Política 'CASO DINA'

El juez reunirá indicios contra Iglesias aunque la Policía rechace que dañó la tarjeta de su asesora

La declaración del abogado expulsado del partido, José Manuel Calvente, podría abrir la vía para que Manuel García-Castellón solicite al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno por presunta denuncia falsa

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El juez reunirá indicios contra Iglesias aunque la Policía rechace que dañó la tarjeta de su asesora
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón

Resumen:

La Policía Científica ha concluido en un informe entregado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que la tarjeta móvil de Dina Bousselham, la exasesora Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, sufrió daños compatibles con los realizados por una empresa de recuperación de dispositivos electrónicos en Gales (Reino Unido).

De esta manera, los investigadores descartan en el informe que fue solicitado por el propio instructor que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, dañara el dispositivo con un volcado del móvil de su asesora, incluyendo fotos íntimas suyas, durante el tiempo que estuvo en sus manos sin entregarlo a su dueña. Alejan, por tanto, los indicios de un presunto delito de daños informáticos que el instructor pensaba elevar al Tribunal Supremo -ante el que Iglesias está aforado- para proponer que se le investigara.

Sin embargo, el juez ya ha abierto otra vía por la que podría reunir indicios de presunta denuncia falsa contra Iglesias y pedir igualmente al alto tribunal su imputación. Una vía para la que la declaración como testigo de José Manuel Calvente, abogado expulsado de Podemos que presentó una denuncia contra el partido convertida ya en una investigación por presuntas irregularidades en un juzgado de Madrid, será clave. García-Castellón le ha citado el próximo 2 de septiembre y le pedirá que aclare por qué dijo que la denuncia del robo de Dina fue «un montaje» y le despidieron por destaparlo.

El informe policial citado, cuyo contenido ha adelantado el diario El Español, expone que los daños de la tarjeta se correspondían con un «exceso de lijado» realizado por el laboratorio de Gales al que Bousselham, a través de su pareja, Ricardo Sa Ferreira, recurrió para que desbloquearan la tarjeta y poder recuperar así su contenido.

El juez valora si viajar a Gales o no

Después de recibir el informe de la Sección de Ingeniería Informática Forense, el juez del caso Villarejo valora si mantener o descartar el viaje que tenía previsto, a principios de septiembre, a Gales. Precisamente pretendía reunir más detalles del procedimiento utilizado para recuperar el contenido de la tarjeta de Dina Bousselham porque la explicación que dio la compañía sobre los daños que sufrió, coincidente con lo que dice la Policía Científica, no le dejó conforme.

La pieza Dina, dentro del caso Villarejo, dio un vuelco cuando el instructor comenzó a sospechar que el líder de Podemos pudo instrumentalizar la denuncia del robo del móvil de su asesora para obtener un rédito político, obstaculizando la labor de la Justicia para aclararlo. De ahí que le retirara la condición de perjudicado en el caso y reúna ahora indicios contra él para proponer que se le investigue.

En dicha causa, García-Castellón comenzó a investigar la relación del robo del móvil de Bousselham con la aparición de una copia del volcado de éste en el registro de la casa del comisario Villarejo. Puesto que parte del contenido del móvil (entre ellos conversaciones de miembros de Podemos en las que participó Iglesias haciendo comentarios machistas contra una presentadora de televisión) aparecieron publicados en julio de 2016 en el digital Okdiario, el juez comenzó investigando si se trató de una acción para perjudicar a Iglesias y si Villarejo filtró dichos mensajes. De ahí que, como también interesó la Fiscalía Anticorrupción, les diera a Bousselham e Iglesias la condición de perjudicados y tomara declaración al líder de Podemos.

Éste relacionó los hechos con una trama de las cloacas policiales del Estado, orquestadas por el Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy, para perjudicarle. Dijo que no le habría extrañado que Villarejo estuviera detrás porque los mensajes se publicaron cuando las encuestas le situaban como segunda fuerza política y que hubo otras acciones para dañarle como la filtración del falso informe policial Pablo Iglesias S.A (PISA) sobre supuestas cuentas opacas suyas en el extranjero.

El juez escuchó la versión de Iglesias y la agradeció, pero su investigación dio un giro cuando descubrió que en realidad Iglesias recibió una copia de la tarjeta de Bousselham seis meses antes de que llegara a manos de Villarejo y que ella misma compartió con terceras personas los pantallazos de conversaciones que se publicaron en prensa.

En ese momento, vio diluida la posibilidad de que Villarejo fuera el único filtrador y le retiró la condición de víctima. Comenzó a sospechar que éste utilizó la causa políticamente, y eso podría constituir un delito de denuncia falsa aunque él no presentara la denuncia por el robo. De ahí que la declaración del próximo 2 de septiembre del abogado Calvente sea importante para el instructor, pues en ella puede encontrar nuevos indicios contra Iglesias.

Bousselham también pide volver a las ‘cloacas’

Este lunes, la abogada de Dina Bousselham, Marta Flor Núñez, presentó al juez un escrito en el que solicita volver a la línea de investigación relacionada con las cloacas del Estado en la que insiste Podemos y evitar así una «doble victimización de su cliente».

La representante legal de la exasesora de Iglesias se basa en la declaración de los investigados de la causa, el propio Villarejo y los periodistas de la revista Interviú que entregaron al comisario una copia del volcado de su tarjeta móvil, Alberto Pozas y Luis Rendueles, para pedir las declaraciones de exaltos mandos policiales, entre ellas la del director de la Policía, Ignacio Cosidó.

En este sentido, da credibilidad a la versión de Villarejo, que dijo que entregó la copia de la tarjeta a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, y a los periodistas imputados por presunta revelación de secretos porque afirmaron que dieron la tarjeta a Villarejo como un requerimiento policial.

En la misma línea que Podemos, Bousselham se basa en estas declaraciones para afirmar que sí pudo huber una campaña parapolicial contra Podemos. Su abogada dice que aclarar el origen y la intencionalidad tras el robo evitaría su «doble victimización». «Corresponde la adopción de diligencias relacionadas con el origen de la incautación de la copia del material sustraído en el registro realizado al Sr. Villarejo, ajenas a quienes fueron víctimas de la inicial actuación delictiva mediata y la posterior nueva actuación delictiva, para evitarse una doble y nueva victimización de los mismos», argumenta en el escrito al que ha tenido acceso este diario.

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