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Vox denuncia que la Generalitat ha subvencionado con 200.000 € al comité de la ONU que da la razón a los líderes independentistas

Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva a las puertas de Lledoners europapress

La Generalitat ha subvencionado con 200.000 euros al Comité de Derechos Humanos y Políticos de Naciones Unidas solo este año 2022. El mismo Comité que este miércoles hizo público un el dictamen en el que da la razón a los ex diputados de Junts y ERC que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo durante la instrucción del juicio del procés.

Así lo ha denunciado el portavoz de Vox en el Parlament, Juan Garriga, quien ha asegurado además que el dictamen es "papel mojado" porque no tiene ninguna validez jurídica.

Tirando de ironía, Garriga ha explicado que "nos preguntamos por qué aparecía este informe ahora" y decidieron investigar las fuentes de financiación del comité. "Descubrimos que entre países tan democráticos como Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes también España" participa en la financiación de este comité con una aportación de 230.000 euros el último año.

De ese monto, ha explicado Garriga, 20.000 euros corresponden al gobierno vasco y 200.000 a la Generalitat a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. "Podemos concluir que la Generalitat se dedica a gastar 200.000 euros solo en 2022 para conseguir comprar informes que no sirven para nada".

Victoria independentista

El dictamen ha sido acogido como una victoria por los afectados y el movimiento independentista en general. Y como un buen precedente para los juicios pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aunque la decisión de Comité, radicado en Ginebra (Suiza) no tiene efectos jurídicos.

El Comité de la ONU concluye en su dictamen que España «violó los derechos de los autores en virtud del artículo 25 del Pacto, en tanto la decisión de imputar a los autores por el delito de rebelión que resultó automáticamente en sus suspensiones de sus funciones públicas previas a la condena no fue por motivos previstos en la legislación, que sean razonables y objetivos».

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