El Gobierno de Pedro Sánchez da otro paso hacia la aprobación de los Presupuestos. Tal y como han reclamado en el Congreso los grupos independentistas a cambio de votar a favor de las cuentas,  la Abogacía del Estado estudia limitar su acusación en el juicio del procés a los delitos de malversación de fondos públicos y sedición, dejando al margen el de rebelión, que está penado con hasta 30 años de cárcel. Los diputados de PDeCAT y ERC reclamaban este «gesto» por parte del Gobierno como condición sine qua non para sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, después de que Pedro Sánchez firmara un acuerdo presupuestario en la Moncloa con el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

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