El fraude electoral que agita Vox, un calco a Trump y a sus socios para movilizar a la derecha

Hasta en dos ocasiones Vox cuestionó esta semana las garantías de los procesos electorales con el foco puesto en las generales. No es un hecho aislado, desde su salto nacional en 2019, el partido de Santiago Abascal ha coqueteado con la estrategia de deslegitimar el sistema en las vísperas o cuando los resultados no eran los esperados. No ha ocurrido, por ejemplo, tras las últimas cuatro elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía, donde la derecha se ha impuesto a unos partidos de izquierda del Gobierno, muy debilitados. No es un asunto aislado, es una práctica extendida entre las corrientes nacionalpopulistas. Ha sido una constante en el caso de Donald Trump y la han puesto en práctica la mayoría de aliados de Abascal.

Con el rival desprestigiado, uno puede justificar mejor sus posiciones por muy duras que sean. Vox ya lanzó dudas sobre el proceso electoral de abril de 2019 por el crecimiento de votos nulos y otras presuntas irregularidades que no pudo demostrar. En las municipales y autonómicas de mayo de 2023, los de Abascal aprovecharon la incertidumbre generada por la difusión de contenidos sobre el voto por correo para sembrar también dudas sobre la limpieza de ese sufragio anticipado. Entonces trascendió la existencia de organización en Melilla que compraba votos, que no fue a más. Se arrastró esa desconfianza hasta las generales de julio, incluso con los peores resultados para la izquierda en el proceso previo. Ahí ya hubo declaraciones expresas de dirigentes como Abascal, que sugirió que la gente debía supervisar ese voto en los colegios. Puso en el foco en Indra, la empresa con participación estatal encargada entre otros asuntos para la gestión de los datos electorales del recuento.

Aunque puntualmente se ha manifestado desconfianza en el sistema, hasta este momento no se había apuntado tan abiertamente y en sede parlamentaria a la posibilidad de que el propio Gobierno y Pedro Sánchez estén dispuestos a hacer un pucherazo para mantenerse en el poder. Supone un paso más en la propia consideración de "Gobierno ilegítimo" o "corrupto" de principios de mandato, por los acuerdos con el independentismo, caso de la amnistía, con los que se buscaba una invalidación. Esta misma semana Vox rescató una iniciativa que no llegó a tramitarse en junio del año pasado para reformar la ley electoral y separar el voto por correo en urnas independientes para garantizar la actuación en caso de irregularidades. Se rechazó en el pleno. A Sánchez, durante su comparecencia en el pleno monográfico sobre corrupción, le acusó de "estar maniobrando para alterar las generales y mantenerse en el poder". Todo, mientras a la vez y de forma permanente se está reclamando una convocatoria electoral inmediata.

La finalidad de Vox: movilización permanente

Mientras que en otros contextos anteriores la intencionalidad de los socios ha sido la de justificarse ante su electorado si no se consigue la victoria, en el caso de Vox, aún sin ser alternativa de gobierno real al menos como partido principal, la intención es la de mantener la movilización permanente, que no haya relajación en la derecha para las próximas generales cuando Sánchez parece para muchos acorralado y desgastado. Más cuando desde entornos aliados como el PP, se avista ya un gobierno de derechas. Vox, de hecho, critica a Génova que se incurra en los "errores de 2023", cuando Alberto Núñez Feijóo 'repartía ministerios'. Pero, además, se busca ampliar base entre descontentos con el sistema, abstencionistas que más dudan de él.

Autores del área de la comunicación política y las Ciencias Políticas expertos en la materia así lo avalan, caso de la británica Pippa Norris, la finalidad frente a sistemas consolidados es generar percepción de irregularidad por un interés estratégico, refleja en obras como Por qué es importante la integridad electoral (Cambrige University, 2014). También otros autores como Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en escritos como Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018).

Dentro del partido, en todo caso, hay quien tiene confianza genuina en que Sánchez quiere manipular las urnas, pero si por algo ha destacado Vox durante esta década es por seguir paso a paso el camino transitado por sus homólogos.

La estrategia no surge de la nada. Hay un escenario propicio para ese despliegue y se cuenta con antecedentes entre los socios internacionales que brindan la capacidad de imitación. También una parte de la derecha sociológica española teme que eso pueda suceder realmente. Por un lado, la polarización y la inestabilidad política permiten que cale ese mensaje cuando el rival es sospechoso permanente de todo. Por otro lado, la etapa crítica que atraviesa el Gobierno, rodeado de investigaciones sobre corrupción, refuerza ese marco lanzado por Vox a quien quiera escucharlo.

La resistencia de Sánchez a convocar elecciones es el punto de ebullición. El deseo de agotar el mandato sin poder legislar con contundencia, y sin mayoría –constatada en una votación este jueves–, remitiéndose el presidente a que la Constitución fija que los mandatos son de cuatro años y a que todavía se pueden sacar medidas, da combustible a las dudas situadas paulatinamente. A esas denuncias de colonización de las instituciones, como la Fiscalía General del Estado, el CIS o RTVE; o de las cloacas presuntamente desplegadas por Leire Díez para combatir las investigaciones judiciales, policiales y periodísticas que afectan al PSOE. Los precedentes históricos, sin esa polarización, no han detonado en dudas por parte de los partidos, incluso pese a derrotas muy duras.

Se deja caer desde Vox que si Sánchez se resiste a elecciones ahora porque las perdería, una vez llegado el final de mandato puede abrirse a querer continuar. Se refuerza esa idea con el eje maestro de la inmigración, con la que el partido teje todo el discurso, tanto en servicios sociales como en economía. Se está utilizando terceros asuntos vinculados para robustecer esa hipótesis del "fraude electoral".

Vox ve intentos de modificación del censo electoral mediante la inmigración. El PP se suma a las críticas a la Ley de Nietos

Por un lado, se hace referencia a la necesidad de recuperar el voto rogado desde el extranjero para que "haya transparencia", algo suprimido por el Gobierno en 2022, antes de las últimas generales, para facilitar la participación de los españoles fuera del país. Con mayor intensidad se señala a la regularización extraordinaria de hasta medio millón de inmigrantes, indicando que se busca alterar el censo electoral para beneficio del Gobierno. Pero hay que recalcar que esta regularización tiene efectos sobre la legalidad de residencia, no otorga la nacionalidad, imprescindible para el voto. En todo caso, esos migrantes regulares podrán emitir el voto en las municipales donde estén censados siempre que sus países de origen tengan convenios recíprocos con España, caso de algunos de América del Sur, o sean ciudadanos comunitarios de la UE.

Por otro lado, se menciona la Ley de Nietos –vigente entre 2022 a 2025 para reparación de memoria democrática–, como una modificación externa del censo. Se critica que la concesión de nacionalidad a los descendientes de exiliados por la Guerra Civil, la dictadura o, tras una orden interministerial, de todo nieto de emigrante español que no pudo obtener la nacionalidad, puede alterar los resultados en beneficio del PSOE y sus socios. Hay unas 2,5 millones de solicitudes en ese plazo, de las cuales más de medio millón ya están resueltas. Justicia aún no ha trasladado al Senado, tras la petición, cuánto crecerá el censo para las generales ni en qué provincias subirá más.

Se predispone a pensar que tanto esos inmigrantes regularizados –que no pueden votar– y esos votantes en el extranjero, de los que quedan revisiones pendientes, solo votarían a la izquierda y no a la derecha. Otra de las denuncias que Abascal hizo a Sánchez en el pleno del miércoles es que ese voto 'de nietos' irá destinado a las provincias donde se necesiten votos, pero la legislación obliga a que los electores en el extranjero justifiquen la participación no al azar, sino vinculada al lugar de origen de alguno de los progenitores, a las raíces familiares, por ejemplo.

Tras la estela de Trump, Bolsonaro o Milei

Los casos de Trump y Jair Bolsonaro son los más conocidos. Tras perder la presidencia frente a Joe Biden por unos siete millones de votos de diferencia, Trump alentó la teoría del fraude aludiendo a que, por ejemplo, el voto por correo –muy alto por la pandemia– era "sospechoso" y que había irregularidades en estados clave como Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona o Michigan. Aseguró que esa situación extraordinaria daba pie a manipulaciones y, por otro lado, tras el recuento presencial en el que ganaba Trump, el conteo del voto anticipado hizo a Biden remontar. A diferencia del votante republicano, el demócrata estaba más concienciado con el coronavirus y decidió no votar presencialmente. La justicia atendió múltiples denuncias sin que pudiesen presentarse pruebas de delito, por lo que se desestimaron. Se hicieron auditorías, hubo observadores independientes y en el caso de Georgia, hubo recuentos manuales posteriores que confirmaron la derrota de Trump.

Esa idea de pucherazo se recuperó en la última campaña, hasta desactivarse con la victoria arrolladora de Trump. Pero ahora, en las horas más bajas de su mandato, el presidente estadounidense vuelve a allanar el terreno en vista de la derrota en las gubernamentales de California, sobre todo por el vuelco para la alcaldía de Los Ángeles en favor de los demócratas, y con las elecciones de mitad de mandato, las 'midterms' a la vuelta de la esquina. Hay desgaste por cuestiones como la guerra en Irán.

Ocurrió algo parecido con las elecciones presidenciales de 2022 que dieron a Lula da Silva la victoria en segunda vuelta con margen estrecho. Bolsonaro y los suyos intentaron impugnar el resultado de unas elecciones que se realizan con urnas electrónicas desde finales de los noventa, que nunca se han puesto en cuestionamiento y que son actualizadas y probadas por hackers regularmente. Desde antes de los comicios, con los sondeos muy próximos, se alertaba sobre la vulnerabilidad del sistema y de posibles ciberataques sin rastro, una deslegitimación preventiva. Las acusaciones de fallo, sin especificaciones concretas o pruebas, quedaron deslegitimadas frente a la supervisión de organismos electorales u observadores internacionales. Sí se consiguió movilizar a los seguidores, que como ocurrió en EEUU con el asalto al Capitolio, se lanzaron contra la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, donde se concentran el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bolsonaro fue condenado a prisión por conspirar para un golpe de Estado.

Javier Milei, que esta semana pasó por Madrid y se reunió con Abascal, también lanzó deslegitimaciones similares antes de las elecciones de 2023. Pero no habló directamente de pucherazo, solo de "irregularidades". Sí dijo que la entidad encargada del conteo, como Indra, "está influenciada por el poder político" y que no podría aceptar "un resultado negativo" en el balotaje. En Europa, episodios como la suspensión del resultado de las presidenciales de 2024 por injerencias rusas sirvió a Vox y a sus socios para agitar el tablero contra la UE después del crecimiento de esos partidos en las europeas, vendiéndose como un intento de frustrar las alternativas. El contraste europeo es claro frente a América. Los principales países presumen de sistemas consolidados y los homólogos de Vox lo saben. Si bien se ha dejado caer que los sistemas benefician a los partidos tradicionales, que las élites controlan o que los medios teledirigen la opinión pública, no ha habido cuestionamiento de los resultados de las urnas.

Ningún socio europeo ha deslegitimado sus sistemas electorales. Sí han denunciado la influencia de las élites o los medios de opinión sobre las decisiones de la ciudadanía

Ni si quiera lo hubo por parte de Viktor Orbán, que tras 16 años en el Gobierno y un sistema adaptado en su beneficio, con reformas legales de la ley electoral entre otros asuntos, perdió contra Peter Magyar con rotundidad pese a que las encuestas le daban un resultado ajustado e incluso una ligera victoria. Tras la caída de Orbán, y la cordialidad con Giorgia Meloni o los polacos del PiS, Trump queda como el principal líder de influencian de Abascal, como lo fue desde 2016 con campañas como el 'Hacer grande a España otra vez'.

El PP, ambiguo respecto a su socio de gobierno

Pese a que Génova y Bambú protagonizan una tregua nacional tras los pactos de gobierno y con la corrupción en el centro del debate, para no desviarla, los populares mantienen las distancias respecto a cuestiones concretas como pueden ser esas dudas sobre las garantías del sistema electoral. Aunque de forma ambigua o al menos sin tanto trasfondo. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Feijóo hizo mención a esa idea de modificación del censo a través de la Ley de Nietos, afinando más el tiro que Abascal, pero sin valorar que la iniciativa partió desde la legislatura anterior con finalidad de reparación, no electoralista.

"¿Qué hay detrás de este interés por romper los consensos europeos en materia de inmigración (...), por regularizar (...) y a la vez meter 2,5 millones de nacionalizaciones de forma inmediata? Yo creo que estas cosas las tenemos que ordenar, y lo vamos a hacer", dijo Feijóo, sin más detalles. En el PP insisten en el asunto.

Frente a ello, este martes Vox se quedó solo con su iniciativa sobre el voto por correo y el resto de fuerzas le afearon que pongan en cuestión el sistema electoral, incluido el PP, que sin embargo se abstuvo. Los populares si bien consideraron que "el Gobierno lleva años impulsando fórmulas cada vez más discutibles para ampliar el cuerpo electoral", son palabras mayores señalar el sistema y un fraude sin pruebas. "Las reglas del juego deben reforzarse desde el acuerdo, no desde la sospecha", sostuvieron. El PP no deja espacio único a Vox en el cuestionamiento de Sánchez al mostrar dudas con las ampliaciones del censo, pero se desmarca del fantasma del pucherazo. Vox, elige con ello una forma de tomar posiciones de cara a las próximas generales, para polarizar más y distinguirse del PP, y afianzar un concepto mientras sigue creyendo que Sánchez "puede volver a ganar".