Las limitaciones de la propuesta del PP para el retorno de migrantes a Marruecos pese a ser un "país seguro"

Una de las apuestas del PP en la última proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a la defensa de la soberanía nacional en plena crisis migratoria de Ceuta, el retorno inmediato de todos los migrantes, encuentra limitaciones en la propia legislación europea a los que los populares se refieren. También en la nacional. Este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, trasladó que a mediados de julio [realmente fue en febrero], y derivado del nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, mediante una directiva europea Marruecos pasó a ser considerado como "país seguro". Esto, a los ojos del PP permite agilizar y rechazar las solicitudes de asilo de los migrantes irregulares que entraron en Ceuta a finales de julio y que permanecen instalados en sus calles a la espera de que avancen los procesos de recepción de las autoridades.

Si bien este reconocimiento en el Reglamento (UE) 2026/464 puede agilizar los trámites en situaciones como la ceutí al existir una presunción de que al proceder de un entorno "seguro" no tienen por qué ser víctima de persecuciones, la propia normativa europea establece matices. Si un ciudadano marroquí reclama protección internacional tras una entrada irregular en territorio español sigue manteniendo el derecho a la revisión de su situación. Y si demuestra que pese a esa categoría reconocida por Bruselas sí corre riesgo en el país vecino, el asunto debe ser valorado directamente por la autoridad competente, decidiendo en última instancia. Uno de los puntos de ese reglamento que así lo establecen es el considerando 3 o el 17: "Si atendiendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas generales, puede demostrarse que no existe persecución (...) ni un riesgo real de daños graves". Con un ciudadano marroquí que no lo reclame, el proceso sería más veloz.

Pero aunque todos han entrado por la frontera marroquí con Ceuta, una buena parte de las personas que ahora están instaladas en las calles y las playas de la ciudad autónoma no son ciudadanos sujetos a la legislación de Rabat. Hay ciudadanos subsaharianos, por ejemplo, lo que complica jurídicamente el asunto, dado que plantea otro concepto, el de "tercer país seguro". El punto 3 del reglamento lo aborda. Para cualquier retorno, Marruecos debe estar dispuesto a aceptarlo. Al tratarse de ciudadanos de terceros países eso no se da por descontado. Además, muchos de esos ciudadanos sí proceden de zonas en conflicto, como Mali, Sudán o Somalia. No hay registros oficiales, solo comentarios de responsables del Gobierno.

Otro importante asunto es el de los menores migrantes no acompañados, independientemente de la nacionalidad. La normativa europea comentada no habla específicamente de los menores, pero sí modifica reglas que acaban teniendo repercusión en los más pequeños. Pese a todo, prima el derecho a la acogida de esos menores y éstos, sin pedirlo, ven cómo el Estado activa garantías concretas de protección de la infancia. Quedan automáticamente bajo la tutela de la administración. Paralelamente el PP habla de fomentar el reencuentro con las familias o el retorno para la supervisión a cargo de la administración marroquí. Se respaldan en la petición explícita del ministro de Justicia de Marruecos, Abdelatif Uahbi, para ese retorno. Pero la legislación española obliga a mirar al interés último de ese menor, a la identificación, la filiación y a observar las condiciones de la reunificación, que en definitiva prime el derecho superior del menor y haya garantías de seguridad.

2.500 menores según el Gobierno

Igualmente, de los 2.500 menores reconocidos por el Gobierno –Save the Children habla de 4.000, de los cuales 1.500 ya estarían bajo el sistema de protección– llegados a Ceuta en la última entrada, de algo más de 11.000 personas, de las que ya únicamente la mitad se mantiene y no ha retornado voluntariamente, no todos esos menores son marroquíes, lo que la máxima del PP, de un retorno completo, no puede proceder. En concreto, Gamarra, afirmó que "la única vía" frente a la crisis migratoria, es que "todos aquellos que entraron de manera irregular, sean menores o adultos, deben volver a Marruecos". La popular, además, apeló a que en el caso de menores hay "acuerdos bilaterales con Marruecos" que contemplan esos regresos. Pero más allá de la legislación europea, la española cuenta con precedentes sobre regresos similares. Hay sanciones judiciales por no seguirse los cauces establecidos, por encima de ese convenio hispano-marroquí de 2007.

Los precedentes judiciales que complican la postura del PP

El caso de 2021 en Ceuta es un ejemplo. Las autoridades españoles devolvieron a centenares de menores bajo esa premisa de concertación de los retornos con los padres. Pero los tribunales entendieron que España se saltaba el procedimiento legal establecido. El Tribunal Supremo avaló la ilegalidad de esas vueltas, sin contemplación a las garantías de la Ley de Extranjería, como esa atención individualizada y sin contar con el Ministerio Fiscal. Es más, el Supremo entendió que la expulsión fue contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sobre los derechos del niño, y que no se sostenía con un acuerdo bilateral de 17 años antes. El año pasado, de hecho, la Audiencia Provincial de Cádiz sentenció la inhabilitación por prevaricación administrativa a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, por su papel en esas repatriaciones y ser conocedoras de la ley.

La propuesta del PP llega en un momento en el que hay un choque por el relato, en el que el Gobierno retrata a un ejecutivo autonómico, al menos lo ha hecho la ministra de Sanidad, Mónica García, en contraste con el tono conciliador de la titular de Migraciones, Elma Saiz, como poco preparado e implicado. A su vez, los populares apelan a la falta de involucración y de soluciones de Moncloa, con Sánchez aún de vacaciones. La postura migratoria del PP se topa además semanas después con la expresada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Después de que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, afirmara que ninguno de los migrantes que entraron se quedarían en España, Marlaska aseguró que se seguirían los procesos y se devolverían a aquellos que no estén en situación de vulnerabilidad o que no entren en los criterios de acogida y humanitarios contemplados. Entre ellos, ese asilo o esos casos de menores.

Según datos del Gobierno, unos 5.000 de esos más de 8.000 migrantes se encontrarían en esas situaciones excepcionales. A esos 2.500 menores comentados, se suma la misma cifra de posibles candidatos al asilo. Según los cálculos, unos 3.000 sí podrían ser devueltos, dado que no tendrían capacidad de acogerse por ser 'migrantes económicos', mayoritariamente marroquíes mayores de edad y cuya motivación es la de conseguir un empleo o una mejor calidad de vida.