La propuesta sanitaria de Casado ya fue rechazada por Galicia, Madrid y Castilla y León

La propuesta de Pablo Casado de volver al modelo sanitario de 2012 que limitaba el acceso a la Sanidad a los inmigrantes irregulares, fue rechazada en su momento por los gobiernos autonómicos de Galicia, Madrid y Castilla y León, todos ellos del PP, además de los que tenían al frente un ejecutivo socialista. De una u otra manera soslayaron la reforma que abordó la ex ministra de Sanidad Ana Mato en la primera legislatura de Mariano Rajoy, donde tuvo que afrontar un duro paquete de recortes, que incluyó en este capítulo el copago farmacéutico para los pensionistas así como el medicamentazo, esto es, la eliminación de una buena parte de medicamentos que estaban cofinanciados por la Seguridad Social.

Finalmente, su reforma fue derogada, aunque sólo en parte, por la también dimisionaria ministra socialista de Sanidad Carmen Montón.

Muchos de los candidatos del PP a presidencia de Comunidades en las elecciones autonómicas del 26 de mayo desconocían la propuesta de su jefe de  filas, según ha podido constatar El Independiente. De hecho, ha habido bastante confusión en si se trata sólo de impedir el turismo sanitario o la atención a los inmigrantes en situación irregular. Pero ha sido muy explícito Casado al recordar en qué casos  éstos pueden ser atendidos si no hay "contraprestación de los países de origen", es decir, en urgencias, maternidad y enfermedades contagiosas. Salvo otras explicaciones, quedarían fuera de la asistencia primaria y de los centros de especialidades salvo las dos antes  citadas.

En el programa popular nada se dice de volver a la ley de 2012, propuesta que desconocían sus barones

El programa electoral popular incluye un amplísimo paquete de medidas en materia sanitaria, aunque no alude a la "ley Mato" y sí a la ley General de Sanidad de 1986 para reformarla en todos esos aspectos en los que haya quedado desfasada o pueda ser susceptible de mejora, según reza la literalidad del texto. Mucho más reducido es el espacio dedicado a inmigración donde tampoco se especifica nada de lo anunciado por Casado este lunes.

En Galicia, ya con Alberto Núñez  Feijóo al frente, no se dio la tarjeta sanitaria a los "sin papeles" sino que puso en marcha un Programa de Protección Social de la Salud Pública que permitió mantenerlos bajo el paraguas sanitario y eludió así la amenaza de un recurso por parte del Gobierno central. En Castilla y León, el ejecutivo de Juan Vicente Herrera no dio de baja a los irregulares en su base de datos, de modo que los pudo seguir atendiendo independientemente de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social sí los borró de sus registros. En Madrid fue Cristina Cifuentes la que amplió la cobertura a todos los inmigrantes, tras la presidencia de Esperanza Aguirre.

Entonces muchos argumentaron que preferían tener a todos los habitantes de cada una de sus regiones supervisados por los servicios de atención primaria y especialistas, tuvieran o no papeles, antes que tener colapsadas las urgencias.

Los presidentes autonómicos son los encargados de gestionar la Sanidad al estar transferida

Bien es cierto que, salvo Feijóo, en los otros dos territorios hay nuevos barones regionales, esto es, Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso, pero tendrán que ser ellos los que administren la sanidad en cada uno de sus territorios al ser una competencia transferida. Una vez pasen las elecciones generales se entrará, sin solución de continuidad, en las locales, autonómicas y europeas y este asunto puede convertirse en uno de los grandes caballos de batalla.

Casado dijo este lunes explícitamente que si bien España "es un país de acogida" es fundamental que se haga por el cauce legal "porque si no, el estado de bienestar no es sostenible y, por tanto, queremos que se ponga en práctica esa ley de racionalización del sistema sanitario de 2012 que acababa con el turismo sanitario, ahorraba mil millones de euros y no evitaba la solidaridad porque se permitía la acogida y la atención en urgencias, maternidad y en enfermedades infecciosas, pero no permitía ese turismo sanitario sin contraprestación de los países de origen" para que no ponga en riesgo, agregó, "nuestra sanidad pública, universal y gratuita y nuestro estado del bienestar".

Aunque desde Génova apuntaron que hablaba de turismo sanitario y no de inmigración, el candidato del PP lo vinculó a su apuesta por un Plan Marshall para África o a la necesidad de reforzar los medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de las fronteras y a favor del mantenimiento de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla. Y todo ello lo dijo en Canarias, donde la presión migratoria ha llegado a ser de enormes dimensiones.

En todo caso, cabe recordar que el líder popular ya tuvo que matizar sus palabras sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) cuando vino a insinuar que se bajaría de los 900 euros al mes pactados por PSOE y Podemos a 850, conforme el acuerdo alcanzado pocos meses antes entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y los agentes sociales.