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La guerra por la gestión de las residencias en Madrid recrudece la crisis de Gobierno

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. EFE

Más de 6.000 personas han fallecido en las residencias de la Comunidad de Madrid por coronavirus -sólo 1.268 diagnosticadas con un test PCR- desde que comenzó la pandemia hace ya tres meses. La gestión de estos centros ha sido uno de los agujeros negros de la crisis en la región, en que se han sucedido acusaciones mutuas entre la Consejería de Políticas Sociales que dirige Alberto Reyero (Ciudadanos) y la de Sanidad que ostenta Enrique Ruiz Escudero (PP) sobre a quién corresponde la responsabilidad y las presuntas negligencias cometidas en estos centros durante la crisis.

Si la confianza entre los socios de Gobieno de la Comunidad de Madrid estaba en horas bajas, las últimas revelaciones en torno a las competencias en materia de los centros sociosanitarios ha hecho encender la mecha y poner al ejecutivo madrileño -de nuevo- al borde de la ruptura.

La escalada de tensión entre Reyero y Escudero comenzó a principios de esta semana, cuando el consejero de Ciudadanos, en el marco de una comisión en la Asamblea de Madrid, dio un golpe encima de la mesa y acusó al PP de haber cometido acciones presuntamente ilegales, concretamente por haber dictado una orden que apuntaba a no trasladar a ancianos en estado grave de residencias a hospitales durante el peor momento de la pandemia, expedida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cuando esta asumió el mando único de la gestión de las residencias a finales del pasado mes de marzo.

Aseguraba Reyero que en su momento se mostró «radicalmente en contra» de los criterios recogidos en estos protocolos, y que los protocolos se distribuyeron «en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales». «La derivación debe basarse en criterios médicos, pero no por el grado de dependencia. No es ético y, posiblemente, no sea legal. Si no era posible derivar, habría que haber medicalizado las residencias», afirmaba el consejero, que abría definitivamente un cisma con el equipo de Isabel Díaz Ayuso promoviendo la apertura de una comisión de investigación sobre las muertes en las residencias madrileñas.

El PP se defendió entonces alegando que los protocolos que mencionó Reyero no eran sino un «borrador que se corrigió» y que «sólo planteaban casos terminales a los que se debía dar el mismo tratamiento en su residencia». «Si preguntamos a los geriatras, nos dirán que el único problema fue que las ambulancias no llegaban en ciertas ocasiones», afirmaba el lunes la diputada parlamentaria popular en la Asamblea, Dolores Navarro.

Las declaraciones de Reyero, apoyadas sin reparos por el equipo de Ignacio Aguado, sentaron como un jarro de agua fría en el tejado de los populares, teniendo en cuenta que Ayuso libraba otra batalla interna con su vicepresidente, quien había organizado una reunión con la oposición sin contar con el respaldo de la presidenta regional. El mismo día de las declaraciones, Ayuso negó la posibilidad de abrir una comisión de investigación porque, aseguró, implicaría «politizar el dolor» de la pandemia.

Escudero defiende que se envió un borrador «por error» y Cs alega que es un protocolo oficial porque lleva una firma digital

Por su parte, Escudero se ha defendido de las críticas de parte de sus socios reconociendo que, si bien a principios de marzo se envió «por error» a los centros sociosanitarios un borrador en que se desaconsejaba la derivación de ancianos a hospitales que, finalmente y según su criterio, no ha primado a la hora de tomar decisiones en estos centros. «Ha habido hasta seis versiones del protocolo», sostenía ayer Ruiz Escudero en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Según el consejero, los protocolos definitivos se enviaron el 25 de marzo, poco después de que Sanidad asumiese el mando único de las residencias, y en todos ellos han primado criterios «única y absolutamente clínicos» con el consenso de todos los coordinadores de Geriatría, en los que además se instaba a valorar individualmente los casos.

Tal y como ha publicado Infolibre y confirman fuentes del ejecutivo madrileño, en Ciudadanos destacan que la polémica orden era oficial porque «llevaba una firma digital» y «los borradores no se firman», mientras que en el PP se defienden insistiendo en el carácter no vinculante del documento enviado por error. Esa firma es la de Carlos Mur, ex director de coordinación socio-sanitaria, que fue cesado durante la reestructuración de la consejería de Sanidad tras la salida de Yolanda Fuentes.

En sendas entrevistas en la mañana de este viernes, Escudero ha defendido que se han realizado cerca de 9.600 traslados de residencias a hospitales y se han medicalizado 230 residencias, actuando siempre «bajo criterios clínicos» haciendo «lo humanamente posible» por la salud de nuestros mayores.

Emails comprometidos

La cordialidad entre ambos consejeros ha saltado definitivamente por los aires este viernes, después de que El País publicase unos correos internos enviados por Reyero a Escudero en que el consejero naranja expresaba su preocupación sobre la situación en los geriátricos y pedía ayuda al dirigente del PP para evitar que «muchos residentes fallecieran de forma indigna». Subrayaba además Reyero que negar auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad implicaría incurrir «en una discriminación de graves consecuencias legales».

La publicación de estos escritos se produce después de que Reyero haya asegurado en los últimos días que manifestó su disconformidad por escrito sobre el modo de actuar del consejero de Sanidad en otras ocasiones: el 22 de marzo -fecha de los mails-; el 31 de marzo y el 11 de abril. Como ha confirmado el propio Reyero, ninguna de estas comunicaciones obtuvo respuesta.

Y el cruce de acusaciones entre ambas consejerías no ha quedado ahí. El diario El Mundo publica, por contra, que la Consejería de Políticas Sociales envió los mismos criterios de hospitalización que Reyero considera ahora «ilegales» en al menos tres ocasiones a residencias y profesionales del sector, dando instrucciones de no hospitalizar a ancianos terminales.

«Traición» y «fariseísmo político»

Las filtraciones desde ambos frentes han causado un gran revuelo político en la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero ha concedido en la mañana de este viernes hasta tres entrevistas a los medios de comunicación, en los que ha llegado a tildar de «traición» que la Consejería de Políticas Sociales haya filtrado a la prensa correos electrónicos internos.

Además de contradecir a Reyero insistiendo en que la polémica orden nunca llegó a aplicarse, Escudero ha calificado la actitud de su compañero de «un fariseísmo político la verdad que sorprendente». «Podría haber llamado por teléfono. Es todo bastante más sencillo y no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo Gobierno», destacaba en una entrevista para Onda Madrid al tiempo que negaba la mayor sobre el «aislamiento» de Ciudadanos en la gestión de la crisis porque se han llegado a mantener 21 reuniones con la Consejería a las que Reyero «no ha acudido ni una sola vez».

La polémica ha llegado hasta el Tribunal Supremo, al hilo de una querella presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de 26 familiares de internos en residencias de mayores. Como Reyero, denuncian el presunto veto por parte del Gobierno regional a la hospitalización de ancianos, y le atribuyen delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio.

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