Cinco autonomías no se fían y renuncian a la 'macrocompra' centralizada de Sanidad

Cinco comunidades autonómas no se fían y se han desmarcado del acuerdo marco promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a cabo una 'macrocompra' de material sanitario que les permita disponer de reservas estratégicas en los dos próximos años ante nuevas oleadas de coronavirus y ahorrar dinero por economías de escala.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -dependiente del Ministerio de Sanidad- ha publicado este miércoles en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio por el que abre plazo para que los suministradores puedan ofertar por 11 tipos de productos. La operación puede alcanzar los 2.431,79 millones de euros (2.009,74 millones si se excluye el IVA).

Según se detalla en el pliego de cláusulas administrativas que regulará el procedimiento, se han adherido un total de 12 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por contra, han renunciado a aprovisionarse por esta vía cinco gobiernos de distinto signo político. En concreto, se trata de Cataluña (Junts per Catalunya); País Vasco (PNV); Galicia y Murcia (PP), y Comunidad Valenciana (PSOE).

Por el contrario, sí participa la Comunidad de Madrid, que ha mantenido sonoros desencuentros con el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la fase aguda de la pandemia a cuenta de la falta de material para luchar contra la covid-19. Excepto los test moleculares para la detección del material genético del virus (PCR) y los kits de extracción de ácidos nucleicos, el Gobierno de Díaz Ayuso se ha sumado a esta iniciativa para hacer acopio de los nueve productos restantes: varios tipos de mascarillas (quirúrgicas, FFP2 y FFP3) y de batas (quirúrgica de prestaciones estándar y alta y contra agentes biológicos), guantes de nitrilo y gafas de protección. Quedan fuera del contrato otros artículos de uso frecuente, como geles hidroalcohólicos e hisopos para la toma de muestras.

No ha sorprendido que Galicia haya renunciado a suscribir este acuerdo marco, a la vista de las constantes críticas que el presidente Alberto Núñez Feijóo ha lanzado al Gobierno por la falta de distribución de mascarillas y de otros elementos de protección para luchar contra la covid-19, así como la escasa fiabilidad de algunos de los artículos adquiridos por el Ejecutivo (caso de los test rápidos).

Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia no se han adherido a esta operación de compra centralizada

Al inicio de la pandemia, el Ministerio de Sanidad centralizó las compras de material a nivel nacional, lo que obligó a suspender muchos de los pedidos que ya habían negociado las comunidades y agravó el problema de suministro. Al departamento dirigido por el catalán Salvador Illa no le quedó más remedio que dar marcha atrás días después y autorizar que los gobiernos regionales pudieran también proveerse por sí mismos.

Responsables de servicios de compras autonómicos con los que ha hablado este diario consideran que el atractivo del acuerdo estriba en la seguridad que les ofrece a la hora de reforzar las provisiones estratégicas de productos con mayor dificultad de suministro -caso de los guantes por la escasez mundial de nitrilo- pero no por los importes en los que se han tasado muchos de los artículos. Según aseguran, algunas de las referencias incluidas en esta operación los están adquiriendo ellos a precios mucho más bajos.

El ejemplo más gráfico es el de las mascarillas quirúrgicas desechables, que se han valorado en 0,90 euros la unidad (IVA incluido). Si se adjudicara finalmente a ese precio, posibilidad prácticamente imposible debido a la competencia que habrá, se estaría comprando a tan sólo seis céntimos menos de lo que lo haría un ciudadano si acude a una oficina de farmacia pese a la notoria diferencia de volumen.

Defensa e Interior se suman

Sea como fuere, sólo Canarias, Extremadura, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han mostrado interés por los productos que integran los 11 lotes que salen a licitación. En el otro extremo se sitúa Andalucía, que adquirirá a través de esta vía solamente guantes de nitrilo y mascarillas FFP3. Ésta son de las más caras del mercado al tener que garantizar una eficacia de filtración mínima del 98 %.

El acuerdo marco, que se tramitará por el procedimiento de emergencia como todas las contrataciones relacionadas con la covid-19, no sólo se ha ofrecido a las autonomías. También se han podido sumar otros departamentos de la Administración del Estado, si bien tan sólo lo han hecho finalmente dos: Defensa e Interior. Son dos de los organismos ministeriales que han tenido que hacer importantes desembolsos durante la crisis para poder suministrar medios de protección a profesionales que han estado en primera línea: militares, policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de prisiones.

Las estimaciones del INGESA apuntan a unas necesidades de 3.689 millones de unidades de 11 productos diferentes en los dos próximos años. De ese volumen, el 76,6 % (2.828 millones) corresponden a guantes de nitrilo y 502,73 millones a mascarillas quirúrgicas. El número de batas se ha cuantificado en 229,47 millones.

En cuanto al valor estimado de los productos, el lote de mayor cuantía es el correspondiente a las mascarillas quirúrgicas con 377,05 millones de euros. Le siguen el de las batas quirúrgicas de prestación alta (359,98 millones), el de los guantes de nitrilo (296,43 millones) y el de las batas quirúrgicas de prestación estándar (272,39 millones).

El Ministerio de Sanidad ha informado de que, al tratarse de un procedimiento agregado para todo el Estado, la compra unificada de material médico fungible e indumentaria de protección puede generar un ahorro de unos 300 millones de euros.

Las empresas interesadas en el suministro de estos artículos disponen hasta las 15 horas del próximo 31 de julio para registrar sus solicitudes y manifestar su intención de optar a uno o varios lotes. Deberán presentar la documentación acreditativa de que los artículos cumplen los requisitos técnicos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas, un certificado relativo a ausencia de conflicto de intereses, declaración responsable y su propuesta económica, fijándose el precio como principal criterio de adjudicación.

Aclaración:
La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha precisado a este diario tras publicarse la noticia que no se ha adherido al acuerdo marco porque el Ministerio de Sanidad no les ha ofrecido dicha posibilidad.