Leire Díez ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrución Número 9 de Madrid, donde se le investiga por tráfico de influencias y cohecho, para que no se incorporen a dicha causa la información recabada por la Unidad Central Operativa de la Guarcia Civil (UCO) en la investigación sobre contratos públicos de la SEPI. La defensa de la exconcejal socialista solicita al juez Arturo Zamarriego que revoque la orden de enviar un oficio al Instituto Armado para la incorporación de los datos procedentes de la causa dirigida por Santiago Pedraz.

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En un escrito, al que ha accedido El Independiente, Díez insiste que esta diligencia supone "una total vulneración de los derechos de los investigados, que sin haber podido ejercitar sus derechos de acceso e información, y su derecho de defensa y contradicción, por ser secreta la causa, se verían sometidos al juicio de las acusaciones populares y de la opinión pública". Asimismo, entiende que la querella presentada por Anticorrupción, y que dio lugar al inicio de la investigación a Vicente Fernández y Antxón Alonso por el presunto amaño de contratos de empresas públicas dependientes del Ministerio de Hacienda, "nada tenía que ver" con los hechos por los que se le investiga en el juzgado madrileño.

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Al respecto, señala la abogada de la exmilitante socialista que los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid se remontan a varias reuniones acontecidas entre marzo y mayo de 2025, y la investigación diriga por la UCO contra el 'grupo Hirurok' se delimita hasta el año 2023. Cabe destacar que durante los registros efectuados por la unidad policial en el marco de la causa de la SEPI en varios domicilios vinculados a Leire Díez se incautaron varias agendas. Estas correspondían a fechas posteriores a periodo investigado por Santiago Pedraz.

La exmilitante socialista también ha presentado un recurso de reforma ante la Audiencia Nacional contra la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de prorrogar un mes más el secreto de la causa. La defensa solicita el levantamiento inmediato del secreto de las actuaciones para poder tener acceso a la totalidad de las diligencias que se han practicado en los últimos meses con el fin de garantizar de forma "efectiva" su derecho de defensa.

La letrada Eva Bejarano solicita, en el caso de que el juez no acuerde el levantamiento total del secreto, poder acceder a los elementos "mínimos y esenciales" de las actuaciones para poder impugnar las medidas que afecten a la situación personal de su cliente. En este sentido, destaca el bloqueo de las cuentas de Díez acordado por el instructor.

La ex alto cargo de Correos denuncia que el bloqueo de sus cuentas bancarias y la de sus familiares y pide poder realizar operaciones básicas como ingresos y opacos elementales. Insiste en que ni ella ni sus familiares no pueden atender sus gastos "más elementales, como pudiera ser el de alimentación, como garantizar el pago de los consumos y suministros de la vivienda en la que residen, con todo lo que ello conlleva".

Además, cuestiona la proporcionalidad de algunas de las diligencias adoptadas por el juez de la Audiencia Nacional ya que ella misma "entregó voluntariamente sus claves, dispositivos y correos a la UCO. Por ello, entiende que no está justificado "mantener el secreto para evitar la destrucción de pruebas".