El Congreso de los Diputados ha dejado pequeña la propuesta del presidente del Gobierno sólo 24 horas después de que la pronunciara. Para conmemorar sus primeros cien días de Gobierno, Pedro Sánchez propuso este lunes un acuerdo parlamentario para limitar el aforamiento de los políticos sólo a las cuestiones vinculadas con su actividad política, excluyendo las acusaciones por actividades de carácter privado.

Un día después, los votos de PSOE y PP han respaldado una moción de Ciudadanos que reclama al Gobierno que la medida tenga mayor alcance y que promueva la supresión total de los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno. Además, Ciudadanos propone que el Congreso inste a los parlamentos autonómicos a que sigan ese ejemplo y quiten también los aforamientos. Los dos grandes partidos no se han atrevido a situarse en contra, aunque se han mostrado claramente en contra de considerar que el aforamiento de los políticos sea un privilegio y que haya que acabar con ellos. La moción no ha recibido ningún voto en contra.

Sánchez intentó apropiarse de esta medida de regeneración democrática este lunes, cuando anunció que su Consejo de Gobierno aprobará el viernes un anteproyecto de ley para «acabar» con los aforamientos. Minutos después, fuentes de su Gobierno aclararon que la medida no persigue eliminar ese blindaje jurídico, sino limitarlo al estricto ejercicio del cargo, al considerar que su extensión a la vida privada de los políticos supone un privilegio.

Ese argumento fue negado por la mayoría de grupos en el parlamento, incluido el PP y el PSOE, que recordaron que se trata de una prerrogativa frente a posibles abusos de la acusación popular, y no un privilegio de los políticos. Es más, el diputado del PSOE Gregorio Cámara aseguró que el aforamiento «tiene su carga negativa» porque priva a los políticos de la revisión de su sentencia judicial en instancias superiores. También la portavoz del PP en la materia, Beatriz Escudero, negó la existencia de privilegios en un estado de derecho y consideró que se trata de un «debate interesado». A pesar de todos esos matices, los dos partidos apoyaron una medida de la que Ciudadanos ha hecho bandera en todos sus pactos autonómicos de gobierno, desde Andalucía a Murcia pasando por Madrid.

Albert Rivera la había defendido negando estos argumentos. Había rechazado justificaciones para mantenerlo como que «es peligroso que te toque un juez de primera instancia», preguntando a la Cámara, aforada en el Tribunal Supremo, si los magistrados de esta instancia de verdad son «mejores» que los de un juzgado ordinario. «La diferencia es que no los eligen ustedes ni el Consejo Superior del Poder Judicial», acusó, arremetiendo contra el «control político del poder judicial» que achaca al bipartidismo en las últimas décadas. «Quieren seguir controlando el poder judicial y quién va a juzgar políticos que prevarican, que cometen malversación o cohecho», ha reprochado.

«No sé si es la presión de las encuestas o que el Gobierno hace aguas, pero ayer yo me creía lo que decía Pedro Sánchez. El fraude duró unas horas, porque por la tarde ya estaban diciendo que los delitos de corrupción seguían con aforamiento. Pido al PSOE que no le tome el pelo a los españoles. Si ustedes quieren subirse a este carro que siempre han intentado cerrar súbanse, necesitamos tres quintas partes de la Cámara para aprobarla, pero no defrauden a los españoles. Lo que han propuesto es una broma: si vamos a reformar la Constitución lo hacemos de verdad», ha invitado Rivera al resto de diputados.

El resto de grupos se apuntaron a la moción del PNV que proponía incluir la supresión de la inviolabilidad del Rey en la medida para ponerse de perfil en el debate y abstenerse en la votación. Desde Unidos Podemos hasta ERC, pasando por EH-Bildu, PDeCAT y Compromís se aferraron al caso del jefe del estado para rechazar la iniciativa.