Comienzan las reacciones al sorpresivo anuncio de preacuerdo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han firmado este mismo martes por el que se comprometen a un Gobierno de coalición que incluya, esta vez sí, a Unidas Podemos en el Ejecutivo.

Primero se ha manifestado al respecto la cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha reaccionado pidiendo inmediatamente la reunión del comité ejecutivo popular para entablar un Gobierno tripartito entre PSOE, PP y Ciudadanos para impedir que el Ejecutivo de la nación quede en manos de los independentistas.

Ciudadanos secunda la propuesta de Álvarez de Toledo y pide "responsabilidad" a PSOE y PP para llegar a acuerdos"

Y es una vía que ya han apoyado desde la desmembrada dirección de Ciudadanos, que se ha reafirmado en la propuesta de la portavoz popular apelando a la "responsabilidad" de PSOE y PP "para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con Ciudadanos".

Los liberales anuncian ya la jugada que realizarán en la sesión de investidura, asegurando que sus 10 diputados no apoyarán que "Sánchez y Podemos lleven las riendas del Gobierno de España", una fórmula que han calificado de "nefasta" y "contraria a los intereses de la mayoría de los españoles", según apuntan fuentes oficiales del partido.

La línea ha sido reafirmada minutos después a través de Twitter por Inés Arrimadas -con la que destacados dirigentes cierran filas para que sea la sucesora de Rivera- y José Manuel Villegas, que ha perdido su escaño al no lograr representación en Almería.

El que fuera número dos por Madrid, Marcos de Quinto, también se ha expresado en este sentido a través de la red social, donde se ha preguntado "con qué mayoría pretenden sacar adelante el acuerdo" entre Sánchez e Iglesias.

Ante una Ejecutiva disuelta tras la dimisión de su líder y a la espera de que el partido nombre una gestora y convoque una Asamblea General de la que salga la nueva dirección, es el Consejo General, compuesto por 160 personas y presidido por Manel Bofill, el máximo órgano de poder en Ciudadanos. El mencionado Consejo se reunirá antes de los próximos 15 días para convocar el Congreso Extraordinario que nombre al sucesor de Albert Rivera, puesto que asumirá, según cábalas internas, Inés Arrimadas.

Ciudadanos ha sido el gran damnificado de una repetición electoral que se celebró ante la incapacidad de los líderes de PSOE y Podemos de llegar a un acuerdo de Gobierno y la reiterada negativa de los naranjas, en ese momento con 57 escaños en el Congreso de los Diputados, a abrirse a pactar un Ejecutivo con Pedro Sánchez, al que había levantado un veto desde antes de las generales de primavera por apoyarse en "los que quieren romper España". Hasta el 10-N, Sánchez y Rivera sumaban una mayoría absoluta de 180 diputados en el Congreso.

El dimitido Albert Rivera llevó el veto al PSOE -estrategia que le valió para triunfar el 28-A y que más adelante le costó la salida en cadena de dirigentes de peso del partido y una crisis interna sin precedentes- hasta el fin de sus consecuencias, negándose incluso a reunirse con el presidente del Gobierno en funciones para tratar de alcanzar un acuerdo a cambio del sí o de la abstención naranja.

Pero el progresivo pesimismo que trasladaban las encuestas para Ciudadanos en las urnas y la falta de entendimiento entre los bloques de la izquierda llevó al búnker de Rivera a levantar, después de todo, el cordón sanitario y abrirse a una abstención condicionada ... cuando ya era demasiado tarde.

Albert Rivera, ante el descalabro electoral que pronosticaban todas las encuestas y arguyendo "una situación excepcional" por la crisis catalana, volvió a entonar el discurso de partido bisagra y llave de desbloqueo que había abandonado en los últimos meses durante la campaña del 10-N, pero no le sirvió para la ansiada remontada que buscaban los naranjas.

Este lunes, tras la dimisión oficial del que ha sido presidente de Ciudadanos durante 13 años, dirigentes de peso dentro del partido admitían "errores en la estrategia" en los últimos meses. Y es que la repetición electoral no sólo se ha llevado por delante a Albert Rivera sino, a priori, también la posibilidad de un Gobierno "encabezado por constitucionalistas", como ahora claman.