El Gobierno ignora la petición de cuestión de confianza aunque admite su perplejidad con Junts: "Nunca sabes qué van a hacer"

"El efecto político es cero. Cero". La moción del PP que aprobó este jueves el Congreso gracias a los votos de Junts y Vox y que pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza tendrá ese impacto. Nulo. Lo decía el ministro Félix Bolaños, uno de los dirigentes de la máxima confianza del presidente, a la salida del pleno. Estaba más que claro. Pero lo remachó con nitidez. Nada va a torcer la voluntad del líder socialista. Y la propuesta, ya de suyo sin carácter vinculante —porque no lo tienen las mociones que presentan los grupos—, irá directamente al desván. No tendrá ningún recorrido. Por mucho que la bancada del PP gritase "¡dimisión, dimisión!" al prosperar el texto, por mucho que Alberto Núñez Feijóo considerase la votación como una decisión "muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia al presidente, también a su Gobierno y a su partido". La cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo, esgrimen en la Moncloa y en Ferraz, porque así la protege el artículo 112 de la Constitución.

La sesión de este jueves no cambia, de facto, nada. Absolutamente nada. Aunque sea un golpe político para un Sánchez que el miércoles, en el pleno monográfico sobre corrupción, pudo comprobar que está cada vez más solo, con sus socios más despegados y críticos, pero sin abrazar una hipotética moción de censura que solo podría triunfar con el respaldo de la ultraderecha. Sin embargo, los socialistas se reconocen perplejos con los bandazos de los posconvergentes, ya que en apenas unas horas han sostenido tres posiciones diferentes. "Nunca sabes qué van a hacer", indican en el corazón del partido. Y es que los puentes con la formación de Carles Puigdemont se rompieron el pasado octubre y no se han recompuesto. Nada hace indicar que quepa la recuperación del diálogo, aunque en el Ejecutivo siguen aferrándose a la vía que abrirá, previsiblemente, la validación de la ley de amnistía por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia del próximo 16 de julio, y que, de confirmarse, posibilitaría la vuelta del expresident catalán para el otoño.

El Congreso finalmente votó este jueves sobre la cuestión de confianza. La semana pasada, Junts presentó una enmienda a una propuesta del PP, pero la Mesa, con los votos de PSOE y Sumar, la frenó con el argumento de que esa es una potestad del presidente. Pero los populares presentaron días después una moción consecuencia de interpelación urgente, para su debate esta semana en la Cámara baja, en la que incluyeron una redacción que calcaba, palabra por palabra, una proposición no de ley de Junts que sí había sido admitida a trámite por la Mesa en febrero de 2025. Y había pasado el cedazo porque la textualidad fue pactada en ese momento por los posconvergentes y los socialistas. Aquella propuesta de los independentistas nunca se llegó a debatir y votar, porque la acabaron retirando.

El PP, por tanto, copió para el punto 3 de su moción la redacción de febrero de 2025 de Junts y se remitió a ella: el Congreso "insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". Ese punto 3 salió adelante en el pleno por 178 votos a favor (PP, Vox, Junts, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria) y 171 en contra (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, Compromís y BNG). Los diputados socialistas y el presidente recibieron con sonrisas y aplausos irónicos la votación. Un resultado, para Feijóo, que exige a Sánchez asumir la dimisión que le pide la mayoría absoluta de la Cámara.

Las mociones, igual que las proposiciones no de ley, no son vinculantes. Son textos de orientación política que, aunque se aprueben, no obligan al Gobierno a nada. Y esta menos aún. Pero además en el Ejecutivo insistían en que no caerían en la celada de Junts y del PP, en que nada iba a cambiar. La hoja de ruta del presidente es clara y la volvió a exponer el miércoles en el pleno: llevará los Presupuestos al Congreso en el último tramo del año y las elecciones llegarán en 2027, aunque no está claro si estas serán antes o después de las municipales y autonómicas de mayo.

"Cero efecto político", decía Bolaños, y en la cúpula socialista reconocían su desorientación con los movimientos de Junts. "La pregunta es: ¿da mucha importancia Junts a que haya cambiado de posición tres veces en menos de 24 horas? Que den ellos las explicaciones", subrayan. Y es que el miércoles, en el Congreso, la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, defendió la vía Starmer. Es decir, que Sánchez imitara a su colega británico, el laborista Keir Starmer, y diera paso a otro candidato a la investidura. También el mismo miércoles, en el Senado, los representantes de la formación de Puigdemont no participaron en la votación, pese a estar presentes, de la moción del PP que instaba al presidente a convocar elecciones por "decencia" ante los casos de corrupción. El texto solo recabó los apoyos de Vox y de UPN, mientras que el PNV se sumó al voto en contra, junto al resto de partidos. Y este jueves los independentistas catalanes se unían a PP y Vox para pedir a Sánchez la cuestión de confianza. "Me cuesta opinar —asegura otra destacada integrante de la ejecutiva— porque no entiendo las dinámicas de ellos". "Nunca sabes qué van a hacer", resopla otra.

En la planta noble de Ferraz achacan los repentinos giros de Junts a que "en Cataluña las cosas no les van bien" por su competencia brutal con Aliança Catalana, la formación ultra y racista en ascenso. Sánchez, en respuesta a Nogueras, le instó a que se dejase de "vericuetos" y que si quieren plantear una "alternativa con PP y Vox", pues que lo hagan y respalden una moción de censura. "Es que no hay más. O presentas una censura, que ha de ser constructiva [es decir, con candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno], o no hay nada más. Punto. Es que, ¿a santo de qué van a determinar ellos nuestro candidato? Si no quieren a Sánchez, que lo retiren vía moción de censura", apuntan en el cuartel general.

El aparato federal del PSOE recuerda, como hizo el líder la víspera, que precisamente el Reino Unido no es ejemplo de nada, ya que lleva quemados seis primeros ministros desde 2016, cuando apoyó el Brexit vía referéndum: David Cameron (2010-2016), Theresa May (2016-2019), Boris Johnson (2019-2022), Lizz Truss (2022), Rishi Sunak (2022-2024) y Keir Starmer (2024-2026), al que ahora sucederá su compañero laborista Andy Burnham. "Que no comparen la situación, que aquí España va como un tiro", señalan irritados en Ferraz. Ya no esconden su ofuscación con sus antiguos socios. Lo hizo el presidente el miércoles en el pleno.

Los posconvergentes defienden con uñas y dientes su idea. Este jueves, el número dos del partido, Jordi Turull, ofreció a los socialistas negociar un sustituto para Sánchez, aunque "no hace falta" que sea del PSOE. Apuntó que la propuesta lanzada por Nogueras no fue "improvisada", sino que contaba con "el aval de la dirección del partido", después de que el presidente rechazara una cuestión de confianza y un adelanto electoral.

Turull llegó a afirmar en SER Catalunya que le consta que hay "voces" en el PSOE dispuestas a explorar esa vía, y que por tanto la suya no es una propuesta "extraterrestre". Así que si los socialistas quieren hablar de ello, Junts está "dispuesto" a abrir una negociación en Waterloo con Puigdemont de manera discreta, "sin buscar la foto ni la gesticulación". Optar por un relevo pactado serviría, adujo, para "llegar al final de la legislatura" e "impedir que se acelere la incorporación de la extrema derecha" al Gobierno, informa EFE. Pero si el líder socialista prefiere "arrastrarse" y estirar una legislatura "zombi" en la que las leyes queden "bloqueadas", entonces eso será "combustible para la extrema derecha".

A lo que no están dispuestos los posconvergentes es a negociar los Presupuestos de 2027 con el Gobierno. "No vamos a caer en esa trampa. Lo hemos dicho. O pagan a Cataluña lo que deben o no nos vamos a sentar". Las relaciones, pues, siguen rotas. Y sin visos de que vayan a mejorar. Ni siquiera, tal vez, con una resolución del TJUE favorable a la amnistía, que a su vez llevaría al Tribunal Constitucional a declarar la plena adecuación de la ley a la Carta Magna y traería de vuelta a Puigdemont.