Solo el 2% de las denuncias por acuerdos ilegales entre empresas en contratos públicos acabaron en multa

La presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), María Luisa Araújo, ha comparecido este martes en el Senado para presentar el último Informe Anual de Actuaciones del organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda. Durante su intervención, Araújo ha revelado que los organismos de defensa de la competencia estatal y autonómicos recibieron en 2024 138 comunicaciones o denuncias por posibles prácticas colusorias dentro de la contratación pública. Es decir, acuerdos entre empresas públicas o privadas destinados a restringir, falsear o impedir la libre competencia en la adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, únicamente dos de estas denuncias acabaron derivando en una sanción.

El embudo de las sanciones: de 138 denuncias a 2 sanciones

La OIReScon es un organismo independiente, creado en 2018, que se encarga de supervisar la aplicación de la legislación en materia de contratación pública. Cada año elabora un informe en el que analiza las principales incidencias detectadas en el sistema de la contratación del sector público. El presentado este martes corresponde al séptimo desde su creación y, entre otros aspectos, detalla cómo evolucionan las denuncias sobre posibles prácticas anticompetitivas.

Del total de 138 denuncias recibidas en 2024 por posibles prácticas colusorias en la contratación pública, 97 procedieron del sector público y 41 del privado. No obstante, recibir una comunicación o denuncia no implica automáticamente la apertura de un expediente sancionador. Antes, las autoridades de competencia realizan una fase preliminar de investigación para determinar si existen indicios suficientes de prácticas anticompetitivas.

En este sentido, el informe distingue entre los expedientes de investigación —todavía en una fase previa de análisis— y los expedientes sancionadores, que ya suponen la apertura formal de un procedimiento por posibles infracciones de competencia. De los primeros, durante 2024 existieron un total de 32 expedientes de investigación "vivos", una categoría que incluye tanto investigaciones iniciadas ese mismo año como otras abiertas en ejercicios anteriores que seguían en tramitación.

Por otro lado, el informe contabiliza 14 expedientes sancionadores "vivos" y, al igual que con los expedientes de investigación, se incluyen tanto los expedientes sancionados abiertos en 2024 como los de ejercicios anteriores que se mantienen "vivos" en 2024. Sin embargo, de estos 14 expedientes sancionadores, únicamente 3 se abrieron en el ejercicio de referencia, mientras que los otros 11 procedían de ejercicios anteriores.

Dos multas en 2024

Finalmente, pese a las 138 comunicaciones o denuncias recibidas en 2024 por posibles prácticas colusorias en la contratación pública, únicamente dos expedientes terminaron concluyendo con sanciones. En ambos casos, las resoluciones derivaron tanto en multas económicas para las empresas implicadas como en la prohibición de contratar con la Administración Pública. Además, en uno de los expedientes —tramitado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)— las sanciones también se extendieron a cinco directivos vinculados a las conductas investigadas.

En concreto, según ha consultado El Independiente, la CNMC sancionó a siete empresas por repartirse contratos públicos de suministro de alimentos destinados a hospitales, residencias, prisiones e instalaciones del Ejército. Las compañías afectadas fueron Plataforma Femar S.L., Acacio S.L., Serviline Foods S.L., Asesores Llangon S.L., Leonesa de Patatas S.L., Hermanos Vidal S.L. y Frutícolas Ateca S.L. El segundo expediente sancionador correspondió al Consello Galego da Competencia, que impuso sanciones a dos empresas por prácticas anticompetitivas en contratación pública, aunque el informe de la OIReScon no identifica sus nombres.

Menos competencia y más contratos sin publicidad

Más allá de las prácticas colusorias, la presidenta de la OIReScon también alertó durante su comparecencia de varios problemas estructurales que afectan a la contratación pública española. Entre ellos, destacó el descenso continuado de la concurrencia en las licitaciones públicas. En concreto, en 2024, "la media de todos los procedimientos es de 2,94 licitadores. Sigue, en este caso también, la tendencia decreciente desde la media de 3,99 licitadores en 2020", señaló Araújo. Es decir, cada vez concurren menos empresas a los concursos públicos, un fenómeno que reduce la competencia y limita la capacidad de la Administración para obtener mejores condiciones económicas en las adjudicaciones.

Y a ello se suma el elevado peso de los procedimientos con escasa competencia efectiva. Según detalló la presidenta de la OIReScon, el 40% de los procedimientos se cerraron con un único licitador y el 7,63% quedaron desiertos. Una tendencia que coincide además con el fuerte incremento registrado en los contratos negociados sin publicidad —un procedimiento excepcional previsto en la ley que permite adjudicar contratos sin concurrencia abierta en determinados supuestos y que en la prensa se suelen calificar como "contratos a dedo"—. De hecho, solo en 2024, el importe licitado mediante este mecanismo se situó en los 3.100 millones de euros. No obstante, sigue una tendencia al alza: entre los tres últimos trimestres de 2025 y el primero de 2026, esta cifra se disparó hasta superar los 23.000 millones, consolidando el creciente peso de este tipo de adjudicaciones dentro de la contratación pública española.