La prescripción política de la corrupción

Los inescrutables tiempos judiciales han hecho coincidir la vista oral por el caso Kitchen (los hechos que se juzgan se desarrollaron en 2013) y el caso de las mascarillas (los presuntos delitos se cometieron a partir de 2020). El primero, que se desarrolla en la Audiencia Nacional, tiene sentado en el banquillo de los acusados al ex ministro del Interior durante el gobierno del PP Jorge Fernández Díaz; el segundo, que se dirime en el Tribunal Supremo, tiene como protagonista a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez.

En Moncloa y en el PSOE se ha fabricado la tesis de que los efectos negativos del juicio a la supuestas cloacas de Interior compensarán sobradamente el rechazo que genera en la opinión pública el saqueo de las mascarillas. Hay quien se atreve a afirmar (algunas columnas periodísticas así lo atestiguan) que es incluso más grave el caso que afecta al gobierno de Rajoy porque, mientras el PSOE reaccionó a tiempo, el PP intentó taparlo. Se olvidan del enriquecimiento personal en tiempos de pandemia, las queridas, los enchufes, en fin... Mejor no poner en la balanza la basura a ver cuál de las dos pesa más.

Los deseos y la realidad van casi siempre por caminos muy distintos, e incluso opuestos. Por más que se quiera "empatar el partido", en expresión de un ministro del gobierno, la repercusión de ambos procesos no será la misma, independientemente de los años de cárcel a los que puedan ser condenados Fernández Díaz y José Luis Ábalos. La memoria colectiva juega en contra de este afán por colocar al mismo nivel la corrupción del PP y la del PSOE, lo que debería avergonzar a los que defienden la tesis del "empate".

El 24 de mayo de 2018 (va a hacer ocho años de aquello) la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional condenó a 29 de los 37 acusados por el llamado caso Gürtel. A Francisco Correa, jefe de la trama, le cayeron 51 años de cárcel, y a Luis Bárcenas, 33 años. El tribunal dio por sentado que el ex tesorero del PP se enriqueció ilícitamente con el cobro de comisiones, dinero que luego se llevó a Suiza. En esa misma sentencia, el PP fue condenado "a título lucrativo" por haber financiado actos electorales del partido con dinero de esa trama (luego el Supremo corrigió ese aspecto de la sentencia). También quedó acreditado que en en el PP había una caja B que manejaba Bárcenas (los llamados papeles de Bárcenas).

Una semana después de conocida esa sentencia, el 31 de mayo de 2018, el PSOE, en principio con la resistencia de Pedro Sánchez, presentó una moción de censura en el Congreso que salió adelante por 180 votos a favor y 169 en contra. Cayó Mariano Rajoy y Sánchez se aupó a la presidencia del gobierno.

El PP ha pagado un precio muy alto por la corrupción de la etapa Rajoy. Ahora le toca pagar a Sánchez

Unos meses después de la moción, en abril de 2019, Sánchez convocó elecciones generales. En ellas, el PP se desplomó hasta los 66 escaños, casi la mitad de los que obtuvo el PSOE (123).

Los responsables de la trama Gürtel fueron condenados a largas penas de cárcel y el PP pagó duramente en las urnas por la corrupción. No se recuperó hasta julio de 2023, elecciones que ganó, ya con Núñez Feijóo como candidato, pero que no le sirvieron para gobernar por razones que ya hemos explicado.

El PP de Rajoy, Bárcenas y Fernández Díaz pagó un alto precio por la corrupción. Núñez Feijóo no puede heredar las deudas políticas por una corrupción que tuvo lugar cuando él ni soñaba con aterrizar en Génova.

Lo que los ciudadanos no admiten (y lo que reflejan todas las encuestas menos las de Tezanos) es que el partido que vino a limpiar la vida política tenía como número dos a un ministro que comenzó a corromperse -presuntamente- nada más llegar al gobierno.

Mientras que Fernández Díaz y Bárcenas son personajes de otra época, Ábalos y Koldo han estado presentes en la vida pública hasta hace relativamente poco tiempo. Las sentencias ponen las cosas en su sitio desde el punto de vista judicial, pero las elecciones son el veredicto de los ciudadanos sobre un gobierno. Una cosa es el proceso penal y otra muy distinta el juicio político. La democracia consiste precisamente en que los ciudadanos pueden juzgar cada cierto tiempo a los que mandan. El PP lleva ya más de ocho años en la oposición y el PSOE quiere que siga ahí por unos hechos que sucedieron en 2013.

En el PP ya no queda casi nadie de aquella época, a excepción del incombustible Javier Arenas. Ni siquiera Rajoy tiene ya un papel relevante en Génova, a diferencia de Rodríguez Zapatero, que sigue siendo un puntal del PSOE.

En las elecciones andaluzas, que se celebrarán dentro de tres semanas, se verá si María Jesús Montero ha podido no ya empatar el partido, sino evitar una derrota por goleada. Los fantasmas del pasado rara vez sirven para ahuyentar los problemas del presente. En política, la corrupción también prescribe.