Guía del juicio del 'caso mascarillas': quién es quién, qué se juzga y por qué Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo 

Empieza la cuenta atrás. El martes arranca en el Tribunal Supremo el juicio de la causa especial contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por la presunta trama de 'mordidas' en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. A lo largo de 13 sesiones que ocuparán todo el mes de abril, los magistrados de la Sala de lo Penal escucharán a más de 80 testigos, peritos y los propios acusados para determinar si detrás de aquellas compras de material sanitario se escondía una red de favores en el seno del Ministerio de Transportes.

La vista oral —presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta— se perfila como el primer gran examen al laberinto judicial en el que se ha convertido el 'caso Koldo'. En el banquillo se sentarán tres de los protagonistas de una investigación que comenzó hace ya más de dos años con la detención del 'chico para todo' de Ábalos y que, desde entonces, se ha ramificado en varias causas paralelas que siguen abiertas en la Audiencia Nacional.

¿Qué se juzga en el caso Koldo?

La que ahora llega a juicio en el Supremo es solo una de esas piezas, que se centra en la presunta trama de comisiones vinculada a los contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión. En total, las compras bajo sospecha ascienden a más de 36 millones de euros: unos 24 millones en material adquirido por Puertos del Estado y otros 12,5 millones por Adif, ambas entidades dependientes de la cartera de Transportes.

Según detalló el juez encargado de instruir el caso, el magistrado Leopoldo Puente, en el auto en el que propuso juzgar a la 'tríada', Soluciones de Gestión habría esos contratos gracias a la intervención de Víctor de Aldama, un empresario que actuaba como intermediario y que, presuntamente, contaba con la colaboración de Koldo y del entonces ministro Ábalos. En concreto, Puertos del Estado compró a esa empresa ocho millones de mascarillas, mientras que Adif adquirió otros cinco. 

Juicio del ‘caso mascarillas’

El instructor apunta que esas adjudicaciones se produjeron gracias a un "concierto de voluntades" entre los tres acusados para beneficiar a la compañía a cambio de contraprestaciones económicas. De hecho, Aldama ha reconocido que obtuvo 6,6 millones de euros en comisiones por esas operaciones y sostiene que una parte de ese dinero se repartió con Ábalos y Koldo. 

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y al que fuera su mano derecha hasta siete delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada y prevaricación. Así, solicita para el ex titular de Transportes una pena de 24 años de prisión y otra de 19 y medio para Koldo, cifra que las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, elevan a 30 años. Para Aldama, considerado el presunto corruptor de la trama, la petición de condena se sitúa en siete años de cárcel tras habérsele aplicado una atenuante simple de confesión.

El PP ostenta en este procedimiento la dirección letrada de las acusaciones populares, después de que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, acordara su unificación bajo la representación de los populares. En febrero, la Sala de lo Penal desestimó la petición formulada por Vox y la asociación Liberum para revocar esta decisión, al no apreciar el Supremo motivos para ello. Junto a estas partes, también ejercen la acusación popular Hazte Oír, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) e Iustitia Europa.

¿Quién es quién en el juicio?

El nombre de José Luis Ábalos es el que concentra la mayor parte de la atención. El exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE fue una de las figuras clave del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su etapa en el Ejecutivo, entre 2018 y 2021, tuvo bajo su responsabilidad uno de los ministerios con mayor volumen de contratación pública. La investigación sostiene que Ábalos habría mantenido una relación estrecha con Aldama, quien habría aprovechado su cercanía con el ministro y su asesor para facilitar negocios con la Administración a las empresas vinculadas a él.

Koldo García, por su parte, fue durante años el hombre de confianza y 'chico para todo' de Ábalos. Antiguo escolta y militante socialista en Navarra, llegó al Ministerio como asesor del titular de la cartera y se convirtió en una figura clave dentro de su entorno más cercano. Fue su detención el 21 de febrero de 2024 en su domicilio en Alicante la que destapó el caso, que llevaba unos meses investigándose bajo secreto en la Audiencia Nacional.

No obstante, el juicio por las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia no será, previsiblemente, el último que afronten Ábalos y Koldo. El avance de la investig ación ha destapado supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública desde el Ministerio de Transportes, así como sombras en la gestión de determinados pagos vinculados al PSOE. Ambas líneas siguen bajo investigación en la Audiencia Nacional —una vez Ábalos renunció a su escaño tras su ingreso en prisión— y no formarán parte de este proceso.

Tanto el exministro como su antiguo asesor acudirán al Supremo desde la prisión de Soto del Real, donde permanecen desde el pasado 27 de noviembre. Aquel día, Puente decretó su ingreso en la cárcel al apreciar un riesgo considerable de fuga ante la inminente celebración del juicio.

El tercer acusado es Víctor de Aldama, empresario y comisionista que, según los investigadores, desempeñó el papel de "conseguidor" de la trama. A través de su relación con Ábalos y Koldo, habría promovido los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión y obtenido comisiones millonarias por esas operaciones. La investigación también le vincula a otros negocios de obra pública y a un caso paralelo de fraude millonario de IVA en hidrocarburos, por el que llegó a estar en prisión provisional y que ahora investiga el juez Santiago Pedraz en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La trama de favores

Los investigadores también sostienen que Aldama habría abonado a Koldo 10.000 euros mensuales en efectivo durante años, cantidades que se habrían repartido posteriormente con el exministro. Incluso habría enviado a su hermano Joseba a recoger parte de este dinero a República Dominicana. 

Otra de las cuestiones a analizar es el alquiler de un piso en la Torre de Madrid para Jessica Rodríguez, entonces pareja del exministro, cuyo coste mensual —2.700 euros— fue supuestamente abonado por un socio de Aldama, Alberto Escolano. Justamente, la semana pasada Aldama entregó al Supremo la documentación sobre los impagos del piso, incluidos correos de la inmobiliaria advirtiendo de la posibilidad de un desahucio si no se regularizaban las rentas pendientes.

La investigación también apunta a la contratación de Jessica en Ineco y Tragsatec —ambas vinculadas al Ministerio de Transportes—  sin que llegara a acudir a su trabajo ni un solo día. Esta última compañía pública remitió recientemente a la Sala de lo Penal documentación en la que indicaron que, entre otras cuestiones, se detectaron irregularidades en el control horario de Rodríguez, así como que estaba siendo protegida desde Adif. Tema parecido se abordará sobre otra mujer vinculada al entorno de Ábalos, Claudia Montes, que fue contratada en Logirail. 

Otro de los episodios que previsiblemente se analizarán durante la vista oral es el supuesto disfrute por parte del exministro de un chalet vacacional en Marbella durante el verano de 2020. Según la investigación, el alquiler del inmueble habría sido sufragado con dinero procedente del entorno empresarial de Aldama como contraprestación por gestiones favorables a la aerolínea Air Europa en el contexto de su rescate público.

Calendario de testigos

La Sala escuchará durante las próximas semanas a más de 75 testigos, entre ellos altos cargos y antiguos responsables de organismos públicos implicados en la adjudicación de los contratos. El calendario de declaraciones arranca el 7 de abril con una primera tanda en la que comparecerán Joseba, hermano de Koldo; el hijo del exministro, Víctor Manuel Ábalos; o la Jessica Rodríguez, entre otros, mientras que por la tarde está prevista la comparecencia del testaferro de Aldama, Alberto Escolano, y varios directivos relacionados con la trama.

El 8 de abril será el turno de responsables de compañías aéreas y ferroviarias, así como de Claudia Montes y otros cargos vinculados al entorno de Ábalos. Durante los días siguientes —9, 13, 14, 15, 21, 22 y 23 de abril— desfilarán ante el Supremo nombres como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, cuyas entidades fueron precisamente las que formalizaron los contratos con Soluciones de Gestión.

El Supremo ha admitido además la declaración como testigos del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aunque lo harán por escrito. Ambos dirigían durante la pandemia los gobiernos de Canarias y Baleares, dos comunidades que también contrataron mascarillas con la empresa vinculada a la trama. No obstante, esos contratos no forman parte de los hechos que se juzgarán en el Supremo.