En la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud a la que acudió Salvador Illa, el ya ex ministro de Sanidad desoyó el SOS que lanzaron comunidades autónomas de todo signo político para que el Gobierno accediese a ampliar el decreto de estado de alarma -activo desde el pasado 29 de octubre y vigente, si no hay cambios, hasta el próximo mes de mayo- para conceder a los ejecutivos regionales, autoridades delegadas en la gestión de la pandemia, más herramientas para endurecer restricciones como el toque de queda con el objetivo de frenar una tercera ola de récord.

La decisión del ex ministro sorprendió a propios y ajenos, sobre todo porque el frente común autonómico parecía lo suficientemente sólido como para que el Gobierno no pudiese hacer oídos sordos. "No se trata de añadir muchas medidas de golpe, sino de aplicar bien las adoptadas y esperar el resultado", insistía Illa, a sabiendas de que, con la campaña de las elecciones autonómicas a punto de comenzar, cualquier restricción adicional a las actualmente recogidas en el decreto de estado de alarma puede suponer un aplazamiento electoral, tal y como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y, por ende, el desvanecimiento del 'efecto Illa' que ha llevado al PSC a pugnar con ERC por el control de la Generalitat.

Pero no sólo la presión autonómica acorrala al Gobierno para que tome medidas sin pensar en términos "electoralistas", como denuncian algunos ejecutivos regionales. Mientras las autonomías volverán a solicitar este jueves la ampliación del marco jurídico actual en la nueva reunión de la Interterritorial -aunque esta vez el interlocutor gubernamental no será Salvador Illa, sino Carolina Darias-, el debate sobre la cuestión se ha instalado también en la sede de la soberanía nacional. El clamor en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno amplíe el decreto de estado de alarma y no espere a que pasen las elecciones catalanas se ha convertido una demanda que se repite no sólo entre los partidos en la oposición, sino entre algunos de los socios del Ejecutivo de coalición.

El melón lo abrieron en primer lugar el líder de Más País, Íñigo Errejón; y el de Compromís, Joan Baldoví, que defendieron en rueda de prensa en el Congreso la necesidad de que el Gobierno regulase el decreto de estado de alarma para que las comunidades autónomas pudiesen implantar nuevas medidas no recogidas en el actual marco jurídico, como por ejemplo adelantar el toque de queda o acordar el cierre de la hostelería. Trasladaron esta petición justo después de criticar duramente al Gobierno y a Salvador Illa por abandonar el puesto "de mayor importancia" del país para centrarse en la campaña catalana y, además, esquivar el control parlamentario. "El Gobierno tiene las prioridades invertidas", aseveró Errejón.

El testigo lo recogen en JxCat, donde defienden sin cortapisas la apertura, revisión y actualización del actual decreto. "No hacerlo por miedo a perjudicar al ministro-candidato Illa o para ahorrarse el tener que pasar por el Congreso es intolerable", comentan fuentes del grupo parlamentario. Desde que el PSC anunció la candidatura de Salvador Illa a las autonómicas, tanto Junts como ERC, que hasta ahora pugnaban contra ellos para hacerse con el mando de la Generalitat, se han lanzado a degüello contra el ex ministro y contra el Gobierno después de que la Justicia denegase el consenso alcanzado entre los partidos independentistas para aplazar las elecciones al 30 de mayo. Desde ERC, se hará campaña con el foco puesto en Salvador Illa por defender ir a votar en pleno récord de contagios y muertes, tanto en Cataluña como en el resto de España. "Le importan más los votos que las vidas", sentenciaba la diputada de ERC, Carolina Telechea, este lunes.

Tampoco Bildu se queda atrás en la petición de ampliar más tarde que pronto las restricciones para frenar el avance de la pandemia. "Las medidas adoptadas hasta ahora se han quedado muy cortas y no son suficientes para hacer frente el virus", suscriben fuentes del grupo parlamentario, que recuerdan que en País Vasco la formación incluso defiende la postura de estudiar "un confinamiento breve pero estricto como defienden expertos y científicos" siempre y cuándo "lo hagan las comunidades autónomas desde la cogobernanza", lo que sólo sería posible con la "modificación del actual decreto de estado de alarma", sentencian. El confinamiento domiciliario, que también defiende el BNG en Galicia, no es una opción prevista en el actual decreto, por lo que las comunidades autónomas sólo pueden decretarlo a modo de recomendación, como han hecho algunos líderes regionales.

Por su parte, en el PNV no se cierran tampoco a esta posibilidad, aunque sí deslizan desde el grupo parlamentario que la petición de ampliar el decreto de estado de alarma ya se tanteó cuando el Gobierno vasco planteó al Ejecutivo central -tanto en la última reunión de la Interterritorial de Salud como en la cita que mantuvieron este lunes el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- el adelanto del toque de queda, lo que implica tocar el marco jurídico actual aunque haya dudas jurídicas sobre si una modificación de este tipo sería suficiente como para tener que enviar el documento de nuevo al Congreso.

La oposición, con sus autonomías

Tanto PP como Ciudadanos se han posicionado en público y en privado con la posición de las autonomías en las que gobiernan, y han criticado que el Gobierno haya desatendido las peticiones de los ejecutivos regionales -piden, además de la ampliación del toque de queda, la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios en las zonas de mayor incidencia- con tal de "arañar votos" de cara al 14-F, y se niegue a ampliar las restricciones sólo por el peligro que ello supone para la fecha de las autonómicas catalanas.

Desde el grupo parlamentario popular suscriben en este caso la necesidad de impulsar una "ley nacional de pandemias" para que las comunidades "puedan ir tomando decisiones en función de las circunstancias sin depender permanentemente del estado de alarma", y subrayan las palabras de Pablo Casado, que pidió al ya ex ministro de Sanidad ampliar el decreto de estado de alarma para dar más capacidad de acción a los ejecutivos regionales aunque recuerda, no obstante, que el Gobierno puede modificar el documento "sin que tenga que votarse en el Congreso".

Por su parte, fuentes del grupo parlamentario de Ciudadanos insisten en la idea de que los de Arrimadas apoyarán al Gobierno "si de verdad quiere luchar contra esta tercera ola" y decide presentar una modificación del decreto en el Congreso de los Diputados, en coherencia con la actuación "responsable" que han seguido los naranjas estos meses. No obstante, "Sánchez ha renunciado a liderar la lucha contra la tercera ola porque está pensando en la campaña de Cataluña, mientras los españoles se siguen contagiando y muriendo", lamentan.

Podemos, al margen

Los que no se mojan sobre la cuestión de ampliar o no el decreto de estado de alarma antes de las elecciones catalanas es Unidas Podemos, pese a que el presidente de la formación morada en el Congreso, Jaume Asens, cargó duramente este lunes contra Salvador Illa por haber huido "por la puerta de atrás" sin dar explicaciones sobre su gestión ante la Cámara Baja y abandonar en el "peor momento", un "error" a juicio de los socios morados del Gobierno.

Desde Podemos se mantienen cautos respecto a los ataques que puedan verter contra el PSOE por su condición de socios gubernamentales, pero no tampoco se quedan atrás en las críticas, con el ojo puesto en campaña electoral y los votos que Salvador Illa pueda robarles a los Comunes en Cataluña. Por eso, Asens, no se quedó corto en "sospechar" sobre los intereses "electoralistas" y "partidistas" del candidato del PSC. «Nos preguntamos qué habría hecho el ministro Illa si no fuese el candidato Illa», insistió.