La legislatura podría quebrarse en cualquier momento, porque ya el Gobierno camina sobre arenas movedizas, porque ya no tiene el control de la agenda, porque la agenda se la marcará la evolución de la investigación judicial del caso Koldo y las derivadas que vaya provocando la caída de Santos Cerdán como número tres del PSOE por los indicios sólidos que hay de que él fue el jefe de una presunta trama criminal corrupta. Pero lo que tiene al menos claro la Moncloa es que los socios no van a abandonar a Pedro Sánchez. Ni le darán la espalda, aseguran, ni apoyarán una moción de censura presentada por el PP. Y algo más relevante: no pueden subir el precio de su respaldo al presidente, porque ya está en máximos y para los socialistas no es asumible. "Más no puede elevarse", defienden.

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El presidente ya subrayó el lunes en su comparecencia ante los medios que creía contar con la mayoría parlamentaria que le invistió presidente en noviembre de 2023. Y que si PP y Vox están "tan convencidos" de que no dispone ya de ella, que le presenten una moción de censura. Lo que no va a forzar Sánchez es una cuestión de confianza, un instrumento que presenta bastantes más riesgos y que en realidad es más incómodo para los aliados, porque les obligaría a tener que reconfirmar su apoyo al líder socialista en una votación aislada. Prestar su apoyo no a una iniciativa del Gobierno, sino dar un sí a Sánchez. En un momento en el que los socios, a izquierda y derecha, quieren marcar distancias, poner tierra de por medio, alejarse de un Ejecutivo que proyecta una imagen más tóxica por la presunta corrupción.

Sánchez ya se ha visto con Sumar y con Junts, y este miércoles se entrevista en la Moncloa con los portavoces de ERC, Bildu, PNV y CC. No quieren participar de la ronda ni Podemos ni BNG

Durante el fin de semana, la Moncloa mantuvo contactos con sus socios —ERC, por ejemplo, reconoció públicamente que su jefe, Oriol Junqueras, habló con el presidente del Gobierno— y en esta semana el propio Sánchez encabeza las reuniones con ellas. Con foto o sin ella. El lunes se vio con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y referente de Sumar —que consideró "insuficientes" sus explicaciones y pidió acabar con los aforamientos y vetar en las administraciones públicas a las empresas que pagan mordidas—, y recibió este martes a Jordi Turull, secretario general de Junts, y a la portavoz de la formación independentista en la Cámara baja, Míriam Nogueras, que le reclamaron garantías de que cumplirá con los acuerdos de investidura. Este miércoles, las entrevistas continuarán en el complejo presidencial: Sánchez se verá con Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta (EH Bildu), Maribel Vaquero (PNV) y Cristina Valido (Coalición Canaria). Podemos y BNG han rehusado participar en los encuentros, porque entienden que la cita es un intento del PSOE de "blanquear" su corrupción.

La previsión de la Moncloa es que las cosas no cambien con el bloque de investidura. Que todo "siga como está", pese a que todos han aumentado la presión, exigiendo más explicaciones al presidente. De hecho, este martes los socialistas irritaron a sus socios en la Junta de Portavoces al plantear que Sánchez comparezca en la Cámara baja el próximo 9 de julio, y no antes, por su agenda internacional. El PP intentó que acudiera al pleno esta misma semana —más allá de la sesión de control de este miércoles—, pero el PSOE, con el apoyo de Bildu, se opuso. Para modificar el orden del día se necesita la unanimidad, que obviamente no se consiguió.

Hay que recordar que tenemos muchas leyes paradas ahora mismo en el Congreso bien porque nos plantean cosas inasumibles o bien porque plantean cuestiones contradictorias entre ellos, como nos sucedió con la reforma fiscal", recuerdan en el Ejecutivo

En el Ejecutivo no hay síntomas, al menos por ahora, de alerta. "El bloque de investidura no quiere que el Gobierno acabe". Y es que creen que el pegamento que cohesiona a todos los socios es el enemigo común, la suma de PP y Vox. ¿Teme el equipo del presidente que los aliados parlamentarios acaben elevando el precio a cambio de su respaldo? "¿Más? Más no lo pueden elevar. Hay que recordar que tenemos muchas leyes paradas ahora mismo en el Congreso bien porque nos plantean cosas inasumibles o bien porque plantean cuestiones contradictorias entre ellos, como nos sucedió con la reforma fiscal", responden fuentes muy próximas a Sánchez. Los socialistas son conscientes —y eso explica su rechazo a la cuestión de confianza— de que una renegociación de las condiciones de legislatura con sus socios sería una jugada de altísimo riesgo, porque ahora su situación es de mayor debilidad y, por tanto, el peaje a pagar sería potencialmente mayor.

Dificultades para endurecer la Ley de Contratos

Lo que sí está ofreciendo el presidente a los grupos es que le planteen medidas de regeneración democrática y de refuerzo de la lucha contra la corrupción. Él estará dispuesto a asumir aquellas, dijo, que sean "proporcionales y útiles". En el Ejecutivo están dispuestos, por ejemplo, a revisar la Ley de Contratos del Sector Público para tapar posibles fisuras, aunque ya advierten de que la norma está muy "aquilatada" y es muy exigente. De hecho, apuntan en Hacienda, los alcaldes han pedido en los últimos años relajar algunos puntos, porque "no se puede estrangular la contratación de las administraciones públicas". "La gente nos protesta por el encorsetamiento de la ley", señalan.

En Hacienda señalan que no se puede "estrangular la contratación de las administraciones públicas", y que la ley ya está muy "encorsetada". La corrupción no estaba en las mesas de contratación, sino en los momentos previos o posteriores, dice el Ejecutivo

Y es que en el Gobierno creen que lo que realmente apuntaba la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe de 490 páginas que provocó la caída fulminante del que era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es a un tipo de presunta corrupción "de los años 90, cutre". Es decir, el cobro de presuntas mordidas a cambio de amaños de adjudicaciones públicas. Comisiones ilegales que podían obtenerse no tanto por la manipulación de la adjudicación —lo que habría implicado la participación de los funcionarios que forman las mesas de contratación—, sino de forma más tosca: adelantando a las empresas corruptoras los pliegos de licitación para que conocieran por anticipado las condiciones o bien que estas lanzaran ofertas económicas a la baja para luego poder hacer modificados de obra. Es decir, que el presunto cobro podría acordarse en un momento previo o posterior a la adjudicación.

"Es que un contrato multimillonario, de 500 millones, por ejemplo, tiene 700 ojos. Funcionarios corruptos creemos que no hay. Es decir, no encaja tanto que haya una alteración en la adjudicación del contrato, porque eso supondría la implicación de funcionarios", sostienen. En definitiva, el Gobierno no pondrá pegas a estudiar las propuestas de los grupos, siempre que "no hagan imposible la contratación pública". ¿Puede haber más medidas? "Pues que nos digan cuáles".

A lo que no está dispuesto Sánchez es a ceder piezas por adelantado, así que no hará crisis de gobierno preventivas ni forzará la caída de, por ejemplo, Torres o Armengol: "No nos pueden pedir cosas imposibles"

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, señaló a los periodistas en el Senado que no sabe si hubo o no amaños de adjudicaciones, aunque recordó que el informe policial no dice en ningún momento que la mesa de contratación, "el órgano encargado de la adjudicación, haya cometido ninguna irregularidad". Pero si la UCO apuntara hacia algún procedimiento administrativo "mal hecho", el Gobierno actuará. "Pero mientras eso no ocurra, no vamos a andar especulando", insistió. En el Ejecutivo creen que no tiene sentido abrir otra vez una auditoría en Transportes, el ministerio otra vez en el foco de la sospecha, porque no se detectarían las presuntas mordidas. Estas son visibles, avisan, con pesquisas como las que dirige el Supremo con los agentes. "Las tramas en B solo las pueden ver los juzgados", abundan.

A lo que no está dispuesto Sánchez es a ceder piezas por adelantado. El lunes volvió a cerrar la puerta a cambios en el Ejecutivo, partiendo de la base de que el foco de presunta corrupción se halla en el área de Organización del PSOE, no en el Gobierno, obviando que el amaño de los contratos necesitaba de la participación del Ejecutivo, que es el que tiene la capacidad de licitar obras. Dicho de otro modo: el presidente no va a penalizar a dos personas sobre las que ahora circulan las sospechas, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en ambos casos por su etapa como los respectivos presidentes de Canarias y Baleares. "Los socios no nos pueden pedir cosas imposibles, no podemos decir 'y ahora tú te vas'. No podemos hacer una crisis de gobierno preventiva, no podemos desconfiar por adelantado de la gente, de nuestros equipos. Si no, apaga y vámonos", explican desde la Moncloa.

Un revelador "no lo sé"

Este martes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, respondió con un "no lo sé" a la pregunta de si podía garantizar que no aparecerán nombres del Gobierno implicados en el caso Koldo. Un reconocimiento, otro más, de que los socialistas quedan al albur del avance de las pesquisas judiciales. Una muestra explícita de impotencia. Lo que sí promete el Ejecutivo es que actuará "con absoluta diligencia y contundencia" si vuelve a tener "el más mínimo indicio sólido" de casos de corrupción. Los socialistas quieren subrayar la diferencia de actitud con el PP. Fue lo que recogió Sánchez en su carta a la militancia de este martes: "Nosotros expulsamos a quienes nos fallan, otros los protegen. Nosotros tomamos decisiones rápidas y ejemplarizantes, otros escriben mensajes de apoyo. Nosotros denunciamos las prácticas corruptas, otros las encubren y amparan, valiéndose incluso de policías patrióticas", denunció en su escrito.

Para el Ejecutivo, "lo importante con los socios es ir votación a votación". El siguiente gran hito son los Presupuestos de 2026, que en absoluto están asegurados. Pero, si no los hay, Sánchez pretende aguantar hasta 2027

El Gobierno, por tanto, no ve motivos de preocupación con el bloque de investidura. "Lo importante con los socios es ir votación a votación", resume un ministro. El siguiente gran hito será la negociación de los Presupuestos Generales del Estado: no se aprobaron los de 2024 ni los de 2025, y está más que por ver que prosperen los de 2026, aunque en el círculo del líder indican que se puede aguantar hasta 2027 aun sin nuevas cuentas públicas. Tampoco inquieta la actitud de Podemos, muy beligerante. En la Moncloa son conscientes de que lleva meses marcando distancias, sobre todo por su competencia con Sumar, pero están convencidos de que a la hora de la verdad no darán la espalda al Ejecutivo porque todos los miembros de la mayoría, y en consecuencia también los morados, prefieren que Sánchez siga en la Moncloa.

Tampoco hay palabras demasiado duras de Junts. Los posconvergentes lo que demandan es que se cumplan los acuerdos firmados en Bruselas en noviembre de 2023 y que hicieron posible la reelección del líder socialista. Pero la salida de Cerdán les ha dejado sin interlocutor con el partido del Gobierno. Sánchez les pidió unos días para nombrar a ese nuevo negociador y les aseguró que su voluntad es continuar desplegando el pacto de investidura. Desde la Moncloa añaden que ese nuevo interlocutor no tiene por qué ser el futuro secretario de Organización del partido —cargo para el que aún no hay nombre—, pero en todo caso será un dirigente del PSOE (y de la confianza del presidente), dado que el Ejecutivo, advierten, no puede sentarse a la mesa con Carles Puigdemont aún huido y fuera de España.

El nuevo interlocutor con Junts no tiene por qué ser el futuro secretario de Organización del PSOE, pero sí será un dirigente del partido, y no un miembro del Gobierno, con la confianza del presidente

En el equipo más próximo a Sánchez no trasladan certidumbres. No pueden hacerlo y lo saben. De hecho, reconocen que si el fuego está o no perimetrado lo irá diciendo "lo que vaya saliendo" en las próximas semanas y meses. Y lo que vaya emergiendo también moverá al líder socialista a emprender (o no) más acciones. ¿No proyecta mucha debilidad el Gobierno? "No tenemos otra, no podemos acceder a los informes de la UCO, obviamente. No tenemos capacidad de saber". La Moncloa, igual que el PSOE, se sabe desbordada, vendida ante lo que pueda suceder en los siguientes capítulos de una serie que están viviendo como una pesadilla de la que, en realidad, no sabe si logrará escapar.

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