El exjefe de Asuntos Internos y un Inspector de la Policía Nacional colaboraban en el chat 'germen' de las cloacas

Antes de que el nombre de Leire Díez saltara al foco y antes de que el juez Santiago Pedraz comenzase a investigar la supuesta trama que la exmilitante socialista habría liderado para "desestabilizar" las causas que afectasen al entorno del PSOE, ya existía un grupo de WhatsApp donde policías, abogados, periodistas y un fiscal comentaban a diario la actualidad judicial del país. Se llamaba "La Compañía". Este periódico ha tenido acceso a conversaciones de ese chat, en el que aparecen tanto el excomisario Marcelino Martín-Blas, que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional; y el inspector Rubén Eladio López, hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos durante su etapa en Transportes.

Las conversaciones consultadas por este periódico van de 2020 a 2024. Entre los participantes se encuentra Martín-Blas, apodado como 'Charlie 4', mientras que Rubén Eladio figuraba bajo el pseudónimo 'Charlie 2', según han confirmado fuentes del caso a El Independiente y tal y como se deduce del contenido de las propias mensajes. No obstante, fuentes del entorno del exjefe de Asuntos Internos confirman además a este periódico que Martín-Blas formó parte de este grupo, pero que entonces no estaba todavía la supuesta 'fontanera'. Era un "grupo de amigos". Estas mismas fuentes insisten en que Leire Díez se incorporó a "La Compañía" entre finales de 2024 e inicios de 2025, cuando Martín-Blas y Eladio habían abandonado el chat.

Acusado en la 'Kitchen'

Martín-Blas se sienta desde el pasado 6 de abril en el banquillo de los acusados por la 'operación Kitchen', la supuesta trama parapolicial orquestada para espiar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. La Fiscalía pide para él una pena de dos años y medio de cárcel. Mientras se desarrollaba la instrucción de esta causa, el exjefe de la Policía Nacional participaba en el grupo de "La Compañía". De hecho, el 5 de mayo de 2021 compareció ante la Comisión del Congreso que investigaba la 'Kitchen' y, al día siguiente, preguntó al grupo qué les había parecido su intervención.

"¿Habéis oído mi intervención? Me he escuchado y lo volvería a repetir, al que no le guste que pida asistir y lo explique mejor", remitió al grupo al día siguiente, tal y como se desprende de las conversaciones consultadas por este periódico. Ese mismo día otras participantes del grupo, una diputada de Podemos, le respondió: "Me parece impecable tu comparecencia. Muy rigurosa y muy buena memoria".

En el chat, Martín-Blas defendió en varias ocasiones que la 'operación Kitchen' fue legítima, calificó de "delito imposible" la acusación de encubrimiento que pesa sobre él y se presentó como el primero en denunciar la que llamaba "mafia policial". Reclamó también, más de una vez, "luz y taquígrafos" para aclararlo todo.

El policía que vigilaba la seguridad de Ábalos

El segundo nombre, Rubén Eladio López, llegó a Asuntos Internos bajo el mando del propio Martín-Blas antes de convertirse en el jefe de seguridad de Ábalos en el Ministerio de Transportes, cargo que asumió en febrero de 2020, un mes después del Delcygate, la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez al madrileño aeropuerto de Barajas. Según han confirmado fuentes del caso —y se desprende de las conversaciones—, también formaba parte de 'La Compañía'.

Su trayectoria se ha visto salpicada por la polémica, tal y como informó en su momento este periódico. El pasado julio, los diputados populares Ana Belén Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez registraron en el Congreso una batería de preguntas sobre su entonces posible ascenso a inspector jefe, en las que apuntaban a una supuesta vinculación con el 'caso Nicolay' y con el propio Delcygate, y llegaron a pedir que se paralizara el proceso. Ábalos, ya como diputado no adscrito, respondió por escrito punto por punto: en el 'caso Nicolay', dijo, la participación de Eladio se limitó a labores policiales bajo mandato judicial; sobre el Delcygate, recordó que la causa fue archivada en todas las instancias y que el inspector ni siquiera trabajaba entonces en el ministerio.

Un expediente disciplinario

En paralelo, la Policía le abrió expediente disciplinario por el uso de un vehículo oficial de Transportes para fines ajenos al servicio, algo que él siempre ha negado alegando que el coche pertenecía a una empresa de seguridad contratada por el Ministerio. Interior archivó ese expediente sin sanción mientras Eladio afrontaba las pruebas de ascenso, tal y como recogió este periódico.

Dentro del chat, Eladio —'Charlie 2'— era el más activo de los dos. Denunciaba de forma recurrente la pervivencia de las "cloacas" dentro de la Policía, criticaba ascensos que consideraba inmerecidos y lamentaba que la Fiscalía no protegiera a los denunciantes de corrupción en su propio caso. Su última intervención en el grupo está fechada en mayo de 2024, y el registro del chat marca su salida el día 24, meses antes de que Leire Díez entrara en "La Compañía", según precisan las citadas fuentes.

El fiscal José Grinda, entre los miembros del grupo

Entre los integrantes del grupo se encontraban: la periodista Patricia López, algunos de sus colaboradores de Crónica Libre, varios abogados, dos cargos vinculados a Podemos y el fiscal José Grinda. A este último, la supuesta trama de las cloacas encabezada por Leire Díez habría intentado comprarle por 300.000 euros posteriormente, en el marco de una presunta operación contra la cúpula de Anticorrupción. En concreto, contra el fiscal Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Precisamente, según recoge el juez Pedraz, una de las "líneas desarrolladas" por la organización de la supuesta 'fontanera' tenía como objetivo al fiscal Grinda, al considerarlo una vía de acceso a información sensible sobre Luzón y procedimientos de Anticorrupción. Así, la trama habría intentado ganarse la colaboración de Grinda a cambio de ciertas contraprestaciones, entre ellos, un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros.

Un chat anterior al 'caso Leire'

Las conversaciones consultadas por El Independiente abarcan un periodo comprendido entre 2020 y mayo de 2024, varios meses antes de que, según las fuentes consultadas por este periódico, Leire Díez se incorporara al grupo. Ese dato sitúa el origen de "La Compañía" con anterioridad a la presunta organización que ahora investiga la Audiencia Nacional y muestra que policías, fiscales, periodistas y abogados ya compartían un canal estable de comunicación mucho antes de que estallara el denominado 'caso Leire'.

Eso no significa que el grupo constituyera la organización que investiga el juez Santiago Pedraz. Sin embargo, sí revela que parte de los actores que después aparecerán vinculados a la investigación ya mantenían una relación continuada en un mismo espacio de comunicación. No obstante, fuentes del entorno del caso explican que se trataba de un "grupo de amigos" que fue "disolviéndose poco a poco", a medida que los participantes originales fueron abandonando el chat.

El propio auto de Pedraz sostiene que la presunta trama perseguía la "desestabilización [de] causas judiciales con afección al PSOE o al Gobierno", con el objetivo último de "proteger los intereses puestos en juego por estas causas", principalmente aquellas que "afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno".

Según el magistrado, esa organización habría actuado "de forma continuada y estructurada" mediante distintas líneas de actuación coordinadas. "Y la desarrollaron de forma coordinada manteniendo unicidad de acción y dirección, personificada en este caso en la figura de Santos Cerdán". En concreto, el socialista se habría reunido 59 veces con Díez: 22 en la sede del PSOE y 17 en otras ubicaciones.

Crónica Libre

La evolución de ese ecosistema de contactos aparece reflejada también en otra de las líneas que ahora investiga Pedraz: el papel desempeñado por el digital Crónica Libre. Según el magistrado, Patricia López, fundadora y directora del medio —fallecida recientemente—, mantuvo durante 2024 reuniones con Leire Díez y Santos Cerdán para ponerse "a su disposición" en las "investigaciones" que estaban desarrollando. De acuerdo con la resolución, esas actuaciones estaban dirigidas a obtener y difundir información sobre mandos de la UCO, jueces y fiscales relacionados con causas que afectaban al entorno del PSOE.

El juez sitúa a López como una de las personas que habría actuado "conjuntamente" con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset en la difusión de materiales dirigidos contra investigadores, fiscales y miembros de la Guardia Civil. Entre las diligencias incorporadas a la causa figura, además, una reunión prevista para el 26 de abril de 2024 en la sede nacional del PSOE a la que la periodista finalmente no acudió "por motivos personales", aunque, según el instructor, conocía su contenido y se habría puesto "a disposición de la actividad investigada" a través de Díez y Santos Cerdán.

"Cerca de 20K"

La resolución incorpora igualmente indicios sobre la financiación del medio. Pedraz sostiene que, "presumiblemente en mayo de 2024", el PSOE habría hecho llegar a Grupo Crónica Libre S.L. cerca de 20.000 euros mediante una campaña publicitaria supuestamente impulsada por Santos Cerdán y gestionada por el entonces director de Comunicación del partido, Ion Antolín. Entre los mensajes incorporados a la causa figura uno atribuido a este último en el que comunica a Patricia López: "La orden está dentro ya del plan de medios (...) Estará cerca de los 20K".

A partir de esos indicios, la Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE toda la documentación relativa a las contrataciones y campañas publicitarias realizadas con Crónica Libre durante 2024 y 2025, así como los registros de acceso de Patricia López a la sede de Ferraz y cualquier documentación relacionada con posibles viajes, servicios o relaciones profesionales con el partido. El objetivo, según el auto, es determinar si el digital actuó únicamente como un medio de comunicación o si desempeñó un papel activo dentro de la estructura que, presuntamente, trató de influir en procedimientos judiciales abiertos contra el entorno socialista.