Política

El bronco debate de investidura augura una legislatura de trincheras

El Gobierno reconoce que no tiene pactado aún el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado

Pedro Sánchez sonríe a Gabriel Rufián durante la sesión de investidura. EFE

Insultos, reproches y mucha mirada al pasado. El debate de investidura de Pedro Sánchez ha sido de los más broncos que se recuerdan en democracia. Dos bloques bien diferenciados que se acusan mutuamente de traidores a España y que difícilmente podrán alcanzar un entendimiento, a tenor de lo visto este sábado en el Congreso de los Diputados. Esa ruptura en la Cámara augura una legislatura de trincheras, casi guerracivilista, donde será complicado lograr consensos transversales necesarios para poner en marcha las reformas que necesita el país.

Pedro Sánchez comenzó la refriega con serias acusaciones al PP al que llegó a reprochar, incluso, que no apoyara la Constitución de 1978. Pablo Casado le contestó con contundencia, advirtiendo de sus mentiras electorales, de su trayectoria tan cambiante y generando un enfrentamiento bronco entre ambos que luego fue utilizado por todos los socios de Sánchez, desde Pablo Iglesias hasta los Comunes, pasando por Alberto Garzón o Joan Baldoví (Compromís), para justificar su «asalto a los cielos» en un discurso que recuperaba el rencor del 15-M contra el antiguo PP de Mariano Rajoy, ya desaparecido, que se vio obligado a desarrollar políticas de austeridad tras el estado económico en el que dejó el país el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Iglesias volvió a ese Podemos original y pronunció palabras impensables en un vicepresidente del Gobierno, como agradecer «humildemente» el trabajo de independentistas que están «en prisión y en el exilio». También asumió la retórica separatista el candidato socialista, que se solidarizó con los políticos presos al hablar del «dolor causado» por la «vía judicial» que ha supuesto la condena por sedición y malversación de los líderes del procés y de la declaración unilateral de independencia.

En esta dinámica de cuestionamiento de las instituciones iniciada por el PSOE y por Podemos tras la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra y retirar la condición de eurodiputado a Oriol Junqueras, Sánchez llegó a banalizar la figura de la autoridad electoral. «¿Va a llevar todos los estatutos de autonomía al Tribunal Constitucional o, mejor dicho, a la Junta Electoral Central?», le espetó a Casado.

En este contexto, el Gobierno se prepara para una legislatura dura en la que tendrá que pelear a tumba abierta cada votación en el Congreso. El debate de investidura terminó ayer con 167 votos a favor de la proclamación de Pedro Sánchez y 165 en contra, una victoria pírrica que en segunda votación daría el martes la Presidencia del Gobierno al candidato socialista gracias a 18 abstenciones. Ese escenario se repetirá para votar leyes fundamentales como los Presupuestos Generales del Estado. Cada voto contará, cada ausencia será crucial, cada apoyo político se pagará a precio de oro, como ha hecho el PSOE con la investidura.

Fuentes del Gobierno en funciones confirman que Esquerra Republicana de Cataluña aún no ha dado luz verde a las cuentas de PSOE y Unidas Podemos, que ya tienen cerrado ese proyecto. «Todo va a costar mucho», admiten los negociadores socialistas, que también auguran una oposición feroz por parte del PP, alentado por Vox. Como ejemplo, lamentan la manifestación por la unidad de España que este sábado se celebró en Madrid y que llegó a las puertas del Congreso.

Con esta tensión inaugura el Congreso una legislatura incierta, pendiente de las cesiones al independentismo catalán y de los próximos comicios en la comunidad autónoma, que pueden saldarse con un tripartito de ERC, PSC y En Comú Podem, si salen adelante los planes de Sánchez, Iglesias y Miquel Iceta.

El independentismo catalán continúa siendo así el eje de la política española, como viene ocurriendo desde 2012, en el primer mandato de Mariano Rajoy, cuando la antigua convergencia abandonó el catalanismo y apostó por el separatismo tras la pérdida de apoyo social que sufrió por la crisis económica y la corrupción política.

Así lo dejó claro en su intervención el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. «Dijimos que sentaríamos a España en una mesa de diálogo y es lo que hemos hecho». «Si no hay mesa, no hay legislatura. ERC ya lo ha hecho antes y puede volver a hacerlo», amenazaba, contundente, ante la atenta mirada de Sánchez y su bancada, a los que recordó cómo tumbó el Gobierno en febrero del año pasado al negarse a apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

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