España

OPINIÓN

La violencia que no es: el peligro de pensar que vivimos tiempos peligrosos

Atentado con coche bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid el 14 de julio de 1986.
Atentado con coche bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid el 14 de julio de 1986. | Europa Press
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Que ahora se hable tanto de violencia política, y en términos cada vez más alarmados, tendría sentido si viviésemos un tiempo violento. Pero ocurre justo lo contrario. Vivimos uno de los períodos más pacíficos que ha conocido nunca la política europea, y precisamente por eso la palabra circula con una frecuencia y una solemnidad que, contrastadas con lo que recordamos los que tenemos años, resultan a la vez extrañas y reveladoras. La paradoja merece detenimiento, porque cuanto menos hay, más se dice; y nada deteriora antes el lenguaje que el uso indiscriminado de las palabras gruesas.

Conviene empezar por restablecer la escala, que es lo primero que el debate actual omite. Quien hoy advierte de un retorno a los años treinta debería, en honor a la memoria, recordar cómo eran de verdad los años treinta. O los setenta españoles. O los ochenta italianos. La Guerra Civil dejó alrededor de medio millón de muertos. La represión franquista de la posguerra ejecutó a decenas de miles y llenó las cárceles de centenares de miles. La Transición, que la nostalgia ha embellecido hasta volverla irreconocible, costó cerca de setecientas vidas entre 1975 y 1982: ETA mató, GRAPO mató y que no decir del FRAP. Los pistoleros de la extrema derecha mataron, los GAL matarían después. ETA, ella sola, dejó ochocientos cincuenta y tres muertos antes de disolverse. Italia enterró cuatrocientos veintiocho cadáveres en sus años de plomo. Alemania convivió con la RAF durante dos décadas. El Ulster acumuló más de tres mil quinientos muertos en una población minúscula. A Olof Palme lo asesinaron en 1986. A Aldo Moro lo secuestraron y lo mataron en 1978. A Carrero Blanco lo volaron por los aires en 1973. A Dato lo tirotearon en la Puerta de Alcalá en 1921. A Canalejas en una librería en 1912. Eso era violencia política, y nadie necesitaba teorizarla porque la veía pasar todos los días por las primeras páginas con una rutina que hoy nos resultaría inimaginable.

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Frente a aquel paisaje, los hechos que motivan la alarma actual son, sin frivolizarlos, modestos. Hay episodios reales y graves que nadie debe minimizar: el atentado contra Fico, los dos intentos contra Trump, el asesinato de Charlie Kirk, los diplomáticos israelíes tiroteados en Washington, los legisladores demócratas atacados en Minnesota, la muerte del activista francés Quentin Deranque el pasado febrero, las amenazas crecientes contra cargos electos en media Europa. Son hechos. Merecen la respuesta penal más severa y una atención política seria. Pero hay un trecho enorme entre constatar que existen incidentes y construir con ellos un relato apocalíptico, y ese trecho es justamente el que ocupa la inflación retórica de nuestros días. Las cifras, cuando se molestan en mirarse, dicen otra cosa: los registros independientes de violencia radical europea llevan estables desde 2020, y los estudios académicos contabilizan apenas treinta y seis atentados o conjuras contra cargos electos en todo el continente durante la última década. Treinta y seis en diez años en toda Europa. La cifra preocupa, y debe preocupar, pero en cualquier semana cualquiera de 1980 hubiera pasado inadvertida.

Hay un trecho enorme entre constatar que existen incidentes y construir con ellos un relato apocalíptico

¿Por qué, entonces, la percepción se ha invertido hasta este punto? Hay varias razones. La primera es que cualquier episodio, ocurra donde ocurra, llega ahora a todas las pantallas a la vez y en cuestión de minutos. Un disparo en Bratislava o en Minnesota se convierte en imagen global antes de que la policía haya acordonado la calle, y la mente humana, que calcula la frecuencia de las cosas por la facilidad con que recuerda ejemplos, sobreestima sin remedio aquello que ve repetido en bucle. En 1978 un atentado en Italia llegaba a la prensa española con dos días de retraso y media columna; hoy ocupa cuatro continentes en directo. El ruido no demuestra que haya más fuego, sino que hay más altavoces.

La segunda razón es la expansión del propio término. Llamamos violencia a cosas cada vez más distintas. Hubo una época en que violencia significaba sangre, y hoy significa también un tono airado, un tuit ofensivo, una caricatura cruel, un escrache en la puerta de un domicilio. Cada una de esas extensiones puede tener su justificación –el lenguaje evoluciona y la sensibilidad también–, pero juntas producen un efecto que ya nadie controla: si la palabra cubre por igual un asesinato y un debate parlamentario subido de tono, deja de servir para nombrar ninguno de los dos. Cuando todo es violencia, nada lo es; y entonces, al asomar la violencia de verdad, no queda categoría limpia para reconocerla.

La tercera es más feliz, aunque produce el mismo desconcierto. El umbral de tolerancia social ha bajado, y eso es un avance moral, no un retroceso. Que una sociedad encuentre intolerable hoy lo que la nuestra daba por descontado en 1976 –pintadas amenazantes, panfletos siniestros, palizas con tinte político los sábados por la noche– es señal de que algo hemos hecho bien. Pero la consecuencia es que cualquier signo aislado de regresión se vive ahora con una intensidad desproporcionada respecto a su gravedad real. La línea base se desplomó, y cualquier cosa por encima de ella parece, por contraste, una catástrofe.

Hay, además, una amnesia generacional: quien no ha cumplido los cuarenta no recuerda atentados de ETA, no recuerda los GAL, no recuerda los años de plomo italianos, no recuerda Belfast. Para ellos el asesinato de un cargo público es literalmente impensable, y por eso vive como aviso de catástrofe inminente lo que para sus padres era el ruido de fondo del país. La ausencia de comparación histórica produce sobrerreacción, y no hay forma sencilla de corregirla salvo contar las cosas tal como ocurrieron, sin embellecer la Transición ni romantizar la mili ni inventar un pasado mejor que el que efectivamente padecimos.

A esto se suma un factor que conoce cualquiera que haya pisado un debate político: nada deslegitima al adversario con más eficacia que asociarlo a la violencia. Es un arma barata, contundente y casi imposible de devolver, porque defenderse de la acusación de fomentar la violencia ya implica situarse en su terreno. Por eso la imputación se ha hecho moneda de cambio cotidiana, intercambiada con una liberalidad asombrosa por todos los bandos, y precisamente esa liberalidad es la que la devalúa. Lo que en otro tiempo era una acusación gravísima reservada para hechos ciertos, hoy se cuelga del cuello del rival con la misma desenvoltura con que antaño se decía demagogo o populista. La rentabilidad táctica del término ha acabado matándolo.

El ruido no demuestra que haya más fuego, sino que hay más altavoces

Y luego está, naturalmente, la lógica del entorno digital, que premia la indignación y castiga el matiz. La hipótesis de que estamos al borde del abismo genera más visitas, más comentarios y más reenvíos que la hipótesis de que las cosas, dentro de lo malo, no están tan mal. Los algoritmos no son neutros: empujan hacia donde hay emoción, y la emoción más rentable es el miedo; hay un modelo de negocio. Pero el efecto agregado de millones de decisiones individuales tomadas bajo ese incentivo es un clima permanente de alarma que nadie ordenó y del que nadie se hace responsable.

Todo esto tendría poca importancia si fuera solo una cuestión de inexactitud. Lo grave es que llamar a todo violencia tiene consecuencias prácticas. Banaliza, primero: cuando equiparamos una réplica encendida en sede parlamentaria con un atentado, no estamos elevando la primera, sino rebajando el segundo. Construye después su propia profecía: repetir cien veces que estamos a las puertas de una guerra civil acaba normalizando, en algún rincón de la cabeza de algún exaltado, la idea de que la violencia preventiva está justificada porque la otra es inminente. Sirve además, y esto se ve en Eslovaquia después del atentado contra Fico, como justificación para restricciones sobre la libertad de expresión y sobre el debate público que en otro contexto serían inaceptables; lo hemos visto demasiadas veces como para fingir que no lo sabemos. Y termina, por último, por anular la propia capacidad de la sociedad para pensar el problema: si todo es violencia, nada se puede medir; si nada se mide, ningún diagnóstico es posible y ninguna política pública racional puede formularse.

Convendría, por todo ello, empezar a distinguir lo que el discurso actual confunde de manera deliberada o por dejadez. Una cosa es la violencia política propiamente dicha, la de los hechos lesivos, los atentados, los asesinatos por motivación política: existe, pero está en un nivel históricamente muy bajo. Otra cosa son las amenazas, el hostigamiento, las cartas con balas y las cargas de odio digital contra figuras públicas: es un fenómeno real y creciente que pide respuesta, pero no es lo mismo que lo anterior y no produce sus mismos efectos. Y otra cosa, distinta también, es la polarización y la agresividad retórica de nuestros debates: un problema serio de calidad democrática, sin duda, pero un problema de calidad democrática no es violencia, y nombrarlo así no lo arregla, lo empeora.

La verdad incómoda, la que cuesta decir sin parecer frívolo, es que vivimos uno de los períodos más pacíficos de la historia política europea. Es un logro frágil, fruto de instituciones que costaron mucho construir, de hábitos cívicos que tardaron generaciones en asentarse, y de una memoria histórica que precisamente ahora corre el riesgo de borrarse. Conviene cuidarlo. Pero cuidarlo no consiste en magnificar la amenaza hasta el grotesco; consiste, al contrario, en conservar la sobriedad que permite distinguir el hecho del ruido y reservar las palabras graves para las cosas graves. Quien ha vivido la violencia de verdad –la del siglo XX europeo, la de la España de los setenta, la del País Vasco de los ochenta y los noventa– sabe lo que es y sabe lo que no lo es. Y tiene, por eso mismo, una obligación intelectual: contarlo con exactitud, no contribuir, por inercia, por interés o por costumbre, a una alarma cuya principal víctima acaba siendo la propia capacidad de reconocer la violencia el día en que, ojalá tarde mucho, vuelva a presentarse de verdad.

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