Política

La juez ofrece a la Comunidad de Madrid acusar a Álvarez Conde por su ‘tarjeta black’

El director del organismo de la URJC que impartió los másteres bajo sospecha cargó al presupuesto público miles de euros en gastos personales / El juzgado que instruye la causa tras la denuncia de la Universidad anticipa que lo citará como investigado

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La juez ofrece a la Comunidad de Madrid acusar a Álvarez Conde por su ‘tarjeta black’
El catedrático Enrique Álvarez Conde, dirigiéndose a los juzgados de Madrid.

El catedrático Enrique Álvarez Conde, dirigiéndose a los juzgados de Madrid. EFE

Resumen:

La juez que investiga al principal imputado del caso Máster (Enrique Álvarez Conde) por imputar gastos personales al presupuesto del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que dirigía hasta que estalló el escándalo ha dado traslado de las actuaciones a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por si quiere ejercer la acusación particular como perjudicada por la actuación presuntamente irregular del veterano catedrático de Derecho Constitucional.

En un auto fechado el pasado 14 de septiembre, notificado este miércoles a las partes y al que ha tenido acceso El Independiente, el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid asume la competencia para investigar a Álvarez Conde por la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos a raíz de la denuncia formulada por la propia URJC a finales del pasado mes mayo. El denunciado disponía de una especie de tarjeta black asociada a una cuenta del instituto universitario que dirigía con la que hacía disposiciones de efectivo en cajeros y pagaba gastos particulares.

De esta forma, la juez Coro Monreal “acepta los argumentos” de la instructora del caso Máster (Carmen Rodríguez-Medel) -ésta rechazó asumir el procedimiento para evitar la formación de “una macrocausa de imposible instrucción ágil y de muy difícil (o imposible) enjuiciamiento conjunto- y será quien investigue los hechos, tras intentar sin éxito inhibirse en favor del otro juzgado madrileño que ya investigaba al catedrático por la concesión de títulos académicos a alumnos sin reunir éstos supuestamente los méritos.

Como viene informando este diario, Álvarez Conde imputó al Instituto de Derecho Público (IDP) -el organismo de la URJC que impartió los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y la ex ministra Carmen Montón, entre otros- gastos ajenos a sus responsabilidades académicas como la compra de pescado y carne para las cenas navideñas, comidas en restaurantes, la suscripción a la plataforma Spotify, el repostaje en estaciones de servicio, pernoctaciones hoteleras y el pago de artículos en unos grandes almacenes en vísperas de Nochebuena. También realizó diversas transferencias a sus dos hijos, sin relación alguna con el IDP.

Álvarez Conde, principal imputado en el ‘caso Máster’, cargó al presupuesto público del organismo que dirigía miles de euros en gastos personales

La juez Monreal da el primer paso para determinar si el catedrático de Derecho Constitucional de la URJC –de baja médica en la actualidad- malversó caudales públicos, motivo por el que ya está siendo investigado por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Agentes de esta unidad ya han tomado declaración como testigo a Pablo Acosta, el profesor al que el rector ha encomendado temporalmente la gestión del Instituto de Derecho Público tras la suspensión temporal de Álvarez Conde y que ha proporcionado a los investigadores policiales documentación que acreditaría las irregularidades contables.

En su auto, la magistrada acuerda poner “inmediatamente” los hechos en conocimiento del catedrático denunciado, al que citará para tomarle declaración como investigado. La juez también da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por si quiere personarse en la causa en calidad de perjudicada.

El 28 de abril de 2005, siendo Esperanza Aguirre la presidenta autonómica y Luis Peral el consejero de Educación, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la creación del Instituto Universitario de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos con el objetivo de impulsar la investigación en materias de Derecho Público, el desarrollo de programas y estudios de doctorado, cursos de posgrado, actividad docente especializada y asesoramiento técnico, entre otros fines.

Supervisión y financiación

El papel de la Administración autonómica no sólo se limitó a realizar el seguimiento de la actividad investigadora del IDP y a recibir teóricamente la memoria anual de actividades. También se implicó en la financiación del organismo que dirigía Álvarez Conde a través del Instituto Madrileño de Administración Pública (dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid) al menos en la edición del máster en ‘Derecho Público del Estado Autonómico’ en el curso 2010/11: sufragó el 83,33 % del coste de la matrícula a los funcionarios de la Comunidad de Madrid que se matricularan en este curso de posgrado para mejorar su formación.

Álvarez Conde es la clave de bóveda en la trama que investiga la juez Rodríguez-Medel, quien lo acusa de “urdir” un “sistema de prebendas consistente en regalar títulos académicos”. Así lo razona la magistrada en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo el pasado 6 de agosto al encontrar indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio por parte de Pablo Casado, al que no puede investigar por gozar éste de aforamiento dada su condición de diputado en Cortes. El órgano jurisdiccional competente es el alto tribunal.

“Indiciariamente, don E. [Enrique Álvarez Conde] es el urdidor del proceso que culmina con el regalo del título académico que nos ocupa. Tiene el dominio (de hecho y de derecho) del proceso de reconocimiento de créditos que facilita limitar la calificación arbitraria a sólo 20 créditos, tiene el dominio de derecho de calificar arbitrariamente la mayor parte de esos créditos (profesor en tres asignaturas) y el dominio de hecho de los créditos restantes dado que ejerce una autoridad incuestionable sobre su discípula principal, doña A. [Alicia López de los Mozos]”, expone.

La juez cree que el ex director del Instituto de Derecho Público era el “beneficiado” por el sistema instaurado, por cuanto permitía la continuidad de los cursos de posgrados impartidos y le generaba un “clima favorable” para su relaciones políticas y profesionales. “Aumentaba el prestigio de su instituto, pues permitía que personas con relevancia política contaran en su curriculum vitae con una mención al máster, como es el caso de don P.C.B. [Pablo Casado Blanco, hoy presidente del PP]”, añade.