El que tiene que dimitir es Manuel de la Rocha

Día 19 de marzo, 16.45 horas. La CNMV hace pública una nota remitida por Indra: "A la vista de la información relevante publicada por la Sepi el pasado 18 de marzo, desde EME (Escribano Mechanical & Engineering) consideramos que no se dan las circunstancias que permiten una potencial operación entre Indra Group y EME, por lo que EME se retira de la operación". El miércoles 18, pasadas las diez de la noche, la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda y principal accionista de Indra (28% del capital), había remitido una nota a la CNMV en la que informaba al regulador que había enviado una "comunicación" a la compañía en la que mostraba "su preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación (se refiere a la posible compra por parte de Indra de EME)". El comunicado, que lleva la firma de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, concluye con la siguiente aseveración: la SEPI "ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma lo más ventajosa para Indra".

Confieso que, para quien no haya seguido minuto a minuto el pulso entre el Gobierno y los hermanos Escribano, es difícil entender cualquiera de dos comunicados, que podrían haber sido firmados por Groucho Marx.

Resumo telegráficamente para poner en situación: el Fobierno le había pedido a Ángel Escribano que dimitiera como presidente de Indra como condición para la compra de EME. Ante su resistencia, la SEPI envió un comunicado a la CNMV en el que hablaba, por primera vez, de la existencia de un "conflicto de interés". Como respuesta, Escribano convocó un consejo extraordinario en el que se acordó paralizar la operación, lo que significa que el dueño de EME seguirá presidiendo Indra.

El comunicado del día 18 de la SEPI es absurdo. ¿Acaso su presidenta no se había enterado hasta ahora de que en la compra de EME por Indra se habría producido un flagrante conflicto de interés? Haciéndose la despistada, María Jesús Montero declaró en la mañana del jueves, con su particular estilo enrevesado: "No era un conflicto que nosotros conocíamos en relación a algunos miembros que están ahí" (¿?).

Es decir, que el principal accionista de Indra (SEPI/Hacienda) era el único en España que no se había enterado de que cuando el comprador es el propietario del bien que adquiere, pero no tiene la mayoría de la empresa que compra, hay un conflicto claro de interés. La evidencia la habían puesto de manifiesto cuatro consejeros independientes de Indra, que salieron de la empresa en 2025 por estar en desacuerdo con la operación, así como los hermanos Aperribay –propietarios de la vasca Sapa y dueños del 7% de Indra–, otros accionistas minoritarios y los analistas financieros con dos dedos de frente.

También sus competidores, como Santa Bárbara (GDELS), y otros de menor tamaño, advirtieron de ese desaguisado. No entendían por qué el Gobierno se empeñaba en hacer más ricos a los hermanos Ángel y Javier Escribano. Su empresa, valorada en 2021 en 100 millones de euros, ahora la querían comprar por 2.000 millones, pero con dinero de Indra. Si el precio se pagaba en efectivo, hubiera sido un pelotazo de los que hacen época, y avalado por el Gobierno. Si se pagaba en acciones, los Escribano se convertían de la noche a la mañana en los principales accionistas de Indra, incluso por encima de la SEPI.

El responsable de la Oficina Económica de Moncloa avaló la compra de EME por Indra y dio alas a Escribano para llevarla a cabo

Recordemos que Ángel Escribano no lleva ni catorce meses en la presidencia de Indra y que fue el Gobierno quien le puso allí para sustituir a Marc Murtra, elevado, también por voluntad del Gobierno, a la presidencia de Telefónica.

Ángel Escribano defendió desde el minuto uno la pertinencia de la compra de EME por Indra. Sostiene que tiene sentido industrial y que el aumento de valor de su empresa familiar se ve ratificado por los hechos. El miércoles, en plena refriega, se dio a conocer que EME registró 488 millones de facturación en 2025, con un beneficio de 195 millones. Pero esa buena marcha no elimina el conflicto de interés inherente a la operación de compra.

El hombre que, desde el Gobierno, está detrás de todo este lío se llama Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa, secretario de Estado y mano derecha del presidente Sánchez. De la Rocha es el responsable de aplicar los fondos europeos Next Generation (70.000 millones). Además, quiere pilotar el fondo soberano bautizado como España Crece, y que anhela manejar 120.000 millones de inversión. Todo un cañón en manos de un funcionario que nunca ha trabajado en una empresa privada.

Fue De la Rocha quien le dio la mala noticia de su cese a José María Álvarez-Pallete y quien aupó a Escribano a la presidencia de Indra.

La idea –seguramente suya– era crear con Indra un "campeón nacional" de la industria de Defensa. Algo sonaba bien a oídos de la ministra, Margarita Robles, preocupada por que se cumplan los planes de modernización de las Fuerzas Armadas en un momento de exigencia máxima por parte de la OTAN y, sobre todo, de Donald Trump.

El caso es que De la Rocha no sólo no puso pegas a la compra de EME por Indra, sino que le animó a hacerlo, con el objetivo de crecer, de dar músculo a Indra para que llegase a ser lo antes posible ese gigante del que sentirse orgulloso.

Por el camino, a Indra se le adjudicaron 7.000 millones de contratos sin concurso, lo que ha provocado un recurso al Tribunal Supremo de su competidor Santa Bárbara.

Mientras pasaban los meses, la operación de compra no salía y tampoco se ponía en marcha el plan para la producción de los blindados de artillería que necesita el Ejército. La ministra de Defensa estaba nerviosa. Y también Iván Redondo –asesor de GDSL– ha hecho su trabajo intentando demostrar al Gobierno su grave error al apostar por un gigante con pies de barro.

Defensa, los propios militares, los competidores... Había un ruido de fondo que dificultaba llevar a cabo la operación de compra sin que se montara un escándalo mayúsculo.

Ya a finales de 2025 De la Rocha comenzó a enfriar la absorción de EME por Indra. Pero Ángel Escribano siguió adelante porque tenía el respaldo del consejo y porque los títulos de la compañía se dispararon en Bolsa al calor de las expectativas que generaba una empresa que contaba con el respaldo del Gobierno, su primer accionista y también su mayor cliente.

A Escribano no le falta razón a la hora de preguntarse, "¿pero qué he hecho yo para merecer esto?". Su error, ya lo contamos en estas páginas, fue creerse más listo que Pedro Sánchez. Al presidente no le gusta perder los pulsos, aunque, en este caso, tampoco parece que lo vaya a ganar.

La operación Indra/EME se paraliza, pero Ángel Escribano sigue como presidente del "campeón nacional". Respaldado, esto es importante, por Joseph Oughourlian, el principal accionista de Prisa (El País y la Ser), que también sabe como hacerle frente a una operación hostil del Gobierno.

De la Rocha es el responsable de no haber paralizado a tiempo una operación a todas luces impresentable. También de haberle dado alas a Escribano y de no haber escuchado las voces de los que advirtieron de lo que se avecinaba. Por tanto, es el culpable de esta metedura de pata que, entre otras cosas, ha estado a punto de hundir la cotización de Indra en Bolsa.