El Gobierno cree que no todo está dicho con respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que pretende aprobar en febrero. Sabe que cuenta con el voto de Ciudadanos y Coalición Canaria y, quizá, también, del PNV, pero en esa ecuación ve a un PSOE cada vez "más receptivo" a no bloquear las cuentas para 2017. Detecta el Ejecutivo una "evolución en la posición de los socialistas de unos quince días a esta parte", coincidiendo con el acuerdo, alcanzado a comienzos de diciembre, para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI).

La que ha sido la mayor subida en más de tres décadas del SMI permitió a los socialistas comenzar a tomar oxígeno en una legislatura que le ha pillado en la peor de las situaciones posibles, sin liderazgo y con profundas heridas abiertas. La abstención que permitió la investidura de Mariano Rajoy les lastraba a modo de pecado original. La única manera de purgar las culpas era arrancar concesiones en política social a un Gobierno deseoso, por su parte, de dejarle "que se cuelgue todas las medallas, todas", según admite un ministro en conversación con El Independiente.

El PSOE busca ahora su cuota de protagonismo con los afectados por las cláusulas suelo

El incremento, en una décima, del déficit de las comunidades autónomas para 2017, pasando del 0,5 al 0,6; la notoria subida en un 8 por ciento del salario mínimo interprofesional y el acuerdo sobre la pobreza energética cuelgan de la pechera del grupo socialista. Ahora busca un pacto con el Gobierno para que se articulen medidas de arbitraje entre los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas y las entidades bancarias tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es verdad que el Gobierno ha cedido a cambio del voto favorable al techo de gasto, pero todavía está dispuesto a más con tal de suavizar la posición de los socialistas en la votación de Presupuestos.

Adelanto electoral indeseado

Si Montoro consigue el apoyo de los nacionalistas vascos, contaría con el respaldo de 172 diputados (134 del PP, 32 de Ciudadanos, 1 de Coalición Canaria y 5 del PNV), los suficientes para sacarlos adelante siempre y cuando algún otro grupo se abstenga. No necesita de mayoría absoluta al no ser ley orgánica, pero sí tener más votos a favor que en contra para que el ministro de Hacienda no se tenga que comer las cuentas para el año que viene y prorrogar las actuales. Y eso desde el punto de vista económico, que desde el político puede acabar desencadenando un adelanto electoral indeseado, fundamentalmente, por el socialismo, y sobre el que ya ha amagado Rajoy por mucho que se dijera que lo suyo había sido un "lapsus".

Ferraz rentabiliza la fuerza de sus exiguos 85 diputados frente a un Podemos perdido en el Parlamento

Pendiente de celebrar un congreso federal para elegir un nuevo liderazgo, que llene el vacío de poder que se creó con la dimisión de Pedro Sánchez, una convocatoria electoral sería el peor de los escenarios posibles. En cambio, está sabiendo rentabilizar sus exiguos 85 diputados achicando el espacio a un Podemos perdido en la actividad parlamentaria e inmerso en sus cuitas internas. Lo mismo negocia con Montoro que con la titular de Empleo, Fátima Báñez, que con el de Industria y Energía, Álvaro Nadal.

La disponibilidad del Gobierno a ceder partidas sociales, "como ya estamos haciendo", puede ser el argumento al que se aferre el PSOE en la votación presupuestaria. No es necesario un "sí"; basta, como en la investidura de Rajoy, con la abstención, siempre y cuando se pueda cobrar pieza. El PSOE es, para Rajoy, el socio prioritario por mucho que cuente con los votos de Albert Rivera, partidario también de atraer a los socialistas a la votación de Presupuestos. Pueden contar en Ferraz con que se acepten muchas de sus enmiendas a los PGE.

Enmendar la "Ley mordaza"

Mientras Rajoy consiga sacar adelante sus Presupuestos, poco le importa tener que enmendar algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley mordaza. Peor lleva que el PSOE vaya de la mano del PNV para limitar la facultad del Tribunal Constitucional de suspender a los cargos públicos que incumplan sus sentencias, lo que impediría la suspensión, por ejemplo, de la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell. Y es que los dos objetivos principales del jefe del Ejecutivo para el nuevo curso parlamentario pasan por cumplir los compromisos económicos con Europa y abordar de la mano del PSOE el desafío independentista catalán.