PP y Vox han exigido este jueves al Gobierno que identifique a la docena de expertos del Ministerio de Sanidad que se encargarán de valorar junto con los responsables de salud pública de las Comunidad Autónomas qué provincias, islas u otras áreas geográficas cumplen o no los requisitos para avanzar en la relajación de las restricciones impuestas por el estado de alarma, como prevé el plan de transición por fases diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«La sociedad tiene derecho a saber quién conforma ese comité científico. No es de recibo que nos digan que es algo secreto», ha denunciado la portavoz popular en la Comisión de Sanidad, Cuca Gamarra, durante la comparecencia semanal del ministro Salvador Illa, a quien ha advertido de que está obligado por ley a hacer públicos estos nombres.

La diputada ha citado en concreto la Ley de Transparencia (artículo 13) y la Ley General de Salud Pública que, en su artículo 11, ha leído la diputada, dice que es obligatorio hacer pública la composición de los comités que evalúen acciones.

También el representante de Vox Juan Luis Steegmann ha reclamado «luz y taquígrafas» al respecto y que ese comité y sus decisiones sean públicos, como ocurre en Francia. Los españoles tienen derecho a conocer el currículo de estas personas, para que puedan colegir si su futuro está o no «en buenas manos». Y es que Steegman ha indicado que sólo se conoce a tres de ellos porque firmaron unos informes técnicos y eran «tres residentes de Medicina Preventiva, dos de ellos con una encomienda a la empresa Tragsatec». «¿El paso a una nueva era va a ser a través de unos expertos encapuchados?», se ha preguntado, informa Europa Press.

Pese a la petición de información de los diputados, Illa no ha aportado ningún nombre y ha señalado que en la Administración pública la responsabilidad recae en los altos cargos, que son los que en última instancia van a emitir los informes correspondientes. Tampoco quiso hacerlo el miércoles el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cuando se le preguntó en rueda de prensa y rechazó identificarlos para que «puedan trabajar con la suficiente libertad» y evitar presiones por parte de «la sociedad» y de «los medios de comunicación».

El diputado de Vox también ha pedido la dimisión de Simón, pero el ministro Illa ha reafirmado su confianza en él afirmando que, si estuviera en su mano, le volvería a nombrar para el mismo puesto, en el que está desde el año 2012.

El ministro ha puesto el acento en que la decisión sobre el paso a la siguiente fase de los diferentes territorios en función de las peticiones que han hecho llegar al Gobierno las Comunidades Autónomas se tomará de forma conjunta (entre el Gobierno y las CCAA) y buscando que la decisión sea «prudente». «Yo no voy a imponer nada», ha asegurado, después de que el Gobierno aceptase una enmienda del PNV en la última prórroga del estado de alarma que fuerza al Ejecutivo a tomar esta decisión junto con el Gobierno autonómico.

«La sociedad tiene derecho a saber quién conforma ese comité científico. No es de recibo que nos digan que es algo secreto», ha denunciado la portavoz popular

En la redacción original de la solicitud de prórroga redactada por el Gobierno, aprobada el martes en el Consejo de Ministros, se permitía ya a las CCAA hacer sus propuestas, pero se dejaba claro que la última palabra la tenía Illa, que podía adoptar una decisión sin que coincidiera con los deseos de la administración autonómica.

El ministro ha juzgado «clave» la coordinación con las CCAA en la llamada fase de desescalada y ha apelado también a la «responsabilidad individual» de la ciudadanía como elemento fundamental para tener éxito, llamamiento al que se ha sumado el representante de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

Pese a las peticiones de la diputada del PP para poner fin «cuanto antes» a la restricción de libertades que supone el estado de alarma, Illa ha reiterado una vez más que este instrumento se hace imprescindible durante todo el proceso de la desescalada, en tanto en cuanto se tenga que seguir restringiendo la movilidad de las personas, un vector fundamental en la transmisión del virus.

Illa ha sido incapaz de ser más preciso en el calendario porque desconoce como va a evolucionar la epidemia, si habrá algún rebrote o no. Según los cálculos optimistas del Gobierno, a finales de junio España podría concluir esta fase de transición y entrar en la llamada «nueva normalidad» donde ya no sería en principio necesario el estado de alarma, pero sí seguir manteniendo ciertas normas de distanciamiento social y esmerar la higiene.

Cuando se alcance la ‘nueva normalidad’ y el país pueda abrir de nuevo sus fronteras y vuelva a ser un destino atractivo para el turismo, el ministro Illa se ha mostrado partidario de «tomar medidas» para impedir la entrada en España de «casos importados» que pudiesen «poner en peligro» los logros alcanzados en el control de la epidemia.

También en respuesta a la portavoz ‘popular’, que ha denunciado «el estado de estrés y ansiedad» al que somete el Gobierno a la población con sus órdenes publicadas tan sólo minutos antes de que entren en vigor, Illa ha reconocido que en ocasiones el Ejecutivo no ha informado a la ciudadanía de las medidas con suficiente antelación y se ha comprometido a trabajar para mejorar esto.