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El juez imputa al ex ministro Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas

Rechaza citar como investigada a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz

El juez que instruye el caso Villarejo ha imputado al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz para determinar su responsabilidad en el presunto dispositivo que el Gobierno puso en marcha en 2013, utilizando recursos del Estado, para espiar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y recuperar documentación comprometedora para altos cargos de dicho partido en sus manos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, da este paso después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción. Ésta considera que Fernández Díaz pudo cometer delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y descubrimiento y revelación de secretos.

El juez rechaza de momento la citación como investigados de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Condiciona esta diligencia a la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que en su primera citación se acogió a su derecho a no declarar y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial. El juez vuelve a citarle el próximo 29 de octubre. Jorge Fernández Díaz, por su parte, tendrá que comparecer el día 30.

Además de las citaciones de investigados, el juez también ha acordado tomar declaración como testigos al exdirector de Comunicación del Ministerio de Interior, Juan José esteban; al sacerdote y persona de confianza de Fernández Díaz, Silverio Nieto; al exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas y a la funcionaria próxima también al exsecretario de Estado, Icíar Castro Álvarez.

Entre los indicios reunidos por los investigadores en la causa contra Fernández Díaz se hallan cuatro mensajes SMS que envió a Francisco Martínez dándole instrucciones claras para espiar a Bárcenas.

En el «centro nuclear»

En su auto, el magistrado considera que resulta «necesaria, útil y pertinente la comparecencia del que fuera ministro del Interior, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”.

En la etapa de Fernández Díaz al frente del departamento, el Ministerio del Interior pagó 48.000 euros en fondos reservados al ex chófer de Bárcenas (Sergio Ríos Esgueva), a razón de 2.000 euros al mes durante dos años. Los policías investigados han defendido ante el juez que fue a cambio de información que ayudara a conocer dónde escondía el dinero el antiguo tesorero de los populares, motivo por el que sostienen que se puso en marcha la operación, pero dicen que ésta fue oficial y no se llamó Kitchen. Los investigadores, en cambio, llegan a la conclusión tras los indicios reunidos hasta el momento de que se trató de un operativo no sólo al margen de la ley, sino que buscaba sacar de circulación documentos que relevantes para el juez Pablo Ruz que comenzó a investigar la caja B del PP en el caso Gürtel.

Precisamente García-Castellón considera que de los audios requisados al comisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, así como de los mensajes transcritos y de la documentación incautada se extrae la participación y conocimiento del ministro de Interior en el dispositivo.

Así, considera especialmente revelador de la importancia de la excúpula del Ministerio en el desarrollo de esta operación el pago a Sergio Ríos de cantidades mensuales abonadas al parecer con cargo a los fondos reservados, lo que según el instructor, “evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores del organismo”. El magistrado añade el hecho de que Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, obtuviera una plaza como funcionario de Policía -a la que accedió con 42 años y después de que tuviera lugar el supuesto operativo Kitchen– tras superar un proceso de oposición, extremo que requería necesariamente de la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el Ministerio, según el instructor.

Grupo «parapolicial»

Los hechos que se investigan tienen su origen en 2013, cuando miembros de la Policía Nacional, a los que la Fiscalía se refiere como grupo «parapolicial» pusieron en marcha un dispositivo para intentar averiguar dónde ocultaba el dinero Luis Bárcenas, quiénes eran sus socios y cuáles eran sus testaferros, según defendieron ante el juez los investigados. Para el Ministerio Público, la operación tenía como objetivo recuperar documentos que comprometían a altos cargos del PP.

Cuando declaró ante el juez, el comisario principal Enrique García Castaño El gordo -ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y ya jubilado- aseguró que le dio al secretario de Estado de Interior un lápiz de memoria con el volcado de dos dispositivos de Bárcenas que le había entregado el chófer.

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