El debate en torno a si con la actual Ley de Partidos es posible ilegalizar a EH-Bildu por llevar en sus listas a condenados por terrorismo, ha puesto de manifiesto las discrepancias entre el cuartel general de los populares y la candidata a la reelección para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ayuso ha vuelto a insistir en que es necesario explorar esta vía a partir de la ley que permitió, en 2003, ilegalizar a Batasuna, en cambio, desde la dirección insisten en que el tan traído y llevado artículo 9 de la misma, "es de aplicación cuando hay una banda terrorista activa", lo que no es el caso.

¿Qué hay entonces tras estas diferencias? Fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo subrayan en que "Isabel va a por el voto de Rocío Monasterio" con el objetivo de conseguir los 68 escaños de la mayoría absoluta y eso pasa por intentar que Vox no rentabilice la polémica en torno a la inclusión en las candidaturas municipales vascas de 44 etarras, siete de ellos con delitos de sangre, aunque han anunciado que no tomarán posesión como concejales. De momento, aducen las fuentes populares consultadas, "Vox aguanta, pero no crece" y desean que, al menos, ese siga siendo el escenario electoral del 28-M.

"Isabel nos centra, nos modera", aducen en Génova

Y además, "si desde la izquierda se insiste en que Ayuso marca distancias con Feijóo y piensan que eso nos perjudica, están muy equivocados, porque nos centra, nos modera de cara al electorado que queremos captar". La presidenta de la Comunidad de Madrid sólo puede crecer por su derecha, "pero nosotros necesitamos captar todo Ciudadanos y parte de PSOE" sin despreciar, ni mucho menos, aquellos votantes de Vox que gracias al perfil de dirigentes territoriales como la madrileña, puedan volver a votar al partido de la gaviota tambiñen en generales.

De este modo, Génova da manos libres a Ayuso ante un asunto, además, que dependería, en todo caso, de la Justicia determinar si se vulnera o no la Ley de Partidos. De momento, la Fiscalía ha decidido no entrar en el asunto y remitírselo a la Junta Electoral Central por si conculca, no tanto la Ley de Partidos, como la LOREG. De hecho, el PP cree que existe la posibilidad de ampliar los casos de inelegibilidad a los condenados por terrorismo independientemente de que hayan cumplido su condena si no hay un rechazo expreso de la violencia y reconocimiento del daño causado.

No obstante, el artículo 9.3.c de la Ley de Partidos -que permitió un salto cualitativo en la lucha contra el terrorismo de ETA- parece abrir la puerta a esa posible ilegalización, algo de lo que discrepa la planta séptima de Génova, quien alerta del riesgo de "ir por vías que no den resultado". A este argumento se ha aferrado la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, al afirmar que no se puede ilegalizar a Bildu con la Ley de Partidos tras haber consultado con su equipo jurídico, pero ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que consulte a la Abogacía para "resolver" esta cuestión y, de esta forma, saber si es posible o no abrir ese proceso de ilegalización, informa Europa Press.

El artículo antes mencionado reza expresamente respecto a las causas de ilegalización, "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión". Sin embargo, el matiz, no menor es si se aplica igualmente en caso de desaparición del grupo terrorista.