Sánchez niega haber "conocido" ni "tolerado" la corrupción en el PSOE y defiende a Zapatero: "No hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra"

No todas las causas judiciales son iguales, no todas tienen la misma envergadura, y la respuesta no puede ser por tanto homogénea. Y por eso no hay que mezclarlas. Sobre ese principio construyó este miércoles Pedro Sánchez su comparecencia en el pleno monográfico sobre corrupción. En un primer escalón están las causas que afectan a su partido, protagonizadas por el exministro José Luis Ábalos —condenado el lunes por el Supremo junto a su exasesor, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama—, por Santos Cerdán o por Leire Díez. Prácticas, reiteró, que "jamás" conoció porque no las hubiera "tolerado". En una segunda capa, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la que "nadie puede aún sacar conclusiones" y que en todo caso no afecta al Gobierno en la medida en que "no hubo trato de favor" en el rescate a la aerolínea Plus Ultra. El tercer peldaño lo conforman los casos que protagonizan su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, cimentadas sobre "acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo". El presidente defendió que reacciona a los escándalos, que confía en la Justicia, aunque le pide que sea "justa" y que juegue "limpio". Pero no ve motivos para irse. Los ve para seguir hasta el final de legislatura.

El presidente encaraba así este miércoles una difícil jornada en el Congreso, quizá en uno de los momentos más críticos de la legislatura, con una miríada de casos judiciales alrededor cuyas detonaciones se comen la actividad ordinaria del Ejecutivo y suscitan cada vez más desconfianza entre los socios. Se preveía que Sánchez iría a la ofensiva, y así ocurrió. Enhebró un discurso corto, de apenas media, concentrado, al grano, en el que no se le escucharon anuncios de nuevas medidas ni actos de contrición y sí argumentos para pertrechar a los suyos, para dotarles de razones, y también dirigidos a los socios, para intentar convencerles de que solo este Gobierno de coalición progresista es capaz de limpiar la corrupción y, sobre todo, de aprobar medidas no en favor de las "élites", sino de la clase media y trabajadora, como ayer hizo el Consejo de Ministros inyectando más recursos al sistema de dependencia. "La pregunta no es si vamos a continuar, sino cómo no vamos a continuar". Es decir, nada de elecciones anticipadas, como incluso algunos de sus aliados, como PNV y Junts, le piden.

Sánchez arrancó su discurso reconociendo que es "consciente" de que no controla la agenda, de que está está dominada por un "reguero de noticias inquietantes sobre contratos ilícitos, lobbies, joyas y fontaneras". "Noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, medias verdades y bulos, provocando una preocupación y una confusión legítimas en la ciudadanía", admitió, haciéndose cargo del estado de inquietud y abatimiento de muchos de sus votantes. Aseguró que no le resta "un ápice de importancia" a las causas que se investigan. Pero entiende que no son todas iguales, por mucho que la derecha "esté tratando de mezclar y equipararlas para confundir a la gente y crear una sensación de corrupción generalizada que no existe".

A partir de ahí, el presidente diferenció entre tres escalas de casos. La primera es la que gira en torno a la "antigua" Secretaría de Organización del PSOE, la que ocuparon sucesivamente Ábalos y Cerdán, núcleo al que hay que añadir, desde el pasado mayo, recordó, las informaciones en torno a la exmilitante Leire Díez, por la presunta trama que operó para intentar torpedear investigaciones judiciales que afectaban al partido. Ya hay una primera sentencia, la del Supremo conocida el lunes. Sánchez se refirió por primera vez a ella, tras dos días esquivando la cuestión. El Gobierno, para empezar, "respeta y acata" la resolución porque los socialistas están "convencidos de que en este país no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean".

El resto de causas —Cerdán, Leire— siguen en marcha y quedan "cuestiones por dirimir y muchas pruebas que aportar" y "es importante" que no se "prejuzgue nada". "Respetemos la presunción de inocencia y los procesos judiciales. Pero con lo que sabemos ya, sí puedo decirles tres cosas. La primera que yo jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, a mi familia y a decenas de cargos públicos por parte del Gobierno del PP", dijo, revolviéndose contra la policía patriótica que pudo operar con Mariano Rajoy en la Moncloa. Dos, que el PSOE "no se ha financiado de forma irregular". Más bien "han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos". Y tres: "Nosotros no vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas. Nosotros vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo. Por eso, cuando se descubrió el caso, no dimos un paso al lado, sino uno al frente. Pedí disculpas. Expulsamos inmediatamente a los
investigados. Comparecí ante sus señorías. Pusimos al servicio de la Justicia y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado toda la información requerida".

De nuevo, la diferencia de respuesta de PSOE y PP. Sánchez reivindicó que además renovó la dirección de su partido hace un año y que su Ejecutivo impulsó un paquete de medidas anticorrupción, "el más ambicioso" en democracia. Eran 13 medidas las que anunció hace justo un año, pero que todavía no han aterrizado en el Congreso. En febrero se aprobó el anteproyecto de ley de integridad pública, y espera que se pueda debatir en la Cámara "antes del verano". Y si a PP y Vox les "preocupa la corrupción", les retó, que voten "a favor" de una ley que está alineada con las recomendaciones de la UE y que ha contado con el "valioso apoyo" de la OCDE.

El líder socialista es consciente de que las noticias sobre los avances judiciales proseguirá, pero no será muestra de "degradación política", porque esa ya ocurrió, lo que se presenciará en los próximos meses es su "persecución y purga" y el Ejecutivo lo apoyará "sin excepciones, sin mirar a otro lado", porque quiere que se "haga justicia" y que aquellos que "han manchado el nombre del PSOE" y del Ejecutivo "lo paguen".

Segundo peldaño: Zapatero, cuya investigación, avisó, se halla en un estadio muy distinto, más inicial, porque solo hay sobre la mesa "un sumario con información indiciaria" y preguntas que el expresidente "tendrá que responder". Pero en lo que afecta al Ejecutivo, dijo, la respuesta es "clara": "No hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra", el que indaga el juez José Luis Calama y por el que está imputado el exmandatario socialista. El rescate que se concedió, subrayó, era "plenamente legítimo" y "conforme a la ley, con todas las garantías" y ajustado a la normativa europea. "De hecho, su concesión fue validada posteriormente por el Tribunal de Justicia de la UE, por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General de la Administración del Estado. Por tanto, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre. Con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho", remachó.

La última capa la componen las causas que afectan a su mujer y a su hermano, de las que no le resulta "fácil" hablar porque implica a las personas que "más" quiero y porque sabe, "sin el más mínimo grado de duda", que se construyen sobre "acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar" al ya visto en otras democracias occidentales. Ese patrón se articula, describió, en tres compases: difusión de "informaciones falsas a través de determinados pseudomedios", presentación de "denuncias por parte de organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan solo en esos bulos" y finalmente la apertura de procedimientos judiciales que se alargan años, "sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados". Más sintéticamente: bulo-denuncia-daño reputacional. Un ciclo que se beneficia, dijo, de los tiempos lentos de la Justicia, de la "falta de integridad de determinados pseudomedios", de la "indecencia" de algunos políticos y del "olvido de la opinión pública".

Sánchez subrayó que no iba a defender la inocencia de su esposa y de su hermano, porque ellos lo harán en sede judicial. Pero sí quiso dejar claros cinco hechos "irrefutables". Uno, que según la propia UCO, la plaza que ocupó David Sánchez como jefe de los conservatorios de Badajoz fue creada el 10 de octubre de 2016 y fue convocada el 19 de mayo de 2017, cuando él no ocupaba ningún cargo orgánico ni institucional en el PSOE porque había sido defenestrado por su partido. Dos, se acusó a su hermano de tener 1,5 millones de euros en acciones y de defraudar impuestos en Portugal, acusaciones que se han probado "totalmente falsas".

Tres, su mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012, dos años antes de que él alcanzase el poder en el PSOE por primera vez y seis años antes de conquistar la Moncloa. Cuatro, lo que ingresó Gómez por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software "asciende a un total de cero euros". Y quinto, la instrucción contra ella se ha hecho "contra el criterio de la Fiscalía" y ha supuesto 15 revocaciones totales o parciales por parte de la Audiencia de Madrid y media docena de quejas del CGPJ. Y ha culminado, subrayó, también por primera vez, con "unas medidas cautelares —retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado— que sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía y a miles de servidores públicos que cumplen con su deber de forma ejemplar". Y es que el juez Juan Carlos Peinado afirmó en su auto que los escoltas de Gómez podrían ayudarla a escapar.

(Noticia en ampliación)