El ministro Grande-Marlaska, en Ermua.
El silencio ha sido el mejor aliado del terrorismo. El interno y el social. Es el que, de algún modo, ha permitido que transcurrida más de una década desde que ETA abandonó las armas más de 300 crímenes de la organización terrorista sigan sin culpables conocidos. En muchos casos son atentados que ya han prescrito. Lo han hecho sin que las víctimas conozcan la verdad de lo sucedido. Pese a ello, Guardia Civil y Policía Nacional continúan investigando para que en los casos en los que aún sea posible los culpables sean juzgados. En los que la prescripción se haya impuesto el objetivo es que, al menos, la verdad pueda conocerse y satisfacer el derecho a la misma de las víctimas.
El tiempo ha hecho que en muchos casos el silencio se mitigue, levemente, y el temor se reduzca hasta el punto de que nuevos testimonios permitan dar pasos necesarios para encausar a un presunto culpable. Es lo que sucedió en el caso del asesinato del concejal del PSE en Orio (Gipuzkoa) en 2002 y sobre el que este pasado mes de enero, dos décadas después, la Justicia dictó una sentencia de condena contra Asier Eceiza por su colaboración en el mismo. El general jefe de la Guardia Civil en el País Vasco, José Antonio Mingorance, ha reconocido que este tipo de desenlaces positivos empiezan a ser posibles gracias a que “hay personas que ahora se deciden a contar lo que ocurrió, gente que se decide ahora a hablar”, asegura.
Evita dar más detalle sobre qué clase de testimonios fueron los recabados para poder condenar a uno de los participantes en este atentado y que permitió que Eceiza fuera condenado a 19 años de prisión por haber colaborado dando cobertura a los autores del crimen. Eceiza huyó a Francia tras la detención del comando –al que pertenecía Iñaki Bilbao, alias ‘Txikito’- y que tras su detención en 2008 fue entregado a España hace algo más de dos años.
El 20 de julio de 2020 también fue posible la detención de la miembro de ETA Itxaso Zaldua por su presunta participación en el asesinato del ex jefe del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad en 2001. Zaldua se encontraba en libertad desde 2017 tras cumplir una condena de 18 años en Francia. Fuentes de la Policía Nacional recabadas por el Centro Memorial subrayan cómo también en este caso fue gracias al testimonio de un testigo como se pudo relacionar a Zaldua con el asesinato del dirigente del PP: “Ella era una miembro legal de ETA, llego a ser responsable del aparato logístico. Como quien dice, casi ni le conocíamos, pero gracias a testimonios de testigos se pudo esclarecer el caso”, asegura un comisario del Cuerpo. Hoy Zaldúa se encuentra en prisión “a la espera de juicio”.
El 'Archivo de ETA'
Actualmente la Guardia Civil y la Policía Nacional continúan recabando información e investigando casos que siguen sin resolver. Además de los posibles testimonios que se obtengan de testigos o personas que pudieran conocer detalles relevantes de algunos de los casos, también se está analizando a conciencia el llamado ‘Archivo de ETA’, el material entregado en 2018 por la Justicia francesa y que ahora tiene el Ministerio del Interior. Un archivo que quedará depositado en el Centro Memorial de Víctimas una vez se analice por completo. De él han salido ya pruebas que han permitido dar pasos clave para esclarecer algunos atentados.
Por el momento la colaboración por parte de ETA y su entorno ha sido prácticamente nula, según reconocen fuentes policiales y judiciales. Son contados los casos como los del etarra arrepentido, Juan Manuel Soares Gamboa, que tras regresar de Santo Domingo en 1995, colaboró con la Justicia española y aportó información muy relevante del ‘comando Madrid’ de ETA en el que participó.
El propio colectivo de presos determinó a finales de 2016 que en el proceso de asunción de la legalidad penitenciaria que acordaron para poder acogerse a los beneficios carcelarios –a los que hasta entonces renunciaban por orden de ETA- debían fijarse dos líneas rojas: la delación y el arrepentimiento. Una limitación que se ha evidenciado en los procesos de progresión de grado llevados a cabo y que en muchos casos ha revertido la Justicia.
Informes periciales y jefes de la banda
El valor de posibles testimonios que se puedan recoger, así como la localización de nuevas pruebas pueden ser determinantes para la reapertura de los casos pendientes: “En muchos casos tenemos fuertes sospechas de quiénes son los autores pero eso no basta, necesitamos pruebas o indicios suficientes para un posible proceso penal”, asegura, en conversación con investigadores del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, un Comisario de la Policía Nacional responsable de estos procesos.
Recuerda que pese al paso de los años se siguen realizan “informes periciales”. Actualmente se llevan a cabo este tipo de investigaciones para acreditar la responsabilidad de jefes de ETA como responsables últimos de muchos atentados que siguen sin esclarecerse su autoría. De poderse acreditar de manera suficiente podría afectar a exjefes de ETA ahora en libertad como es el caso de Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’.
De igual manera desde la Policía Nacional se sigue trabajando en la localización del alrededor de una veintena de militantes de ETA que continúan en el extranjero y que en muchos casos podrían tener responsabilidad en crímenes sin resolver.
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