El Gobierno intenta evitar que Junts permita la prórroga de las nucleares introducida por el PP en el Senado

El pleno del Congreso tramita este jueves dos de las cinco leyes que Junts prometió salvar de la quema. La que regula los servicios de atención a la clientela, que continuará viaje hacia el Senado, y la de movilidad sostenible, que llega precisamente ya de la Cámara alta para su aprobación definitiva y su paso al Boletín Oficial del Estado. ¿Ningún problema entonces?

No exactamente. El Gobierno, según avanzan fuentes de la dirección socialista a este periódico, busca desactivar el explosivo que el PP endosó a la ley de movilidad sostenible en el Senado, la supresión del calendario de cierre definitivo de las centrales nucleares de Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Los populares lo introdujeron vía enmienda en la Cámara alta y el jueves el pleno del Congreso tendría que votar si ratifica esa modificación o la rechaza. Y ahí jugaría un papel clave Junts, cuyos siete votos siguen siendo imprescindibles para el Gobierno. Por eso la Moncloa intentará que esa votación no se produzca el jueves, para evitarse riesgos. Y la fórmula prevista, todavía no confirmada, es la de vetar esa enmienda antes de que llegue al hemiciclo, con la conformidad de la Mesa del Congreso. La treta no es nueva: ya la empleó el Ejecutivo con la ley de desperdicio alimentario, el pasado marzo, y el PP la llevó al Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido sobre el fondo del asunto. De la aprobación de la ley de movilidad sostenible depende el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos.

Tal y como está aprobado (y acordado) hasta ahora, Almaraz I y II se apagarían en 2027 y 2028, y Ascó I y Cofrentes en 2030. Coincide con la petición hecha al Gobierno por las titulares de Almaraz

La ampliación de la vida de las nucleares es un objetivo largamente perseguido por el PP. Ya el pasado 12 de febrero, el pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley de los conservadores que pedía esa prórroga con su voto, el de Vox y Unión del Pueblo Navarro, y la abstención de ERC y Junts. Ahora, la formación de Alberto Núñez Feijóo aprovechó el paso de la ley de movilidad sostenible por el Senado, Cámara que controla con mayoría absoluta, para colar una enmienda en el mismo sentido. Introdujo una disposición final nueva en el texto remitido por el Congreso para suprimir "la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (unidades I y II), Ascó I y Cofrentes". El PP, con su modificación, hace saltar por los aires el calendario de fin de las nucleares acordado por las empresas titulares de las centrales en 2019, y que suponía que el reactor I de Almaraz se desconectaría de la red el 1 de noviembre de 2027; el II, el 31 de octubre de 2028; Ascó I, el 1 de octubre de 2030, y Cofrentes, el 30 de noviembre de 2030.

La enmienda del PP coincide con la petición al Gobierno de Iberdrola, Endesa y Naturgy, las propietarias de Almaraz I y II, para posponer el apagado de los dos reactores hasta junio de 2030. Una solicitud de prórroga que, como subrayó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se había presentado "sin condiciones". Es decir, que las titulares de la instalación habían renunciado a solicitar rebajar fiscales. Al menos, en este punto. Ahora, es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que debe emitir un informe preceptivo (y vinculante si es denegatorio), un documento que puede tardar meses en ver la luz. Y, a partir de él, el Gobierno decidirá.

Cuando el Senado introduce cambios en una iniciativa legislativa, ese texto vuelve al Congreso para que este los ratifique o los rechace. Ese es el trámite que se ventila este jueves. El Gobierno busca evitar que el PP se apunte una victoria —más simbólica que real, según precisa Transición— y prefiere no asumir riesgos ahora que Junts ha roto su relación con los socialistas y no está dispuesta a ningún tipo de diálogo con ellos. La portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, precisó que la ley de movilidad sostenible quedaba fuera del veto de su partido a las iniciativas del Ejecutivo porque había sido pactada con anterioridad a la ruptura, pero no dijo nada sobre las enmiendas que el Senado había aprobado la víspera y que tienen que ser confirmadas o levantadas por el Congreso este jueves, 13 de noviembre. Y desde el grupo no quieren adelantar nada por el momento.

Este martes, se reúne la Mesa de la Cámara baja a las 10 de la mañana, bajo la presidencia de Francina Armengol. Pero, a última hora de ayer lunes —festivo en la capital— no habían llegado a la carrera de San Jerónimo las modificaciones aprobadas por el Senado. Y este dato es relevante, porque el Gobierno puede hacer uso de su potestad de mostrar su disconformidad con las enmiendas o iniciativas que supongan un aumento del gasto o una pérdida de ingresos, un poder que le otorga el artículo 134.6 de la Constitución. La intención del Ejecutivo, según confirman a este diario en la cúpula del partido, es vetar la enmienda de la Cámara alta que liquida el calendario de cierre del parque nuclear por su impacto presupuestario. Como PSOE y Sumar tienen mayoría absoluta en la Mesa del Congreso —tienen tres y dos representantes, respectivamente, frente a cuatro del PP—, ese veto del Gobierno sería aceptado y esa modificación saldría del dictamen que el pleno votará el jueves.

El Ejecutivo formularía su veto aferrándose al impacto presupuestario de la enmienda del PP, como ya hizo con la ley de desperdicio alimentario el pasado marzo

Si el texto del Senado llega más tarde, entonces Armengol tendría que convocar una segunda reunión de la Mesa esta semana, antes de que arranque la sesión el jueves, para discutir sobre los vetos del Ejecutivo. La determinación de los socialistas es total. "Los vetos los acepta la Mesa. No hay riesgo de que, si finalmente los hay, se pierdan", porque PSOE y Sumar suman mayoría absoluta, señalan fuentes de Ferraz. Es decir, que esas enmiendas, previsiblemente, no llegarán vivas a la votación del proyecto el jueves en el pleno del Congreso. Las frenaría antes el órgano rector de la Cámara baja. El Gobierno se evita así riesgos. Sin embargo, todavía hay dudas porque no está claro que ese cambio querido por los populares tenga impacto presupuestario que justifique el veto. Si Hacienda no lo viera claro, el Ejecutivo tendría que aparcar sus intenciones.

Dudas entre los letrados en marzo

En marzo, el Gobierno ya utilizó el mismo camino cuando acababa su tramitación la ley de desperdicio alimentario. Vetó cuatro enmiendas introducidas por el Senado, una a instancias del PP y las otras tres propuestas por ERC y Junts, porque en conjunto suponían una merma de ingresos para el Estado de 1.017 millones de euros. PSOE y Sumar aceptaron esa disconformidad y esas modificaciones nunca llegaron a pleno. Claro que el frenazo del Ejecutivo tuvo consecuencias: los posconvergentes se unieron a PP y Vox y tumbaron el dictamen de la ley que creaba la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), norma que no obstante Sanidad volvió a tramitar y logró aprobar meses más tarde, antes de las vacaciones de verano.

La vicepresidenta Aagesen ya consideró "extraordinariamente atrevida" la enmienda del PP en la ley de movilidad porque "lo que hace es una ampliación automática sin tener criterios técnicos de seguridad nuclear y radiológica"

La maniobra del Ejecutivo no gustó a la oposición y, de hecho, suscitaba dudas entre los letrados de la Cámara baja. Los servicios jurídicos veían aceptable que el Gobierno rechazara unas enmiendas, pero no que lo hiciera en ese punto de la tramitación, porque esos cambios ya estaban incorporados en el texto remitido por el Senado al Congreso. Manifestaron la "controversia" que generaba el caso, "y explicando que el primer problema es el uso que hace la Cámara alta para meter cosas que sabe que serían vetadas en un proceso reglado anterior", indican fuentes próximas a Armengol. Porque en aquel caso el Gobierno se había opuesto a esas enmiendas en el Senado a la ley de desperdicio alimentario, pero su Mesa, que dirige el PP con mayoría absoluta, rechazó esos vetos. El Senado acabó elevando su guerra con el Congreso al Constitucional, a través de un conflicto entre órganos constitucionales. El tribunal de garantías admitió en septiembre el recurso, pero aún no ha resuelto.

Para Aagesen, la introducción de la enmienda a la ley de movilidad sostenible, la que obligaría a prolongar la vida del parque nuclear, es, primero, "sorprendente", porque se incluyen medidas en una norma que "nada tiene que ver". Y dos, es algo, a su juicio, "extraordinariamente atrevido", porque toca una cuestión "sagrada", que ya viene de la ley nuclear de 1964, y es la necesidad de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear para cualquier decisión relativa a las instalaciones atómicas del país. "Lo que hace es básicamente una ampliación automática sin tener criterios técnicos de seguridad nuclear y radiológica", denunció la vicepresidenta tercera el pasado jueves en Las mañanas de Radio Nacional de España (RNE), a las pocas horas de que se aprobaran los cambios en la Cámara alta. La ministra apeló al resto de grupos para frenar esa modificación en el Congreso.

En el Gobierno recuerdan que con la orden de renovación de Almaraz I y II las eléctricas han podido reclamarle una prórroga hasta 2030. Primero tiene que hablar el CSN

Según explican en Transición, en realidad el PP parte de una premisa discutible. Con su enmienda, modifica las órdenes de renovación de la autorización de las centrales de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, quitándoles la fecha tope, la de cierre de la explotación. "Le pone más sencillo a las propietarias de los reactores la prolongación de la vida, pero la mejor prueba de que las actuales órdenes no impiden la prórroga es que Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido que Almaraz I y II no se apaguen en 2027 y 2028 y se prolongue su vida hasta 2030. Si las órdenes fueran un problema para ampliar el parque nuclear, todavía, pero está claro que no lo son. Cuando se decida lo que sea, habrá una nueva orden. O para renovar la autorización o para desmantelar", indican en el equipo de la vicepresidenta tercera.

Tres exigencias para la prórroga

En el Ejecutivo, no obstante, conceden que si la enmienda fuera ratificada por el Congreso, el PP obtendría una victoria política importante, más aún en plena campaña de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre. La presidenta de la Junta, María Guardiola, apuesta por la continuidad de los reactores y de hecho en sus presupuestos para 2026, que no se llegaron ni a debatir porque disolvió la Asamblea antes de que se votaras las enmiendas de totalidad de los tres grupos de la oposición, incluía rebajas fiscales para las titulares de las instalaciones.

El Ejecutivo insiste en que para ampliar la vida de las instalaciones radiactivas debe garantizarse la seguridad, la provisión de suministro y que no cueste un euro más a los contribuyentes

En cualquier caso, quien primero tiene que hablar es el CSN. "En su informe preceptivo puede plantear, por ejemplo, que se puede prolongar la vida de Almaraz pero con determinadas condiciones, si se comprometen ciertas inversiones, y quizá a las empresas propietarias ya no les interesa", señalan en Transición. El Gobierno, insisten, ya ha fijado posición, y lo recordaba este domingo en una entrevista en El País el presidente, Pedro Sánchez. Son tres las exigencias que pone el Ejecutivo: que se cumplan criterios de seguridad radiológica, que se asegure la provisión de suministro energético y que no cueste más dinero a los contribuyentes. "Por el momento, han pedido la ampliación sin bajada de impuestos. A ver qué dice el CSN y si entonces piden una rebaja de impuestos. Lo que ha pasado es que las empresas han echado un pulso al Gobierno para que propiciara una bajada fiscal. ¿Por qué no se les pregunta a ellas qué harán si el CSN impone condiciones?", reflexionan fuentes gubernamentales.

En el equipo de Aagesen advierten que las compañías eléctricas han "apurado" para pedir la prórroga, porque la podían haber solicitado hace meses y sin embargo lo hicieron hace dos semanas, "explotando su margen". Y es que todos saben contar tiempos: si el CSN tarda meses en emitir su informe, puede coincidir con el final de la legislatura. En el Ejecutivo sospechan, por tanto, que las empresas han jugado a que sea un próximo Gabinete, tal vez del PP con el apoyo de Vox, el que tenga que tomar la decisión final, más favorable a sus intereses. Pero esa será una guerra más a largo plazo. Para la de esta semana la estrategia parece más clara, aunque nada hay aún definitivo.