El partido de Carles Puigdemont vuelve a tensar la cuerda en torno al Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Este martes, Junts registró en el Congreso una enmienda a una moción presentada por el PP, por la que piden al Ejecutivo que disuelva las Cortes Generales –Congreso y Senado– y convoque elecciones generales, casi un año antes de que venza la legislatura. Sobre esta posibilidad, en innumerables ocasiones se ha posicionado ya Sánchez, mostrando su compromiso para sostenerse hasta final del mandato "como establece la Constitución". Minutos después, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno volvía a esgrimir ese compromiso: seguirá hasta mediados de 2027.
Se trata de un paso adelante importante de los posconvergentes. Sobre todo, porque de prosperar habría una mayoría alternativa en la Cámara que ya reclamaría esa convocatoria en una votación conjunta, más allá de declaraciones a los medios de comunicación. Para el PP, si bien esto no es una moción de censura, tendría un significado simbólico. Poco más, dado que cualquier votación no tendrá carácter legislativo y compete al propio presidente la función de disolución parlamentaria. "Si Sánchez pierde esa votación, va a tener que convocar generales. Se lo va a decir esta Cámara", apuntó en una comparecencia de prensa posterior la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz. Ambas partes niegan que se haya producido contactos previos para plantear este asunto en la moción.
La iniciativa del PP corresponde a una moción consecuencia de interpelación urgente al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para explicar "la situación de extrema debilidad del Gobierno". Será el último debate del pleno de la tarde de este martes, siempre y cuando no se interrumpa antes la sesión si ésta excede las 20.00 horas de la tarde, aproximadamente. Fuentes populares afirman que lo más probable es que se acabe debatiendo el miércoles. En todo caso, al no ser medidas legislativas, la votación se realizará independientemente el próximo jueves, lo que alarga la tensión de los posconvergentes contra el Gobierno. Tanto el PP como el resto de socios se toparon pasadas las 12.30 horas con este anuncio a la salida de la Junta de Portavoces, comprometiéndose a su estudio en los minutos siguientes para tomar posición.
Aunque en textos anteriores presentados en el Senado los populares reclamaban elecciones, en esta ocasión la moción de interpelación evitaba esa solicitud. Sí comentaba los vacíos del Gobierno y su bloqueo legislativo, la "anomalía" de que no haya Presupuestos en toda la legislatura pese haber un compromiso, o la ausencia de procedimientos parlamentarios como el Debate del Estado de la Nación. Pero tras el movimiento de Junts, el PP ha registrado otra enmienda en la misma línea para reclamar las urnas. Los populares aún tienen el derecho de aceptar o negar la enmienda posconvergente. Muñoz aseguró que independientemente de eso, lo que es seguro es que "se votará una cuestión de confianza" pese a no tener esa forma jurídica en el Parlamento, ni las consecuencias legales. En su poder está poder incorporarla o no al conjunto del texto. No se pueden votar dos enmiendas similares por separado.
El movimiento de Junts, autónomo y sin conversaciones previas, ha llevado al PP a incluir esa misma exigencia de elecciones generales anticipadas a través de otra enmienda
En vista de que el movimiento viene de Junts, se da por descontado que el trámite conseguirá al menos 178 diputados, los 137 del PP, los 33 de Vox, el del representante de UPN y los 7 de Junts. Queda por ver si Coalición Canaria, proclive a una moción de censura lo apoya, y si siguen esa senda socios distanciados como Podemos, con cuatro representantes. Ione Belarra, secretaria general de los morados, fue muy crítica contra Sánchez en unas declaraciones previas a la Junta de Portavoces en la sala de prensa. Ve a Sánchez y al Gobierno atado al futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. Y todo lo que a este rodea, "le huele muy mal".
Pero será mucho más relevante lo que haga el PNV de Aitor Esteban, liderados por Maribel Vaquero en el Congreso. La formación jeltzale viene reclamando desde hace semanas la necesidad de convocar generales anticipadas antes de que finalice 2026, ante un agotamiento de mandato que perciben y especialmente por el amplio abanico de investigaciones judiciales que atosigan al PSOE, al entorno del presidente del Gobierno y a otras personalidades de calado como el propio Zapatero. También con las novedades en cascada que van conociéndose sobre el 'caso Leire' y la "cloaca" erigida para la persecución de fiscales, jueces, periodistas o mandos policiales que investigasen esa presunta corrupción.
La moción deja a socios como el PNV en una posición complicada tras semanas reclamando generales antes de que finalice este año
De sumarse el partido de Esteban, los morados y los nacionalistas canarios, la demanda de elecciones generales podría alcanzar los 188 diputados, frente a los 162 que conforman PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Compromís y BNG. Los populares saben que los socios quedan en una posición difícil, sobre todo el PNV. En las últimas semanas, los vascos han rebajado la beligerancia con los socialistas, más tras el compromiso de presentar PGE, y ante ello el PP asegura que Sánchez evitará cualquier gran votación que remarque que no tiene el apoyo parlamentario. La portavoz popular, Muñoz, hablará en las próximas horas con Junts para acordar cómo queda el texto final de la moción, han comunicado desde el grupo.
Un movimiento en pleno auge de Aliança Catalana
Tras registrar la enmienda, Junts asegura que mueve ficha "dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno español, y su incapacidad e salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra" después de que su partido "rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus incumplimientos reiterados". Los de Puigdemont dan otro paso relevante, apenas días después de que los sondeos sigan dando alas a competidores directos como Aliança Catalana, que se llevaría una buena parte de su base electoral.
Hay una referencia importante dentro del texto, y es que Junts pide esa disolución de Cortes Generales "de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". En el PP se justifican sobre la matización de los posconvergentes, que rebajan así el componente de esta maniobra. "Han aprendido mucho de los errores pasados", dicen fuentes del Grupo Parlamentario Popular, en referencia a principios de 2025, cuando Junts intentó conseguir la convocatoria de un pleno para que Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza a través de una proposición no de ley.
Junts insiste en el carácter jurídico no vinculante de esta exigencia para que pase el filtro de la Mesa del Congreso. En 2025 se rechazó su PNL para una cuestión de confianza
Eso generó un precedente a la Mesa del Congreso, que acabó negando a Junts esa vía al corresponder solo la cuestión de confianza a Sánchez y a su propia voluntad, a diferencia de una moción de censura, que sí es un instrumento a disposición de 35 diputados o más. Junts no quiere vincularse directamente con el PP –aunque emplee sus mociones para añadir este tipo de propuestas– para protagonizar ese trámite conjuntamente, sino que busca que Sánchez precipite las urnas por su cuenta para que eso no aliente un trasvase mayor de votos en Cataluña hacia otras formaciones.
En todo caso, fuentes de la Mesa del Congreso dejan en el aire esa admisión. La Mesa en principio se inclina por inadmitir esas enmiendas dado que "la competencia" para convocar elecciones y para comprobar la confianza de la Cámara es del propio presidente del Gobierno.
Los socios, tensos por la ausencia de explicaciones de Sánchez
Sin asumir los métodos de Belarra, muy crítica con los socialistas, el resto de socios de izquierda, especialmente de Sumar y Compromís reclamaron al PSOE y a Sánchez la mayor "transparencia" posible en los próximos días. Sobre todo, de cara a la comparecencia del presidente ante el Congreso la próxima semana, para rendir cuenta de la imputación de Zapatero y esas novedades sobre el 'caso Leire'. Pero los socios se muestran preocupados, tensos. Más a horas de que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparezca este martes por la tarde en el Senado, o mañana el expresidente Zapatero ante el juez Juan Carlos Calama.
Uno de los más incisivos al respecto, con esa 'agenda judicial' por delante, fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su salida de la reunión de la Junta de Portavoces. El republicano, que se postula como uno de los posibles aglutinadores de la izquierda de cara a esas generales, aseguró que si Sánchez quiere "aguantar para nada, es una tontería". Más que en valorar las enmiendas presentadas en sí, hizo un llamamiento para que el Gobierno se mueva, en la línea de otros socios. Por ejemplo, Sumar sigue sin ver al PSOE comprometido con la agenda legislativa. –al menos con la voluntad de presentar propuestas, pese a no tener esa mayoría– y cree que podría estar haciendo más que lo poco que ha hecho para intentar cambiar el foco de sus investigaciones, caso de reactivar la propuesta de supresión de los delitos de injurias a la Corona y otras instituciones.
Rufián, en concreto, expuso que "aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero, ¿para qué? ¿Para qué se puede aprovechar el tiempo? ¿Simplemente para decir que los otros son peores? Eso ya lo sabemos, es de primero de izquierdas". A su juicio, la gente "merece una izquierda que no dé vergüenza".
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