Precios justos. Es una de las principales demandas que han sacado estos días a la calle a miles de agricultores. Recibir un importe acorde al coste de producción es una de las eternas reivindicaciones del campo. Lo que paga el consumidor por un pepino en el supermercado o por un kilo de naranjas se multiplica exponencialmente sin que nadie tenga muy claro dónde está el agujero negro que dispara el precio entre origen y destino.

Y todo en un contexto de fuerte inflación, que aunque de forma más moderada, sigue haciendo crecer los precios de productos básicos en todos los hogares. La estadística oficial refleja el encarecimiento de la cesta de la compra en el último año con incrementos siguen siendo a doble dígito.

Los últimos datos correspondientes al IPC del pasado diciembre reflejan que el aceite de oliva subió un 54,6% de precio en doce meses. Y eso se suma al crecimiento acumulado del año anterior, donde también se disparó. Crecieron también las legumbres y hortalizas (13,2%); la carne de porcino (12,3%); las frutas frescas (11,8%); las patatas (10,2%); y el arroz (8,6%).

Las organizaciones agrarias y de consumidores ponen el foco en la diferencia que hay entre el precio en origen y el precio en las fruterías o los lineales de los supermercados. El Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) que mensualmente elabora la organización agraria COAG pone de manifiesto que el precio puede crecer un 880% entre el campo y la mesa. Es el caso de los limones, que con una cotización de 0,20 euros por kilo en origen pasan a costar 1,96 euros en el súper.

Según esta organización, el precio de los ajos se multiplica por 5,56 (+456%). De 1,18 euros por kilo en el campo, pasan a venderse en destino a una media de 6,56 euros. Los plátanos multiplican su valor 8,33 veces (+733%), con 0,27 euros por kilo pagados al agricultor hasta los 2,25 euros que abona el consumidor. Las naranjas crecen un 426%, de 0,39 euros a 2,05 euros. El brócoli, de 0,54 euros a 2,85 (+428%); y la patata, de 0,32 euros a 1,83 euros en la tienda.

El incremento en la leche de vaca es porcentualmente menor, pues se paga en el campo a 0,52 euros, mientras que su precio en los lineales acaba en 0,92 euros (+77%). Los huevos se pagan a 1,67 euros en origen mientras que en el supermercado acaban costando 2,46 euros.

La clave está en aclarar dónde se produce el salto de precios de unos productos en su mayoría frescos que, a excepción de la leche, no deben pasar el filtro de la industria transformadora. Solo van de la planta a los almacenes y, después, a las tiendas. "La gente piensa que el agricultor es el que sube la cesta de la compra, pero es mentira; son los intermediarios", denunciaban este viernes en una entrevista con El Independiente dos agricultores de la provincia de Valladolid que participan en las tractoradas de estos días.

¿Justifican el almacenaje, transporte y, eventualmente su envasado un salto tan grande de precios? Lo habitual es que los agricultores lleven el producto de sus campos a una cooperativa local o a un almacén, que después se encargará de venderlo a un mayorista. Este último los transportará a los mercados centrales, donde acuden las tiendas especializadas, algunos supermercados o los locales de restauración. Pero algunas cadenas de la gran distribución los compran a través de plataformas, en las que los profesionales del campo ponen el foco.

Más inspecciones y sanciones

El cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria es lo que está en cuestión. Aprobada por el Ejecutivo español en la pasada legislatura como una herramienta para evitar que se pueda vender a pérdidas, las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA creen que no termina de funcionar como debería. "La Ley de la Cadena ha sido uno de los grandes éxitos del trabajo común del sector agrario, pero es preciso que todas las Administraciones se impliquen es su puesta en marcha", afirmaban.

Vista de la concentración de tractores en la A4 a la altura de Madridejos (Toledo).
Vista de la concentración de tractores en la A4 a la altura de Madridejos (Toledo).

En este sentido, consideran que la AICA- Agencia de Información y Control Alimentario- debería de "aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control". Desde el inicio de 2023 ha dictado cerca de 200 sanciones, entre las que destacan varias cadenas de supermercados y alguna gran compañía de la industria alimentaria. "La AICA debe actuar más a través de los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los 'precios anormalmente bajos', como es el caso ahora mismo del limón", añadían.

Esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió este miércoles a fortalecer dicha norma, lo cual podría implicar que se eleve el número de inspecciones. Asimismo, el próximo miércoles 14 se celebrará una reunión ordinaria del Observatorio de la Cadena Alimentaria -el órgano adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Además de los altos cargos del departamento que dirige Luis Planas, están las organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA- y las Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). También están representados los supermercados y grandes superficies, con la presencia de los directivos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

Desde FACUA-Consumidores en Acción han reclamado al Gobierno que implante un modelo de doble etiquetado con el que se proporcione información a los consumidores sobre el precio en origen de los productos del campo junto al de venta al público. La organización también ha publicado un reciente estudio sobre la evolución del precio de los alimentos afectados por la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno durante el último año.

En base al análisis en ocho cadenas de distribución, concluye que el aceite de oliva virgen extra (un 69%), la bandeja de fresas de 500 gramos (un 52%) y la malla de patatas de 5 kilos (un 31%) son los productos donde se ha detectado un mayor encarecimiento medio en los últimos 12 meses. De la treintena de alimentos analizados, asegura que en una decena se han producido incrementos de precios en los puntos de venta superiores a las subidas en origen.

El encarecimiento sostenido de los productos a lo largo de los últimos dos años ha tenido un impacto directo en el consumo de los hogares. Según las últimas cifras disponibles, correspondientes al pasado mes de noviembre, los hogares españoles reducen un 1,5 % el nivel de compras de alimentación y bebidas para el consumo doméstico.

El informe del departamento que dirige Planas recalca que "los productos frescos pierden relevancia dentro de los hogares españoles". En concreto, se reduce la demanda de frutas frescas (2,6 %), hortalizas frescas (1,9 %) y, en menor medida, patatas frescas (0,8%). También se ve afectado la categoría del aceite. Los hogares reducen un 4,9 % su compra con un 15,1% menos de volumen en aceites de oliva, que no es compensado por el aumento del 19,9% del aceite de girasol.

También cae un 3,6% la compra de leche líquida y otro 3,1% la de derivados lácteos. El informe constata también que se reduce la compra de pan (1,7 %), azúcar (1,9 %) y legumbres (1,9 %), mientras que la compra de huevos sube un 7,7%.

En vilo Madrid y los premios Goya

De momento, los agricultores mantienen las protestas en la calle hasta que sus reivindicaciones sean colmadas. Desde el pasado jueves, a las tractoradas no comunicadas a las autoridades y convocadas a través de redes sociales se han sumado las movilizaciones de las grandes organizaciones agrarias, que se extenderán durante todo el mes de febrero por distintas ciudades.

El balance hasta las 15 horas de este viernes fue de 20 personas detenidas en el marco de las protestas. La Guardia Civil y la Policía Nacional también han identificado para propuesta de sanción administrativa a 7.925 participantes en esas movilizaciones. Asimismo, según datos del Ministerio del Interior, se han incoado 3.035 denuncias administrativas. La vista está puesta este sábado la llamada de la Plataforma 6F a bloquear Madrid y a las posibles manifestaciones en Valladolid, con motivo de la celebración allí de la gala de los premios Goya.