El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido una denuncia presentada por el empresario investigado en la supuesta estafa de Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, contra el eurodiputado Alvise Pérez por un delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo. El magistrado lo ha citado a declarar de forma voluntaria el próximo 20 de noviembre.
Es voluntario porque Alvise es aforado ante el Tribunal Supremo, de manera que el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) podría negarse a acudir. El magistrado le da la posibilidad de ir y de aportar, además, toda la documentación que quiera para poder acreditar o desacreditar si hubo delito. Cabe recordar que el eurodiputado defiende que cobró ese dinero como autónomo y sin factura. Si hubiera delito, entonces el juez Calama tendría que elevar una exposición razonada al alto tribunal.
Para investigar todo esto, el instructor acuerda abrir una línea de investigación paralela a la causa central en la que se analiza una supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest Club (MIC) que era de Romillo.
En esa causa principal el magistrado apunta que la actuación de Alvise Pérez en la promoción del MIC y en la participación de algunos actos "pudiera dar lugar a su consideración como cooperación necesario en el delito de estafa agravada". Ya la Fiscalía del Tribunal Supremo dijo que había indicios de delito en la forma de actuar del político.
Romillo acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia en la que reconocía que el 27 de mayo entregó en la sede Sentinel (una empresa que tenía ubicación en el centro de Madrid) a Alvise un total de 100.000 euros en efectivo. Aportó una conversación con él en la que decía: "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío".
Hasta ahora el responsable del Madeira Invest Club era testigo, pero el juez le da la categoría de imputado con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. El magistrado lo ha citado a él también el 20 de noviembre.
Delito de financiación ilegal
Calama analiza en su escrito la financiación ilegal de partidos políticos y explica que para consumarlo ni siquiera hace falta que se produzca el resultado: "En orden a la consumación la mera entrega, o la recepción, consumaría el delito, de forma que, conociendo que la aportación va destinada al partido, y que además infringe alguna de las prohibiciones de los artículos 5.Uno y 7.Dos de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, se estaría cometiendo el delito".
El instructor recuerda que "no hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino sólo el hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión".
Por el momento, Alvise no está imputado porque, como se ha dicho, no puede hacerlo un juez en la Audiencia Nacional. Calama trata de acreditar todos los indicios periféricos para terminar de confirmar si se trató de financiación ilegal en cuyo caso elevaría la causa al Tribunal Supremo.
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