Política 'EL INDEPENDIENTE' ACCEDE AL CONTENIDO DE LA NORMA QUE REGULA LOS GASTOS RESERVADOS

Una orden secreta permite a la Policía pagar en 'B' a confidentes sin ningún control

La instrucción que dictó el ministro Belloch en 1995 para gestionar los fondos reservados permite pagar a los colaboradores policiales sin autorización judicial, sin que quede rastro de sus identidades y sin tener que comunicar qué información facilitan

logo
Una orden secreta permite a la Policía pagar en 'B' a confidentes sin ningún control
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consulta un documento en su escaño del Congreso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consulta un documento en su escaño del Congreso. EP

Resumen:

La orden secreta que el Ministerio de Justicia e Interior dirigido por Juan Alberto Belloch implementó para gestionar los fondos reservados y el régimen de los confidentes -plenamente vigente en la actualidad- permite pagar a los colaboradores policiales sin necesidad de autorización judicial previa, sin que quede constancia en ningún documento oficial de las identidades de los que reciben esos abonos en ‘B’, sin que los funcionarios tengan la obligación de comunicar qué información facilitan y sin que ésta tenga que estar vinculada necesariamente a una operación determinada.

El Independiente ha tenido acceso al contenido de la instrucción interna que el ministro Belloch aprobó el 12 de septiembre de 1995 para establecer las normas de gestión y control de los fondos reservados y que permaneció oculta hasta mayo de 2019. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo requirió dicho documento al Ministerio del Interior en el marco de la pieza separada Kitchen, lo que obligó al Consejo de Ministros a desclasificarlo previamente.

La norma veía la luz justo cuatro meses después de que el Gobierno aprobara una ley que, por primera vez en España, regulaba la utilización y control de los créditos destinados a los gastos reservados. Fue un año después de que El Mundo desvelara el cobro ilegal de sobresueldos por parte de altos cargos de Interior a costa de dicha partida, entre ellos el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

En su artículo 6, la citada ley obligaba a los titulares de Defensa; Justicia e Interior (hoy desgajados en dos) y Asuntos Exteriores -los tres únicos departamentos autorizados al pago de este tipo de gastos para la defensa y seguridad del Estado- a dictar las normas internas que fueran necesarias para garantizar que los fondos se destinen a financiar las citadas actuaciones y no se desviaran. Esa orden debía contar con el preceptivo informe favorable de la Intervención General del Estado.

La instrucción aprobada por el macroministerio que dirigió Belloch (1994-1996) -en el que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, estaba al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad- reguló el pago a colaboradores policiales, distinguiendo entre «fijos» y «ocasionales». De forma expresa, el texto venía a amparar «los pagos directos, comidas, consumiciones y regalos» que pudieran recibir aquéllos por proporcionar «información esporádica» o «con motivo del desarrollo y seguimiento de una operación concreta».

La orden la dictó el ministro Belloch en 1995 y permite pagar sin que quede rastro de las identidades de los confidentes y sin tener que comunicar la información que dan

La redacción de esta orden comunicada abonaba la opacidad y la falta de fiscalización, dado que no establecía la obligación de comunicar ni a los altos mandos policiales, ni a los responsables políticos del Ministerio del Interior, ni a la Fiscalía, ni tampoco al juez quiénes son los confidentes a los que se entregan recursos públicos ni por qué información se les recompensa económicamente.

En el caso de los colaboradores fijos, la norma respalda que tan sólo aporten «información variada» para el «incremento de la inteligencia básica», sin necesidad de que los datos guarden relación con una determinada operación policial que estuviera en marcha ni que formen parte de una investigación judicial.

La orden tampoco plantea la exigencia de que la captación y pago a los confidentes cuente con la autorización previa de responsables policiales o políticos de Interior y no limita dicha cooperación a la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado, por lo que abría la posibilidad a pagar por cualquier información de interés policial. Ni siquiera detalla los requisitos de idoneidad que debían reunir aquéllos para prestar ese servicio, por el que el Estado habrá abonado decenas de millones de euros en los últimos 25 años.

Justificación del gasto

De la identidad de los informadores policiales tampoco queda rastro ni siquiera en la fase de justificación del gasto, al reseñarse en la contabilidad de los fondos reservados un concepto genérico -«colaboradores fijos» o «colaboradores ocasionales»- y desglosarse por operaciones con un nombre en clave.

Casi 25 años después de su aprobación, esta orden comunicada continúa en vigor en el ámbito del Ministerio del Interior, el departamento gubernamental que más fondos reservados consume al depender de él la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este diario no ha podido confirmar si Defensa -al que ha estado adscrito la mayor parte del tiempo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- y Asuntos Exteriores han modificado las normas internas que debieron dictar en cumplimiento de lo que establecía la ley de 1995.

La investigación que dirige el juez Manuel García-Castellón en el marco de la Operación Kitchen ha puesto nuevamente el foco sobre la gestión de los fondos reservados, trasfondo de uno de los grandes escándalos de corrupción que estallaron en la etapa final del felipismo. Por aquellos hechos, la Justicia condenó a penas de entre siete y cuatro años al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, al ex director general de la Policía José Manuel Rodríguez Colorado y al ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal como autores de un delito de malversación de caudales públicos.

Pagos al antiguo chófer de Bárcenas

La investigación en marcha del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ha permitido acreditar que Sergio Ríos Esgueva -antiguo chófer de Luis Bárcenas- recibió 48.000 euros de dichos fondos por ofrecer información que permitiera a la Policía localizar el dinero que el ex tesorero del PP amasó con las mordidas cobradas a adjudicatarios de contratos licitados por administraciones públicas gestionadas por el PP y quiénes eran las personas que utilizó como testaferros.

Junto a Sergio Ríos, en esta pieza separada del caso Tándem se encuentran imputados también el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino; el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño; el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre otros.

Comentar ()