España

El PSOE enmienda la Ley Trans para que los menores de 16 años necesiten autorización judicial para el cambio de sexo

Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso.

Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. EUROPA PRESS

El grupo parlamentario socialista ha propuesto modificar la ley trans para que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro.

Así lo recoge en una de sus enmiendas, todavía no definitivas, y a las que ha tenido acceso El Independiente [aquí en PDF], a la Ley Trans, que en el texto original contempla que los menores de 16 y mayores de 14 puedan cambiar de sexo en el registro «asistidos en el procedimiento por sus representantes legales», sin la necesidad de que lo autorice un juez.

La enmienda propuesta por el PSOE incluye que «toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo». Sustituyendo así el apartado que autorizaba a los menores de 16 y mayores de 14 a «presentar la solicitud por sí mismas».

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En su lugar, los socialistas plantearían que los menores de 16 años y mayores doce deberán contar con autorización judicial para la modificación de la mención registral de sexo.

Revertir el cambio de sexo

Por otro lado, el Grupo Socialista ha presentado otra enmienda por la que establece que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través del expediente de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.

Será el lunes cuando los socialistas registren sus enmiendas definitivas a la futura norma, después de varias semanas prorrogando el plazo, lo que ha originado el enfado del Ministerio de Igualdad y su socio de Gobierno, así como de los colectivos LGTBI, que urgen a aprobarla cuanto antes.

Tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) plantearon en sus informes la necesidad de que un juez interviniera en el cambio de sexo registral de los menores para velar por su interés superior y evaluar su grado de madurez y la estabilidad de la situación de transexualidad.

El informe del Consejo Fiscal avaló el proyecto de ley diseñado por el Gobierno, pero la mitad de los vocales firmaron un voto particular en el que subrayaban que solo con autorización judicial «se salvaguarda el superior interés del menor de edad garantizando plenamente la seguridad jurídica».

Entre las 16 preenmiendas socialistas a las que ha tenido acceso El Independiente, el PSOE pide modificar el artículo 65 para eliminar de su título la violencia intragénero (la que tiene lugar dentro de la pareja LGTBI).

De esta forma, señala en su propuesta que, en caso de que exista una condena por un delito de violencia doméstica, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar en favor de la víctima, esta podrá solicitar la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores, que deberán atender la solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas.

En cuanto a la reversibilidad del cambio de sexo, el Grupo Socialista mantiene que pueda hacerse a los seis meses del cambio registral, pero defiende que sea también autorizado por un juez, requisito que en el proyecto no se exige.

Reforzar la protección del colectivo LGTBI

Además, quiere reforzar la protección del colectivo LGTBI en el ámbito rural e incluye el estudio del «sexilio«, entendiendo éste como «el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales».

En este sentido, quiere que en el plazo de un año desde la aprobación de la norma, a través del Consejo de Participación de las personas LGTBI, se establezcan los mecanismos adecuados para recabar datos sobre la migración del colectivo dentro de España, y con ellos «se contemplará, en su caso, como causa de despoblación».

En empleo, plantea eliminar la mención expresa a las personas trans, con especial atención a las mujeres de este colectivo, en los planes de igualdad y no discriminación .

Al tiempo, reclama que se favorezcan medidas de acción positiva para la contratación y el empleo estable de personas trans, dentro de los mecanismos de empleabilidad y planes de inserción de personas en riesgo de exclusión social. 

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