El Gobierno defiende su proceso de regularización ante el Supremo y subraya que respeta el Derecho de la UE

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo periodo de solicitud concluye este martes, 30 de junio, se ha encontrado con un escollo potencial y muy serio: la amenaza del Tribunal Supremo de llevar el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si pudiera colisionar con el Derecho comunitario. El Gobierno defiende que no, que no es así, que el camino desplegado en estos meses es garantista y que se ha diseñado "velando estrictamente por su compatibilidad" con el ordenamiento jurídico europeo. Además, en el Ejecutivo lanzan un mensaje de "tranquilidad" a los inmigrantes que han solicitado su normalización administrativa. Son más de un millón de personas las que la han pedido, dato confirmado este mismo martes por el propio presidente, Pedro Sánchez.

Ahora, es el Supremo el que tiene que decidir. El alto tribunal ha acordado dos providencias por las que tramite los recursos interpuestos por los gobiernos autonómicos de Comunidad Valenciana y Aragón contra el real decreto del Ejecutivo central de 14 de abril por el que se abrió el proceso de regularización extraordinaria. En las dos resoluciones, el TS traslada a las partes que en el plazo de cinco días expresen su parecer respecto a la posibilidad de que se formule ante el TJUE "una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE". Las dos providencias dictadas por el Supremo es el paso previo a resolver las medidas cautelares solicitadas por las dos CCAA que han impugnado.

El alto tribunal tiene dudas, por tanto, de que la normativa española pueda encajar con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE, y por eso reclama a las partes su posición. En virtud del real decreto —que no tiene rango legal, no necesitó por tanto de convalidación parlamentaria—, dice el TS, "un nacional de un tercer país que resulte beneficiario de primera autorización de residencia temporal de un año adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en periodos de ciento ochenta".

Los magistrados recuerdan que en 2024 la UE aprobó el Pacto de Migración y Asilo por el que los Estados miembros asumen una serie de obligaciones. El decreto del Gobierno de Sánchez concede permiso de residencia y trabajo —no la nacionalidad—, sacando de los márgenes a miles de inmigrantes que se encontraban en situación irregular en España. "No se trata pues de un reconocimiento individualizado de dicho permiso, sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular debiendo reunir determinadas condiciones", añade el TS, informa EFE. Así, advierte el tribunal, "el régimen de regularización establecido en el real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo de la UE".

Desde la Moncloa recuerdan que el mismo Supremo, ya el pasado mayo, "desestimó adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que ha seguido desarrollándose con total normalidad" hasta el momento y que concluye este 30 de junio.

El plazo para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones exprese su parecer sobre la cuestión prejudicial está abierto hasta el próximo viernes, 3 de julio, y entretanto el departamento de Elma Saiz, señalan en el Ejecutivo, "trabaja en coordinación con la Abogacía del Estado para aclarar las cuestiones planteadas".

Fuentes del Gobierno creen que si el Supremo decidiera elevar la cuestión prejudicial ante la UE "serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión". Eso sí, en el Ejecutivo están plenamente seguros del procedimiento puesto en marcha, y por eso manda a los solicitantes un "mensaje de tranquilidad". La norma, prosiguen, "se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el Derecho comunitario". La regularización otorga "un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español".

"Estamos tranquilos y convencidos de la legalidad de la regularización. Una medida que es la séptima vez que se lleva a cabo en España", insisten desde la Moncloa, donde garantizan un "entorno de seguridad jurídica" a los miles de inmigrantes afectados por este proceso de normalización administrativa.

A falta de conocer la cifra final, que se sabrá cuando cierren hoy las oficinas habilitadas, son más de un millón las solicitudes presentadas, según confirmó este martes Sánchez, cifra que demuestra, añadió, que era una medida "necesaria". Lo dijo en la puesta de largo del Plan de Integración y Ciudadanía en un acto público en Madrid y ante varios miembros de su Ejecutivo. Ese plan estará dotado de 500 millones en el primer año.

El plan, responsabilidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones de Elma Saiz, está compuesto por cuatro ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030. El primer gran eje es la ordenación de los flujos migratorios y la regularidad como base de la integración. La primera medida ha sido, precisamente, la regularización de ese millón de personas migrantes. Además, se pondrá en marcha una Estrategia de Movilidad Laboral para "abrir vías legales, seguras y ordenadas, responder a las necesidades de nuestra economía y facilitar la integración desde el primer día". Se iniciará asimismo el proceso para la creación de una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana, que "reunirá funciones y recursos hoy dispersos para ofrecer una gestión más sencilla, coordinada y eficaz, manteniendo diferenciados los procedimientos de protección internacional y de residencia y preservará las competencias de seguridad y control fronterizo".

Segundo eje: reconocimiento del trabajo como principal herramienta de inclusión, autonomía personal y cohesión social. Se destinarán más de 35 millones para facilitar la incorporación a los sectores de alta demanda (construcción, hostelería y ciudados) y se apoyará el emprendimiento y el refuerzo de oportunidades en el medio rural. Y se lanzará una "oferta extraordinaria de Formación Profesional, con una inversión de más de 150 millones de euros y 100.000 plazas de formación flexible y conectada con el mercado laboral.

El tercer gran pilar es la integración como "compromiso recíproco". Se dedicarán casi 30 millones de euros "en programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de nuestras normas y valores, así como programas de integración comunitaria para mejorar la convivencia". También se reforzará la lucha contra los discursos de odio y se mejorará el apoyo a las víctimas de discriminación.

Y cuarto y último bloque: hacer "efectiva la ciudadanía". Aquí se destinarán más de 200 millones de euros para fortalecer los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades.

En definitiva, el Plan de Integración, sostiene el Gobierno, "convierte ese primer paso", el de la regularización administrativa, "en un proyecto de vida: con empleo, educación, derechos, deberes y reglas de convivencia compartidas".