Política

Los diputados ganan 5 millones al año en sobresueldos por comisiones parlamentarias

Los diputados que presiden comisiones cobran un suplemento de 1.470,92€/mes; 1.075,44€ para portavoces y vicepresidentes

El Hemiciclo del Congreso vacío.

Una legislatura histórica en cuanto al gasto público destinado a comisiones en el Congreso de los Diputados. La agitación política tras la llegada de los nuevos partidos al Parlamento ha provocado una situación inédita en democracia, con el mayor número de comisiones abiertas en la historia del Parlamento -un total de 43, sin contar la recién aprobada el martes pasado- y un coste récord para las arcas públicas. En total, el Congreso paga a día de hoy cinco millones de euros anuales destinados sólo a los complementos salariales de los diputados con cargos en estos órganos. Una cifra que no incluye el gasto en taquígrafos, letrados, ujieres o servicios de cafetería que participan en cada sesión, ni recoge el coste del asistente contratado a que tiene derecho cada presidente de comisión. De los 350 diputados, el 96% cobra algún suplemento por este concepto: en otras palabras, sólo 16 políticos se quedan sin el ‘extra’.

El salario extra que los diputados reciben por su actividad extraordinaria es de 356.733,68 euros al mes que, distribuido en 14 pagas, arroja la cifra de 4.994.271,52 euros anuales que corren a cuenta del erario público, aunque la cifra puede aumentar conforme se creen nuevos espacios. Los cálculos se han hecho en base al estudio de los puestos remunerados que ocupan los diputados en comisiones parlamentarias. A estos cinco millones habrá que sumar, cuando se constituya, el coste de la comisión de investigación sobre el proyecto Castor que se aprobó la semana pasada en el Parlamento. El gasto aumentará de nuevo cuando este mes de octubre se debata y se apruebe en el Congreso otra comisión de investigación, ésta sobre los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya ha reunido en varias ocasiones a los principales grupos para darles un toque de atención sobre el exceso de órganos en activo. Lo hizo el pasado 10 de septiembre, cuando reunió a los portavoces en un almuerzo informal, y lo hizo también antes de verano. En estas advertencias, Pastor ha invitado a todos los partidos a «reflexionar» sobre la gran cantidad de comisiones abiertas y sobre su función real. En la actualidad hay 43 constituidas, un 53% más que en la anterior legislatura, donde se constituyeron 28, y un 38,7% más respecto a la legislatura de 2011-2016. Y todo ello sin tener en cuenta la comisión sobre el proyecto Castor, recién aprobada pero aún sin haber arrancado oficialmente.

Comisiones ‘sine die’, con una sola excepción

En lo que llevamos de legislatura se ha constituido una quincena de comisiones de nuevo cuño; todas ellas aprobadas a bombo y platillo y celebradas como un éxito político por los partidos proponentes. Estos espacios parlamentarios tienen función legislativa -elaborando proyectos de ley que se ratifican después en el Pleno-, de orientación política -con la elaboración de proposiciones no de ley- y de control al Gobierno -con las peticiones de comparecencia de miembros del Ejecutivo-, pero han terminado por convertirse en un arma arrojadiza, frecuentemente utilizada para marcar agenda o dar golpes de efecto y desgastar al adversario político. Una vez en marcha, muchas de estas comisiones languidecen y terminan por caer en el olvido.

Fue el caso de la Comisión para la modernización del Estado autonómico aprobada hace un año a propuesta del PSOE, que quería encauzar así las aspiraciones soberanistas en mitad de la crisis catalana. Después de que sus primeros encuentros centraran todos los focos, ahora ha quedado en la irrelevancia. La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y la reactivación de las reuniones bilaterales Estado-Cataluña han dejado a esta comisión vacía de contenido y en un rotundo segundo plano. Y sin embargo, este espacio sigue en marcha con sus consiguientes gastos.

La comisión sobre las autonomías, además, tiene carácter no permanente: es decir, se crea para un fin y se le da un plazo determinado y se disuelve cuando se han sacado las conclusiones oportunas, que se debaten después en el Pleno del Congreso. En esta categoría están también las comisiones de investigación, que en esta legislatura han conseguido batir récord en democracia: ya hay cuatro en marcha y una pendiente de constituirse, cuando el máximo histórico es de tres. Sólo en dos momentos de la democracia se ha dado esta situación de tres comisiones de investigación simultáneas: en la legislatura del 82-86 y en la del 93-96, la primera y la última, respectivamente, bajo la presidencia de Felipe González.

El problema, señalan fuentes de Presidencia del Congreso, es que estos órganos no llegan nunca a su punto y final y siguen activas sin ningún horizonte a la vista, al mismo tiempo que se crean nuevos órganos con sus consiguientes gastos. El resultado es la proliferación y abuso de esta figura, docenas de comisiones languideciendo y, en términos económicos, una cantidad nada despreciable cargadas a las arcas públicas.

La comisión sobre la utilización del Ministerio del Interior, la única que ha concluido sus trabajos

En lo que va de legislatura, sólo existe un caso de una comisión que se haya disuelto después de llevar a término su propósito. Se trata de la comisión de investigación sobre la presunta utilización partidista del Ministerio del Interior, que se creó en marzo de 2017 y se concluyó cuatro meses después, en julio. Es un caso inédito: aunque las comisiones de investigación siempre se dan un plazo al inicio, lo habitual es que los partidos lo vayan prorrogando, hasta el punto de que las comisiones temporales se convierten de facto en comisiones permanentes.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Este espacio nació en mayo de 2017 y se relató como una victoria de la oposición, formada entonces por PSOE, Podemos y Ciudadanos, que acorraló al Gobierno del PP. Pese a ser una comisión no permanente, ya se ha reunido en 23 ocasiones, ha comparecido medio centenar de dirigentes, por ella han desfilado personalidades como José María Aznar, Rodrigo Rato, José Luis Bárcenas, María Dolores de Cospedal, Ana Mato, Javier Arenas, o Cristina Cifuentes y las lista no tiene visos de llegar a su fin. Las comisiones de investigación se crean para estudiar un caso determinado, y en ella se llaman a comparecer a quienes podrían aportar información al respecto, aunque no hay fijado un número de comparecientes. Las conclusiones de esta investigación, señala el Reglamento del Congreso, no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sino que tienen un mero carácter político.

Las cifras: el 96% de diputados gozan de algún ‘extra’

Las comisiones parlamentarias están formadas por la Mesa, normalmente compuesta por presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. Cada uno de estos cargos obtiene una remuneración en concepto de Gastos por representación. Estos salarios extra pueden dividirse en tres categorías: la del presidente, que obtiene 1.470,92 euros mensuales; la de vicepresidentes y portavoces, que obtienen 1.075,44 €  mensuales; y la de portavoces adjuntos y secretarios, que consiguen una cantidad más modesta de 716,96 €. Estas tres categorías «no son acumulables», según establece el Régimen económico de los diputados, de manera que un diputado puede estar presente en varias comisiones con distintos cargos pero sólo cobrará un complemento por el más alto.

Los partidos suelen distribuir responsabilidades para equilibrar los sueldos

De los 350 diputados, 334 -el 96%- tiene al menos un cargo remunerada en estos órganos. Esto responde a una práctica habitual entre los grupos políticos, que suelen distribuir las responsabilidades entre sus diputados para evitar desagravios. Conforme avanza la legislatura, con la entrada y salida de dirigentes y la creación de nuevas comisiones, van recolocando  a los que no tienen responsabilidades o tienen de menor rango. Sólo hay 16 diputados que hayan quedado fuera del reparto, y esto ocurre por distintas razones, desde ideológicas -como es el caso de Podemos- a circunstanciales.

Uno de los motivos para la ausencia del ‘extra’ es que los diputados acaben de ocupar su escaño. Con la formación del ejecutivo de Sánchez, varios diputados dejaron su escaño y ocuparon responsabilidades de Gobierno. Fue el caso de José Luis Ábalos, Margarita Robles, Meritxel Batet, Ana María Botella -secretaria de Estado de Seguridad- o Pedro Saura -secretario de Estado de Infraestructuras-. Los dirigentes que les sustituyeron en verano en el Congreso han quedado con puestos de ‘tercera categoría’ en las comisiones parlamentarias. Y es que en el reparto de cargos también influye el orden de llegada y los diputados con complementos peor remunerados son quienes optan a una responsabilidad mayor cuando se quedan disponibles.

Unidos Podemos, el grupo menos equitativo en el reparto

Generalmente, las direcciones de los grupos parlamentarios distribuyen de manera igualitaria las responsabilidades -y complementos salariales-. Pero no todos los partidos actúan así. Por una parte, Ciudadanos es la muestra de igualar las nóminas por arriba: la formación de Albert Rivera ha distribuido responsabilidades de manera que todos sus diputados son presidentes (12,5%) o portavoces/vicepresidentes (87,5%), las dos categorías salariales superiores.

En el lado opuesto está Unidos Podemos, el grupo que excluye a más dirigentes: un 12% de sus diputados no tiene ninguna responsabilidad en las comisiones parlamentarias frente al 3,7% del PP, el 3,5% del PSOE y el 0% de Ciudadanos.

PP y PSOE hacen equilibrios entre los suyos para equilibrar la nómina, y lo hace teniendo en cuenta otros factores más allá de las comisiones. Los socialistas, por ejemplo, tienen a 3 diputados sin ningún puesto en comisión -el 3,5% del total-, pero todos ellos tienen cargos en la Junta de Portavoces por el que también reciben un suplemento en su nómina.

Ocurre lo mismo en el Grupo Popular, donde sólo cinco diputados -el 3,7% del total- se han quedado sin extras por comisión. Curiosamente, varios de ellos son miembros de la actual dirección del PP tras la llegada de Pablo Casado. Teodoro García Egea, por ejemplo, dejó sus responsabilidades en las comisiones cuando fue ascendido dentro del PP a secretario general. Tampoco la portavoz parlamentaria Dolors Montserrat, tiene un papel relevante en ninguna comisión.

También está en blanco el diputado popular Mariano Pérez-Hickman, que ha entrado a sustituir a Soraya Sáenz de Santamaría cuando dejó su escaño y que previsiblemente asumirá algún puesto en las comisiones de nueva creación. Fátima Báñez, que apoyó a Sáenz de Santamaría en primarias, es otra de quienes no tienen responsabilidades en estos órganos, pero en este caso fue por decisión propia, al rechazar la integración.

Las presidencias, agencias de colocación de exministros

Entre las curiosidades que se aprecian en el estudio está la recompensa obtenida por los ex ministros del Partido Popular. De las 19 Presidencias de comisión que tienen los populares, 11 están ocupadas por ex ministros, un 58% aproximadamente. El ‘salto’ se hizo evidente tras la moción de censura de Pedro Sánchez que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy al completo. Algunos de sus titulares fueron ‘recolocados’ en estas presidencias, donde obtienen 1.470,92 euros mensuales más.

El pasado junio, tras su salida forzada del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, Cristóbal Montoro entró a presidir la comisión de Economía y Empresa, de la que no formaba parte y que antes presidía el diputado popular Arturo García-Tizón, afín a Sáenz de Santamaría que quedó con las manos vacías, convirtiéndose en el quinto diputado del PP sin ningún cargo de relevancia en comisiones. Fue la misma operación que llevó a cabo el ex ministro de Educación Iñigo Méndez de Vigo, que el pasado junio sustituyó en la Presidencia de la Comisión de Educación a la diputada sorayista Teófila Martínez, que se quedó con un cargo inferior en otra comisión, obteniendo también un complemento salarial menor.

Más reciente es la toma de posesión de Álvaro Nadal, que este mes verá por primera vez en su nómina el ‘extra’ por presidir la Comisión del Estatuto del Diputado, a la que llegó el pasado 10 de septiembre. Y más reciente aún es la nueva nómina del ex ministro de Justicia Rafael Catalá, que el 13 de septiembre se convirtió en presidente de la Comisión de Interior, de la que hasta ahora formaba parte como vocal – sin remuneración-. El mismo día 13 de septiembre la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal entró en la presidencia de la Comisión de Exterior que hasta entonces presidía la sorayista Pilar Rojo.

Pero esta práctica no es nueva: en noviembre de 2016, cuando Mariano Rajoy remodeló su Gobierno y fichó a Juan Ignacio Zoido para sustituir a Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, el ministro saliente tardó exactamente una semana en ocupar la Presidencia de la comisión de Peticiones.

Las comisiones se duplican: un 115% más que en 2016

El número de comisiones se ha duplicado desde el inicio de legislatura, creciendo un 115% en dos años. En septiembre de 2016, cuando arrancó el curso político y antes de la investidura de Mariano Rajoy, sólo estaban en marcha las 20 comisiones permanentes que, por ley, tienen que arrancar en los 10 días siguientes a la constitución de las Cortes. Y desde entonces la cifra no ha hecho más que aumentar hasta llegar a las 43 actualmente constituidas.

En aquellos días, nada más arrancar la XII legislatura, se aprobaron 10 más, que venían heredadas de legislaturas anteriores y en las que existía consenso: Pacto de Toledo, comisión de secretos oficiales, Seguridad Vial, Discapacidad, y las mixtas para la UE, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo RTVE y del Estudio del Problema de las Drogas. También la Comisión de Derechos de la Infancia, propuesta por Podemos meses antes y aprobada antes de la repetición electoral del 26J. Además, vio la luz la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, prevista en la Ley de Seguridad Nacional de 2015.

En 1994 Miguel Boyer criticó que las comisiones de investigación fueran a puerta cerrada

Durante los primeros meses del Gobierno popular, el gobierno más minoritario de la democracia, la oposición recién llegada al Congreso hizo gala de su poderío, sacando adelante varios órganos relativos a la crisis y a la corrupción. Utilizó en varios casos la figura de la comisión de investigación, que hasta entonces se había reservado para casos extremadamente graves. La gravedad se muestra en cifras: desde el año 2000 a 2016, sólo se habían constituido dos comisiones de investigación en el Congreso: para investigar los atentados del 11M en 2004, y en 2001 para investigar el caso de Gescartera. La primera que se puso en marcha en democracia fue una comisión mixta sobre el consumo de aceite adulterado que se inició en octubre 1981
y concluyó diez meses después.

Durante los 14 años de Gobierno de Felipe González se abrieron un total de nueve comisiones de investigación: en 1983 sobre el caso Rumasa, en 1984 sobre catástrofes aéreas en Barajas, en 1991 sobre la expropiación de Equidesa, la filial de Renfe, o en 1994 sobre el patrimonio de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. En ésta última compareció el ex ministro socialista Miguel Boyer, que en un artículo en El País criticó el hecho de que las comisiones fueran a puerta cerrada. Actualmente, todas las comisiones se emiten en abierto y por streaming, a excepción de los espacios de especial sensibilidad, como la comisión de secretos oficiales o la del Pacto de Toledo.

La oposición rescató este espacio en el Congreso nada más arrancar la legislatura y sólo tardó unos meses en poner en marcha varias comisiones de investigación: sobre el uso partidista del Ministerio del Interior -ya disuelta-, sobre la presunta financiación ilegal del PP y sobre la crisis financiera en España y sobre el rescate a la banca. Además, se puso en marcha una comisión permanente de Calidad democrática y lucha contra la corrupción, para estudiar medidas de regeneración.

La llegada de Sánchez a Moncloa ha supuesto la creación de tres nuevas comisiones

Pero en los últimos seis meses el crecimiento ha sido exponencial. Hoy hay siete comisiones más que en abril, cuando se crearon las comisiones de investigación del accidente del Alvia en Santiago, la comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, la comisión para el seguimiento del pacto en violencia de género y la comisión de estudio del modelo policial.

Todo ello, sumado al aumento que supuso la llegada en junio de Pedro Sánchez a Moncloa. El nuevo Gobierno amplió de 13 a 17 el número de ministerios. Esta ampliación conllevó la creación automática de cuatro comisiones permanentes más y la disolución de una: al cambiar la distribución de ministerios, cambiaron las comisiones legislativas permanentes que están ligadas a cada uno de los departamentos.

El resultado de estos dos años ha llevado a una situación anómala, con una cantidad de sesiones parlamentarias nunca antes vista, y donde los servicios del Congreso funcionan a pleno rendimiento para llegar a todo. Los taquígrafos hacen malabares para cubrir toda las comisiones, y el archivo visual de las sesiones-ahora se emiten y pueden descargase- es el soporte para un trabajo que en directo es difícil de asumir.

Y la dinámica parece continuar: a golpe de escándalo, los partidos de oposición reaccionan pidiendo nuevos espacios de debate. Este mes llega al Congreso la comisión sobre los másteres de la URJC, y luego lo harán otras. Todas irán sumando, también en las cuentas del Congreso, hasta el día que se disuelvan Las Cortes por convocatoria electoral. El día después, ya en la siguiente legislatura, habrá que ver qué comisiones pasan el filtro se reeditan y cuáles, visto con perspectiva, respondían sólo a motivos electorales.

Comentar ()