encargado de la tramitación del procedimiento en el que están incursos el sindicato y su secretario general, Miguel Bernad.
Uno de los episodios tuvo lugar el pasado 11 de mayo, cuando el abogado de Bernad y una procuradora se personaron en el juzgado para solicitar copia de declaraciones. Entonces se produjo la siguiente conversación, según ha transcrito el propio funcionario demandado en el escrito enviado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que tramita la demanda:
Funcionario.-Están colgadas en la plataforma 'Cloud'. Ya se lo he notificado a su procuradora.
Abogado.-Precisamente por eso, porque recibo notificaciones de las dos procuradoras.
F.-No. La otra es la de 'Manos Sucias' (no me dio tiempo a terminar la frase cuando me di cuenta de la imprudencia y de la metedura de pata, precisamente por quien era el oyente de la desgracidada expresión).
El funcionario asegura que "inmediatamente" le pidió disculpas por la "ligereza" de la expresión empleada y por la "indiscreción" del término al abogado de Bernad. "Consciente de mi error y del desacertado y desafortunado juego de palabras no quise seguir discutiendo, tanto es así que ni le hice comentario alguno a sus comentarios sobre mi ineducación", ha admitido el tramitador judicial.
Manos Limpias entiende que el funcionario ha incurrido en falta tipificada como "grave" en el Reglamento General del Régimen Disciplinario del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, por lo que pide que se le sancione con suspensión de empleo y sueldo por un plazo de un año o subsidiariamente con el traslado forzoso a otro juzgado fuera de la ciudad de Madrid por idéntico plazo.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha considerado como leve la falta disciplinaria que habría cometido el funcionario, si bien entiende que estaría prescrita por haber transcurrido más de dos meses.
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