Este 30 de diciembre ha resultado providencial para Pedro Sánchez y sus intenciones de superar la investidura. Mucho se le tienen que torcer las cosas para que este enero no resulte elegido jefe del Ejecutivo. Los hechos se han precipitado públicamente durante este lunes, cuando se daba a conocer el contenido del escrito de la Abogacía del Estado, a grandes rasgos, coincidente con la posición de ERC y la defensa de su líder, Oriol Junqueras. A partir de ese momento se han escenificado dos grandes movimientos por parte de Sánchez que, sin duda, ya tenía orquestados.

Lo primero, la firma con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, de un pacto de investidura que asegura el apoyo de los siete diputados nacionalistas vascos y en el que se abre la puerta, por ejemplo, a ceder la competencia de prisiones y montar una selección vasca de fútbol o se toman decisiones que afectan a la Comunidad Foral navarra. Cuatro horas más tarde de la solemnización de dicha firma, se sucedía otra convocatoria, eso es, la rúbrica del gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, un acontecimiento, sin duda, histórico, tal y como lo ha calificado el líder morado, pero que se ha celebrado poco menos que ha puerta cerrada, una nueva muestra de la opacidad y falta de transparencia de todo el proceso.

Y a última hora de la tarde ha tenido lugar el gran acto final, la reunión de la ejecutiva de ERC, que intentaba disimular su entusiasmo por el escrito de la Abogacía sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que afecta a Junqueras, aún a sabiendas que no es vinculante y la última palabra la tiene el Supremo. ERC formalmente no tomará una decisión hasta la reunión de su Consell el día 2, pero ya ha adelantado que "avala" la investidura de Sánchez.

"Bendiciones" de PNV y ERC

Con el pacto de gobierno sobre la mesa y las bendiciones del PNV y de ERC -los últimos, para abstenerse en segunda votación-, el resto de los votos que se necesitan para este ejecutivo Frankestein (Rubalcaba, dixit) irán cayendo por su propio peso, incluido el del cántabro del PRC por mucho que el presidente de esta comunidad, Miguel Ángel Revilla, haya ido diciendo que no estaría en un acuerdo que hiciera cesiones a los independentistas.

Queda por conocer, precisamente, el contenido del pacto con ERC. El mismo que debería aclarar cuál es la propuesta de Sánchez sobre el "conflicto político catalán" al que dedica apenas dos líneas en su programa de gobierno de coalición con Podemos amén de una serie de concesiones para levantar recursos en el Tribunal Constitucional y acelerar algunas competencias a la Generalitat, sobre todo en materia de empleo. Lo cierto es que Iglesias ha hecho honor a su compromiso de no intervenir en la negociación PSOE-ERC y mantenerse al margen de un debate, el territorial, en el que mantiene profundas diferencias con una parte considerable del socialismo, como es el llamado "derecho a decidir".

Otra cosa, sin embargo, es que los independentistas republicanos intenten alargar el proceso para llevar la investidura a después de la Festividad de Reyes, el 6 de enero, precisamente, día de la Pascua Militar en la que Su Majestad el Rey debe pronunciar un discurso que suele ser políticamente de peso. Con la investidura en esas fechas se ensombrecería en muy buena medida el acto de Don Felipe.

El 6 de enero tiene lugar la tradicional Pascua Militar, con discurso del Rey

Sin embargo, nada impide que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convoque el pleno de investidura el día 2 de enero porque la primera votación sería el 3 y la segunda el 5, después de la reunión del Consell de ERC, eso sí, siempre que lo haga con la cortesía parlamentaria de prevenir a sus señorías con, al menos, 24 horas de antelación, sobre todo por aquellas que son de fuera de Madrid o las que, por tratarse de fechas navideñas, estén de viaje incluso fuera de España.

Batet no tiene que reunir a la mesa del Congreso para convocar el pleno porque es competencia del aspirante a presidente decir cuándo está en condiciones de someterse a la investidura. Sería en todo caso una fecha muy forzada y uno de los negociadores, el socialista Rafael Simancas, ha afirmado este martes en la Ser que ni el debate ni ninguna votación coincidirá con la Cabalgata ni con el Día de Reyes Magos,

El dictamen de la Abogacía del Estado, que ha servido para terminar de desbrozar el camino de ERC del "no" a la "abstención", ha generado, sin embargo, una ardua polémica entre los principales partidos de la oposicion, esto es, PP, Vox y Ciudadanos tanto por el fondo como por la forma. Primero porque se ha extendido la sospecha de que el escrito viene dictado por el Ministerio de Justicia, esto es, por el Gobierno a la medida de ERC. Aunque bien es cierto que acoge las tesis principales de la defensa de Junqueras en el sentido de que su condena debe quedar en suspenso mientras se tramita el suplicatorio en el Parlamento Europeo, no pide la anulación de la sentencia del Supremo, aunque tampoco aclara cómo se debe dejar acudir a los plenos de Bruselas a alguien condenado a 13 años de prisión por delitos tan graves como la sedición y la malversación de fondos.

En cuanto al fondo, la confirmación de que ERC conoció este domingo la decisión de la Abogacía antes que el propio Supremo, generó un enorme estupor. Precisamente, una de las primeras cuestiones a las que deberá responder el nuevo ejecutivo de Sánchez es a la batería de preguntas que el Grupo Popular le formula sobre el escrito de la Abogacía, además de las comparecencias de quien ostente la cartera de Justicia -Dolores Delgado está en funciones y es poco probable que siga- y de la Abogada General del Estado, Consuelo Castro.

Batería de preguntas del PP sobre el escrito de la Abogacía del Estado

En la batería de preguntas por escrito al Gobierno, el PP se interesa por confirmar si se dio traslado a ERC o a Junqueras del informe de la Abogacía antes de que se hiciera público, quiénes en el Gobierno en general, y en Justicia, Presidencia o vicepresidencia, en particular, manejaban dicho borrador y si "se ha incoado un procedimiento interno de investigación para determinar el origen de esa filtración y, en su caso, depurar responsabilidades pertinentes".

Asimismo, se interesa respecto a la supuesta existencia de "orientaciones o consideraciones externas a la hora de emitir un pronunciamiento técnico" y si la Abogacía ha recibido "recomendaciones sobre el contenido final del informe".