Escrivá dice que se reunió con Zapatero para hablar de las medidas del Covid y no del rescate de Plus Ultra

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, es uno de los altos cargos a los que ha salpicado la investigación judicial del caso Plus Ultra. El auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, hace mención a una reunión mantenida el 7 de septiembre de 2020 entre el entonces ministro de la Seguridad Social y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado y citado a declarar el próximo 2 de junio.

"Escrivá nunca ha tratado sobre Plus Ultra ni su posible rescate con nadie. Es una materia además que no tenía relación con sus competencias como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", señalan fuentes cercanas a Escrivá consultadas por El Independiente. En este sentido, alegan que no "tuvo nunca conocimiento ni participación alguna en la aprobación de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social u otras medidas de liquidez, o en la expedición de certificados de estar al corriente de pago por parte de la Seguridad Social en relación con ninguna empresa o entidad".

El encuentro se produjo en sede ministerial, según consta en un mensaje que el director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes hizo llegar a Koldo García Izaguirre, el asesor personal del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Un mensaje procedente del denominado 'caso Koldo' y que el juez ha decidido incorporar en el auto.

Las fuentes próximas a Escrivá aseguran que el encuentro se produjo a petición del propio Escrivá "para hablar de las medidas por Covid". Era un momento en el que su departamento debía someter a la aprobación del Parlamento nuevas medidas frente a la pandemia de coronavirus tras el repunte de contagios que se dio a la vuelta del verano.

Escrivá, con un perfil marcadamente técnico tras su paso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), habría tratado de rodearse de perfiles de mayor bagaje político para contar lo que había hecho el Gobierno hasta ahora en la materia y buscar cómo encarar las negociaciones parlamentarias que comenzaban a hacerse cada vez más difíciles. Asimismo, las citadas fuentes confirman que Escrivá "ha conversado con Rodríguez Zapatero a lo largo de sus años como ministro en torno a media docena de veces". Pero "en ninguna de esas ocasiones se ha abordado la situación de Plus Ultra ni de ninguna otra empresa", zanjan.

El auto del juez que instruye el caso Plus Ultra refleja cómo la compañía logró un certificado de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social a pesar de mantener una deuda pendiente cercana al medio millón de euros. La firma logró que el Gobierno le concediera en marzo de 2021 un rescate de 53 millones de euros en forma de préstamos -aún por devolver-. Pero antes de acceder a la ayuda pública, había logrado un aplazamiento de la citada deuda. Según el juez, el 20 de agosto de 2020 Plus Ultra obtuvo un certificado de estar al corriente de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Entre los requisitos exigidos para acceder al rescate público se encontraba hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la TGSS a 31 de diciembre de 2019. Pero el juez recuerda que un informe de Deloitte, una de las consultoras contratadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), recoge que en febrero de 2021 la aerolínea facilitó documentación relativa a una deuda preexistente con la Seguridad Social cuyo importe era de 451.954,79 euros. En concreto, el juez remarca que Plus Ultra facilitó a la auditora "una resolución estimatoria, de fecha 05.10.2020, del aplazamiento de una deuda preexistente contraída con la TGSS". Es decir, apenas una mes después de la reunión entre Escrivá y Zapatero.

Ante estos hechos plasmados por el titular del juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, el Partido Popular ha citado a comparecer a Escrivá en la comisión del Senado que investiga la gestión de la SEPI, por la que ya pasó el propio Zapatero. Los de Alberto Núñez Feijóo también han citado a la secretaria del expresidente Zapatero, Gertrudis Alcázar.

Desde el entorno del actual gobernador insisten en negar que tuviera ninguna influencia en el asunto que ha sido investigado por la UDEF. "Todas estas son actuaciones de carácter técnico adoptadas en la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que existiera ninguna participación o conocimiento de las empresas beneficiarias por parte del [entonces] ministro", subrayan.

137.000 aplazamientos en 2020

Fuentes del actual ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz explican además que la tramitación de los aplazamientos "se efectúa siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente y sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta". En este sentido, alegan que muchas empresas lo solicitaron durante la pandemia debido a que el Gobierno puso a disposición varios instrumentos de este tipo para mejorar la liquidez del tejido empresarial en ese período. "Por ejemplo, en 2020 se concedieron más de 137.000 aplazamientos (el doble que el año anterior)", recuerdan.

Asimismo, detallan que para recibir un aplazamiento las empresas "tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y su viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías".

En lo relativo al caso de Plus Ultra, en Seguridad Social sostienen que "se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo". Por otro lado, detallan que los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social "se expiden de forma automática (como si se tratase del certificado de vida laboral), sin que lo tenga que conceder un funcionario en concreto". Y, una vez que se ha obtenido el aplazamiento, no sale registrado que haya ninguna deuda pendiente.