España

No será determinante si Moncloa repite la mayoría de julio junto a ERC

El PP aplaza a enero fijar su postura de voto al nuevo paquete de medidas anticrisis

Génova considera aventurado declinarse por una postura concreta sin leer "la letra pequeña" del real decreto, pero Juan Bravo, vicesecretario de Economía apunta a un voto favorable al tratarse de "nuestras medidas" | Un 'no' podría malinterpretarse entre el electorado en año de comicios pese a matizarse desde el PP que "se queda corto"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, comparece para valorar el nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno, este martes en la sede nacional de Génova EP

La posición de partido respecto al tercer y último, por el momento, paquete de medidas anticrisis, será una de las decisiones que tome en su primer reunión del próximo año el comité de dirección del Partido Popular (PP). Será en enero, a la vuelta de las vacaciones de Navidad que, sin embargo, no han impedido a Moncloa hacer anuncios de gran envergadura como este. Los populares deberán decidir si replican la abstención de julio, que de fondo no condicionó su aprobación dado el respaldo al Gobierno de EH Bildu y ERC, o si, por el contrario, se retoma la oposición dura de abril, en el que Génova abogó por un ‘no’ al primer real decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Un posible ‘sí’ tampoco queda descartado con seguridad, pese a que como este martes ha señalado en comparecencia la secretaria general de los populares Cuca Gamarra, las medidas contempladas quedan «muy cortas» dada la «mala situación económica».

En Génova, tal y como ha resaltado Gamarra posteriormente al anuncio del Gobierno de este martes, consideran que, pese a incorporarse en el nuevo decreto la rebaja del IVA alimentario que solicitó en septiembre el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, planteada del 10% al 4% en el caso del aceite y en la pasta, y como supresión temporal del gravamen en el resto de los productos alimenticios básicos, queda limitada. Especialmente, porque hay elementos como «la carne, el pescado, el agua o las conservas» que «no se contempla» rebajar. También expresan que la supresión de los veinte céntimos de bonificación por litro de combustible perjudicará a los particulares y a ciertos sectores de trabajadores que requieren de vehículo personal para desplazarse. E inciden, por ejemplo, en que un límite de renta de 27.000 euros para percibir las ayudas de 200 euros -que según el Ejecutivo percibirán 4,2 millones de hogares- harán que éstas no lleguen a muchas familias que lo necesitan.

Ante la pregunta de que si al incorporarse medidas solicitadas desde la entrada de Feijóo a la dirección del PP, como la reducción de IVA en los productos básicos, u otras como puede ser la devolución del impuesto de hidrocarburos a los trabajadores agrícolas para paliar el incremento del precio de las materias primas, se puede optar por una abstención, fuentes populares muestran prudencia. Y ponen el foco en dos aspectos concretos de la materia. En primer lugar, aluden a un «aspecto constante» que se da «en los reales decretos» de este Gobierno: «siempre hay letra pequeña» que impide tomar una decisión clara. Y es que desde el alto mando de Génova reprochan el mecanismo ómnibus -norma que regula simultáneamente competencias que por su condición deberían separarse en distintos textos- que emplea el presidente Sánchez.

Recuerdan los dos primeros decretos contra la crisis derivada de la guerra de Ucrania, o el decreto de sostenibilidad económica, conocido como ‘energético’ que introdujo medidas de abaratamiento del transporte, como la bonificación total en viajes de media distancia de Renfe, Cercanías y Rodalies. Algo que, por ejemplo, se mantendrá durante el próximo año junto a una rebaja del 30% en el transporte público urbano e interurbano en aquellas comunidades donde los gobiernos local y autonómico lo complementen hasta la mitad.

El PP muestra prudencia para decidir su voto frente a dos cuestiones: atender a la letra pequeña del decreto y al componente electoralista del decreto de cara a mayo

En segundo término, señalan que esta adopción de propuestas «coherentes» que lleva exigiendo el partido desde finales de marzo responde a «medidas electorales» de cara al año de comicios que se abre a partir del lunes. Y, además, para aliviar el foco impuesto tras la reforma de la malversación, la derogación de la sedición -por una nueva tipificación de delitos públicos agravados- y el intento fallido de «controlar» el Constitucional sin seguir los mecanismos parlamentarios apropiados. Es algo «evidente», porque es «una persona que se ha negado hasta el día de hoy a revisar el IVA de la cesta de la compra, y mientras tanto ha estado haciendo caja», argumentan desde el PP, en referencia a la «sobrerecaudación» estatal que fijan en más de 33.000 millones de euros.

Ante ello, explican que aguardarán a revisar el conjunto del real decreto que este martes se ha dado a conocer. «Siempre veremos cosas que no son las que ha planteado», y hasta comprobarlo, no tomaremos una decisión. Porque «somos un partido serio y responsable». Cuando lo analicemos, «fijaremos nuestro sentido del voto», concluyen los populares. Ello podrá debatirse en el próximo encuentro de la dirección nacional para tenerlo claro lo antes posible, y previa revisión del ámbito económico del partido que lidera el vicesecretario de Economía Juan Bravo. Será así, dado que en Génova no se descarta que, como estudia el Ejecutivo, se habilite el mes de enero de manera puntual para tratar la nueva proposición de ley para reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial -pese a haber hecho el CGPJ sus nombramientos para el Constitucional-. Asimismo, para el trabajo en alguna comisión. Aunque, por el momento, su llegada a pleno para su debate y votación debería contemplarse para el mes de febrero, cuando se inicie la actividad parlamentaria.

Pese a ello, este miércoles en una entrevista con Antena 3, Bravo ha sido más tajante con este asunto: «¿Cómo no vamos a votar a favor, si son nuestras medidas?«. Esto demuestra, ha incidido el dirigente, que el Ejecutivo «No tiene un plan» económico claro. Principalmente, lo atribuye a que tanto las ministras de Hacienda como de Asuntos Económicos, María Jesús Montero y Nadia Calviño, descartaban hace semanas que se fuesen a producir bajadas de IVA que afectasen a los alimentos básicos. Algo que el PP considera, de haberse aplicado en octubre, como propusieron a finales del verano, hasta 300 millones de euros de ahorro.

Ven poco probable que Sánchez acceda a negociar

Al igual que en términos judiciales, respecto a las reformas de sedición o malversación, desde el PP afirman que «la hoja de ruta de Sánchez es clara». Por ello, descartan que sea posible hacerle «rectificar» ahora, al término de la legislatura, para incorporar aquellas medidas que desde Génova consideran esenciales, caso de la deflactación del IRPF o abogar por una distribución de los fondos europeos más eficaz. «Están sacando pecho cuando la situación económica va a ser muy dura», indican fuentes populares. Que reafirman el apunte hecho por Gamarra este martes: «Somos, junto a Chequia, los únicos que no han recuperado el PIB prepandemia en la UE».

Al proceder mediante un decreto ley, el PP no ve oportunidad de enmendar o introducir «un planteamiento de mejora» del propio escrito, pero no cierra la puerta a proponer que se apliquen sus propuestas de manera independiente para dejar al Gobierno la decisión de si las acaban adoptando, o no.

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